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El vertiginoso avance de la trata de menores en el Perú

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El 23 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. Esta fecha fue establecida por la Unesco con el objetivo de recordar la sublevación que llevó a la abolición de la esclavitud en La Española (actual Haití y República Dominicana) en 1793. Un mes después, desde 1999, se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que fue instaurado por la Conferencia Mundial de la Coalición Contra el Tráfico de Personas en coordinación con la Conferencia de Mujeres que tuvo lugar en Dhaka, Bangladesh, en enero de ese mismo año. Se estima que más de 35 millones personas en el mundo son víctimas de trata, de las cuales 66 mil se encuentran en el Perú, según el Índice Global de la Esclavitud (IGE). Sin duda, una de las formas más dramáticas de esclavitud es la explotación sexual.

Lamentablemente, es un problema invisible a los ojos del Estado y la ciudadanía, pues convivimos con él todos los días y poco se hace por enfrentarlo. Pero, veamos cómo ha sido el proceso normativo internacional sobre la Trata de Personas que por supuesto no ha sido de un momento a otro.  En 1993 – Viena, Austria en el marco de la Conferencia de Derechos Humanos, por primera vez se recopila información basada en casos de Trata de mujeres extranjeras procesados en distintos países europeos en los cuales se evidenciaron violaciones a los derechos humanos. Como resultado de esta Conferencia se determinó que la Trata de Personas es una violación a los derechos fundamentales.

En 1995, en Beijing, China, en el marco de la Cuarta Conferencia Internacional de la Mujer, se presentan los primeros casos de trata de mujeres con fines de explotación sexual, particularmente de mujeres de Colombia, Benin y los Balcanes. Como resultado, se incluye el tema de la trata de personas en dos artículos de la histórica declaración de Beijing. En 1996 por iniciativa de la Relatora de Naciones Unidas sobre la Violencia contra la Mujer, Radica Coomasasway, se llega a realizar el primer diagnóstico mundial sobre el tema de la Trata, recopilando información de los diferentes Estados y autoridades, organizaciones internacionales y ONGs sobre casos y víctimas. Los resultados de esta investigación convencieron a muchos gobiernos de la necesidad de combatir el problema mediante la elaboración de instrumentos internacionales específicos.

En el lapso 1997-2000 representantes de unos cien Estados trabajan en Viena en la elaboración de la Convención contra el Crimen Organizado Transnacional y el Protocolo contra la Trata y en diciembre del 2000- Palermo, Italia, en el marco de una Conferencia Mundial convocada por la ONU, 147 países firman la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional y sus dos Protocolos Complementarios, uno contra la Trata de Personas, en especial Mujeres y Niños, y un segundo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire. Ya en setiembre de 2003 entra en vigor la Convención, al haber sido ratificada por más de 40 Estados. Lo mismo acontece con el Protocolo contra la Trata el 25 de diciembre de 2003.

La Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional, que marca un punto quiebre interesante en el combate a la Trata de personas, entró en vigor el 29 de setiembre de 2003 y tiene dos funciones principales: fortalecer una respuesta internacional coordinada eliminando las diferencias entre los sistemas de legislación nacional; y, desarrollar y acordar un grupo de estándares para las legislaciones domésticas, a fin de combatir efectivamente al crimen organizado. Con este objetivo los Estados signatarios se han comprometido específicamente con las seis acciones siguientes: Penalizar la participación en grupos de crimen organizado, incluyendo corrupción, lavado de dinero y obstrucción de la justicia; Combatir el lavado de dinero; Agilizar y ampliar el alcance de la extradición; Proteger a los testigos que declaren contra el crimen organizado; Estrechar la cooperación para buscar y procesar a sospechosos; y, fomentar la prevención del crimen organizado en el campo nacional e internacional.

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención contra la Delincuencia Organizada Trasnacional o simplemente Protocolo contra la Trata o el Protocolo, entró en vigor el 25 de diciembre de 2003. Aquí lo interesante ha sido que por primera vez un instrumento internacional define la Trata e insta a los Estados a crear mecanismos para su prevención, legislar internamente para combatirla y capacitar a sus funcionarios para aplicar dicha legislación. Los propósitos del Protocolo son los siguientes: prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las mujeres, las niñas y los niños;  proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus derechos humanos; y, promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines. El Protocolo fue firmado por el Perú el 14 de diciembre de 2000 y ratificado 23 de enero de 2002. En el 2015, después de Lima, Madre de Dios fue la región con la mayor cantidad de denuncias por este delito.

La trata de personas en el Perú es el denominado delito invisible dado que quien lo padece no es consciente de que está sometida a este delito. Acumula a los bajos riesgos del negocio ilegal, la informalidad que contribuye a que los costos sean menores y el delito se mantenga relativamente invisible. Se estima que en la zona de minería informal de Madre de Dios existen aproximadamente 400 bares donde se explota a menores de edad. Según la Comisión Interamericana de Mujeres de la Organización de Estados Americanos (OEA), que actualmente el Perú preside, una de las consecuencias más devastadoras para una víctima de la trata de personas es el alto riesgo de enfermedades de transmisión sexual (ETS), especialmente VIH. Ya que no tienen posibilidad de abandonar el lugar en donde se encuentran, no les es factible asistir a algún centro médico con el fin de tratarse. La trata es un delito de lesa humanidad que, según el Código Penal, comprende –además de la compra y venta de personas en general– la explotación sexual, la esclavitud, la explotación laboral, la mendicidad y el tráfico de órganos. Pese a que la pena por este delito es de 8 a 15 años de cárcel, los casos no cesan en el país. La ineficacia para la mitigación y erradicación de la Trata de Personas en el Perú lamentablemente se debe a que la mayoría de casos no son visibilizados, es decir, a menudo las víctimas o sus familiares no denuncian por temor a las represalias o las autoridades no están capacitadas para encuadrar los casos de forma correcta. El objetivo, en consecuencia, es visibilizar y poner en agenda la situación de los cientos de niños que son víctimas de trata en la zona de La Pampa en Madre de Dios, y es un problema que tiene que ser atendido con urgencia por el Estado que debe hacerse presente en aquellos lugares que hoy son consideradas zonas fallidas o liberadas por la ausencia gubernamental.  Esa es una tarea pendiente que el Estado debe llevar adelante y cuanto antes porque se trata de la vida humana, el bien jurídico máximo que debe ser protegido por sobre todas las cosas y tratándose de menores de edad, el imperio de la responsabilidad es mucho mayor.

Imagen: Andina

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