“El deporte nos une” es una frase esperanzadora, positiva, pero que de ninguna manera aplica a la política Brasileña.  En algún momento, la elección de nuestro vecino como sede de los dos más grandes eventos deportivos- la Copa Mundial de Fútbol en el año 2014 y los Juegos Olímpicos que se desarrollan en estos momentos- supuso el reconocimiento de este país como una potencia emergente con capacidad de asumir la gran responsabilidad de su organización. Pero el Mundial se vio estremecido por las masivas protestas que le precedieron– las cuales motivaron que se llegase a hablar de un “despertar” de la sociedad brasileña- y en ocasión de las Olimpiadas, como una muestra simbólica del descrédito de la clase política: el presidente interino, Michel Temer, fue abucheado sonoramente durante su breve intervención la noche de la inauguración.

Ciertamente, la emoción de participar o siquiera contemplar un acontecimiento de tal magnitud puede llevar a atenuar algún malestar, pero la política en Brasil sigue su propio cauce, sin ser “positivamente” influenciada por el ambiente festivo de las Olimpiadas. La expresión de rechazo hacia Michel Temer se traduciría también en los números, pues según el último sondeo de Datafolha, cuenta con 14% de aprobación, solo 1 punto por encima del que tenía Dilma Rousseff antes de su separación temporal del cargo. Por otro lado, esta atmósfera jovial tampoco ha paralizado o siquiera ralentizado el proceso judicial abierto contra la aún presidenta, quien, por el contrario, se encuentra a poco de ser oficialmente destituida.

El Dilema De Dilma

Rousseff ha calificado de diversas formas el proceso abierto en su contra. “Traición”, “conspiración”, “golpe” son algunos de los términos que ha empleado para retratar lo que considera un acto de suprema injusticia motivado por oportunismo político de algunos personajes del gobierno y del Congreso. Tampoco ha ahorrado calificativos para el presidente interino, a quien no solo ha llamado “traidor”, sino también “usurpador” (Ver entrevistas en El País y El Mundo). Sin pretender exculparla de faltas, y menos aún a su partido, es necesario reconocer que no le faltan razones para creerlo.

En primer lugar, el Congreso que inició y sigue el  proceso de destitución no es un ejemplo a seguir. Solo basta con hacer un poco de memoria. La Cámara de Diputados, cuenta con un 50% de sus miembros involucrados en causas judiciales. Quien en ese momento era su presidente, Eduardo Cunha, se encuentra inundado de procesos, uno de los cuales lo vinculaba con la existencia de una cuenta en Suiza que, dicho sea de paso, había negado anteriormente tener. El Senado está en una situación similar. Aproximadamente, el 60% de los senadores tienen cuentas pendientes con la justicia, y su presidente, Renan Calheiros, está altamente comprometido en el caso Petrobras.

Si bien el hecho que el Congreso que acusa a Rousseff tiene altos indicios de corrupción no es una razón suficiente para desestimar la causa de fondo, los cargos que le imputan tampoco parecerían merecer el impeachment. La sesión de votación en la cámara baja realizada en abril fue un espectáculo de grandes proporciones, pero no por razones dignas de algún mérito, sino por las particulares alusiones a las que se hizo referencia en el momento de la sustentación del voto (Acá una lista de ellas). La acusación principal fue el alterar las cuentas públicas para cubrir el déficit y equilibrar los balances presupuestarios, maniobra a la que otros gobiernos han recurrido y que comparativamente no ameritan una destitución. Ante esto, habría serios indicios para considerar que existió una intencionalidad meramente política en la decisión de recurrir a la destitución.

Sin pretender afirmar si con esto se sustenta el pedido o no, sería conveniente recordar que algunas instancias se han manifestado en contra. La OEA y la UNASUR, emitieron sendas declaraciones oficiales en las que expresaban su malestar por la situación política en Brasil y su desaprobación a la apertura del juicio.

Entonces, ¿existía alguna posibilidad de que las Olimpiadas funcionaran como un “cese al fuego” entre las partes y relajara un tanto la escena política brasilera? Es seguro que causa una distracción para el público que en los últimos meses ha presenciado la debacle de la actual presidenta y su partido, así como el incesante destape de la corrupción que carcome a la clase política nacional. Pero del mismo modo, no ha apaciguado las tensiones entre las facciones políticas enfrentadas. Dilma Rousseff se rehusó a aceptar la invitación del gobierno a la inauguración, como también lo hizo Luis Inácio Lula da Silva. Por otra parte, de manera simultánea al gran evento, se desarrolla con toda normalidad el cronograma del impeachment, que ya se encuentra en la recta final al estar la presidenta formalmente imputada, y que con casi toda certeza terminará en lo que ha sido todo este tiempo una muerte anunciada: su definitiva separación del cargo.

Pero también es posible invertir la pregunta, ¿este escenario podría haber afectado de forma especial el normal desarrollo de los juegos? Pues, aun cuando se erige como telón de fondo, no parecía ser el caso. Más allá de las motivaciones que hubiesen empujado el seguimiento del proceso, así como la alta impopularidad de los políticos que la promovieron y del presidente interino, la sociedad tampoco vería en la permanencia del gobierno de Dilma una opción aceptable. En este aspecto, los números pueden llevarnos por diferentes caminos. De acuerdo con el mismo sondeo de Datafolha, pese a la baja aprobación de Temer, un 50% de los encuestados preferiría la continuación del actual gobierno sobre el anterior. Sin embargo, un estudio anterior señalaba que el 62% de brasileños optaba por la salida de Rousseff y la convocatoria de nuevas elecciones. Entonces, lo más cercano a una solución que evitara el desgastante proceso del impeachment parece haber sido la realización de nuevos comicios electorales, pero a la presidenta se le ocurrió la idea demasiado tarde, y Temer no ha hecho referencia al tema.

En realidad, no existe solución a corto plazo. Y cualquier opción ahora será una salida de emergencia que podría resultar más o menos dañina para la institucionalidad del país. Es cierto que el impeachment ha funcionado como un mecanismo perverso al servicio de los intereses de políticos corruptos que a largo plazo puede mellar las instituciones democráticas, como lo plantea Steven Levitsky. Pero aunque puede tratarse de la manipulación grave de un instrumento contemplado en la Constitución, no existe salida ideal y rápida. El impeachment es una opción que ha estirado los márgenes institucionales; sin embargo, como se ha podido ver, la sociedad no se ha levantado convincentemente contra ella. Quedará en manos de los brasileños elegir la opción por la cual, creen vale la pena luchar.

Cargar más artículos similares
Load More By Gabriela Rodríguez Pajares
Load More In Economía y Política

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira tambien

Decir una cosa y luego otra

Aun cuando hace pocos días Donald Trump declaró en una entrevista concedida al ex gobernad…