El concepto de economía social de mercado comenzó a acuñarse en Alemania, siendo el pilar sobre el que reposa su avance económico, ya que garantiza un mínimo de bienestar al ciudadano sin considerar su estatus social. Así, lejos de la tradicional dicotomía liberal-socialista sobre la que antes reposaban las bases de la economía, dicho modelo económico busca constituirse como el sistema intermedio que rompe con la rigidez de los esquemas ya establecidos cuya premisa principal radica en ser un sistema abierto, susceptible de ser aplicado en muy diversos espacios socioeconómicos. En el Perú, el cambio hacia una economía social de mercado con mayor apertura se da a partir de los noventa y bajo la vigencia de la Constitución de 1979, pero no fue hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1993 que estos cambios se materializan, en la búsqueda de la consolidación del Régimen económico en el cual actores privados ingresan al mercado.

Sin embargo, se deja fuera del análisis del modelo económico actual la relación existente entre la Dignidad Humana, Libertad y Desarrollo Económico. Al respecto, el concepto de Dignidad, es entendido como el fundamento incuestionable de los Derechos Humanos, ya que considera al individuo como fin en sí mismo e igual frente a los demás. Por otro lado, Libertad puede considerarse como la facultad de hacer u omitir aquello que no está ordenado o prohibido y se esa forma se tomen decisiones sin ninguna injerencia. Finalmente, el desarrollo económico, de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), debe entenderse como la capacidad de los países o regiones de promover la riqueza a fin de mantener la prosperidad o bienestar económico y social de sus habitantes.

En ese sentido, la relación que existe entre dichos conceptos debe ser observada desde el artículo primero de nuestra Carta Magna, el cual nos recuerda la importancia que constituye el ser humano y el respeto incuestionable de su dignidad para el Estado. Lo anterior, se relaciona con la posibilidad de concretar libremente su proyecto de vida, en tanto, es necesario que se generen las condiciones adecuadas para la consecución de dicho fin.

Es así que, debe entenderse a la libertad como la prerrogativa esencial para el pleno desarrollo de la persona humana, la cual solo quedará garantizada si el Estado y, en general, las autoridades públicas permitan, faciliten y fomenten que los particulares puedan desenvolverse plenamente.

Al respecto, el principio de libre iniciativa privada ha sido descrita por el Tribunal Constitucional, como el derecho que tiene toda persona natural o jurídica para emprender y desarrollar, con autonomía plena, la actividad económica de su preferencia, afectando o destinando bienes de cualquier tipo a la producción y al intercambio económico con la finalidad de obtener un beneficio o ganancia material”, precisándose que “la iniciativa privada puede desplegarse libremente en tanto no colisione los intereses generales de la comunidad”, los cuales se encuentran resguardados por una pluralidad de normas adscritas al ordenamiento jurídico, es decir, por la Constitución, los tratados internacionales y las leyes sobre la materia. Por ello, el ordenamiento jurídico peruano protege la libre iniciativa privada contra la injerencia de los poderes públicos, respecto de lo que se considera como “privativo” de la autodeterminación de los particulares.

Todo lo anterior, debe de enmarcarse en el modelo económico de Economía Social de Mercado, establecido en nuestra Constitución, ya que condiciona la participación de los grupos económicos dentro de actuaciones que guarden armonía con el bien común y no actúen de espaldas al interés general, estableciendo límites para que la democracia constitucional no sea un espacio donde se impongan las posiciones de los más poderosos económicamente en detrimento de bienes jurídicos constitucionalmente protegido. En tanto, la participación del Estado emerge como garante principal de las libertades económicas y principal promotor de la actuación de los particulares en la economía; sin embargo, a la luz del principio de subsidiariedad, el Estado adquiere un nuevo y diferente un rol con el fin corregir alguna eventual distorsión que pudiese surgir como consecuencia del desempeño de los privados en el mercado.

Por ejemplo, las empresas que proveen servicios públicos en condiciones de monopolio natural, en cuyo caso, el Estado cumple su tarea a través de un organismo regulador, impidiendo que se cobren precios excesivos o que se reduzcan la calidad de los servicios que reciben los usuarios. Aunque el Estado se abstiene de intervenciones indebidas en la actividad económica, reconoce que el proceso económico incumbe a la sociedad, es decir a la iniciativa privada en un ámbito de libertad, la excepción se fundamenta en el ejemplo presentado, al intervenir únicamente cuando las circunstancias lo justifiquen y siempre bajo los cánones de razonabilidad y proporcionalidad.

Sin embargo, la posibilidad de acceso al mercado, a través de la creación de empresas privadas, muchas veces se ve disminuido por los altos costos de transacción, así como las barreras burocráticas que impiden constituirse en una empresa formal. Ello se refleja en los altos costos de contratación laboral formal, superando casi el 60% la remuneración mínima efectiva, impidiendo al individuo tener un trabajo digno.

Por ello, es necesario revertir la situación descrita para lograr concretizar el respeto por la dignidad del ser humano, y generar las condiciones adecuadas a fin de que el individuo desarrolle las libertades económicas establecidas en la Constitución para que pueda así concretar su proyecto de vida.

En tanto, no es posible garantizar la Dignidad sin promover la Libertad del individuo dentro de un Estado Constitucional de Derecho, ya que garantizar la Libertad es una condición imprescindible para conseguir una sociedad que garantice la dignidad humana en todos sus aspectos.

(Foto: Ludwig Erhart, creador de la Economía Social de Mercado)

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