Hace dos semanas escribí en esta tribuna sobre algunos proyectos de ley impulsados por la bancada fujimorista, sobre los que era necesario estar alertas. Sin embargo, ayer el congreso nos dio un fuerte motivo para protestar: decidió no otorgarle la facultad a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de poder levantar el secreto bancario (con ayuda de un juez ad-hoc) a las personas que investiga. Esto es pésimo y afectará la capacidad del estado para fiscalizar a políticos y funcionarios públicos. Vamos por partes:

La necesidad de fiscalización

La UIF está encargada de recopilar, analizar y alertar sobre la presencia de dinero mal habido. Como explica este artículo de Luis Lamas Puccio:

«La información financiera que recibe la UIF proviene de «sujetos obligados a informar», que son entidades públicas, privadas e incluso personas naturales que bajo responsabilidad penal dentro del contexto de sus obligaciones funcionales o profesionales (ocial de cumplimiento), están obligados a comunicar a las autoridades competentes cualquier transacción u operación nanciera de distinto género que hubieren detectado y las consideren sospechosas, de acuerdo a cada uno de los parámetros que competen a los sujetos obligados.»

Uno de los principales objetivos de la UIF es rastrear enriquecimiento ilícito, y una de las principales fuentes es el dinero lavado del narcotráfico, el mismo que tiende a llegar insospechado a manos de políticos y autoridades. Sin embargo, esta entidad tiene serias dificultades para llevar a cabo su labor. Como señala Luis Davelouis:

«Comparada con otras organizaciones que vigilan los movimientos de dinero ilícito en el mundo, incluyendo América Latina, la UIF peruana no puede cruzar información con el Ministerio Público, ni con el Poder Judicial, ni con la Sunat, ni con organizaciones análogas en otros países. Parece ridículo, porque es como poner a dirigir el tránsito a un policía con una venda en los ojos, las manos atadas y amordazado.»

Estas limitaciones son tan obvias que incluso, y de forma irónica, era un tema de consenso entre ambos candidatos presidenciales: en campaña, Keiko Fujimori declaró que apoyaba el levantamiento del secreto bancario a todos sus congresistas que estén siendo investigados. Pero ayer, en lo que claramente es una contradicción, su bancada votó en contra de un proyecto que precisamente contribuiría a fortalecer a la UIF.

La Oposición Fujimorista

Los argumentos presentados por la bancada fujimorista para oponerse al proyecto carecen de sustento. Primero, su vocero Daniel Salaverry declaró que se oponían para evitar un posible uso político de la UIF de parte del gobierno, ya que «se podría levantar el secreto bancario sin necesidad de un juez», cuando el proyecto precisamente plantea lo contrario. Señaló además que Fuerza Popular no se opone a fortalecer a la UIF, pero al ser increpado por un periodista, respondió que la forma alterna para potenciarla era «más presupuesto, para que contraten a más técnicos». Por su parte, Luis Galarreta señaló que su oposición se basaba en que deseaban que la propuesta sea debatida en el congreso.

De esto se desprenden dos lecturas: primero, que hay una negativa de Fuerza Popular de apoyar iniciativas de transparencia, y con los antecedentes que poseen algunos legisladores de dicha bancada, honestamente no sorprende. Como se ha explicado anteriormente, el problema de la UIF no es uno de ausencia de recursos en sí, sino la imposibilidad legal que posee para cruzar su información con otras bases de datos y hacer una labor eficiente. Oponerse a ese pedido de facultades es precisamente oponerse a un mejor mecanismo de fiscalización y al fortalecimiento de esta institución.

La segunda lectura es que esta oposición es una prueba de poder como tantas otras a las que ya nos tiene acostumbrado el fujimorismo. Pedir que se debata en el congreso es dilatar el proceso de aprobación, y abre la posibilidad a modificaciones extremas. Ya a estas alturas me animo a creer que pedirán lo mismo para cada iniciativa incómoda para el fujimorismo.

Aún no todo está perdido. Carlos Bruce declaró ayer que Peruanos Por el Kambio hará del tema «cuestión de estado», y el ejecutivo aún puede tramitar el proyecto como iniciativa legal para que pase a prioridad en la agenda del legislativo. Y esto está bien. A fin de cuentas, el que nada debe nada teme y, del mismo modo, la bancada fujimorista (y todas las autoridades públicas para tal caso) no deberían de oponerse a ser investigadas y ellas mismas tener la iniciativa de levantar su secreto bancario en aras de la transparencia.

(Foto: exitosa.pe)

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