Entre abril y agosto pasado fueron atendidas 477 solicitudes de Emisión de Pronunciamiento sobre cuestionamientos a los pliegos de consultas y observaciones elaborados por entidades de los tres niveles de gobierno con el fin de que cumplan lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado.

Así lo dio a conocer la Dirección de Gestión de Riesgos del OSCE, que indicó que a todos los involucrados se les explicó las consecuencias legales de lo advertido así como las disposiciones correctivas para sanear las condiciones de contratación supervisados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE.

En ese mismo período de análisis, la Subdirección de Identificación de Riesgos que afectan la Competencia procesó otras acciones, a pedido de parte, de las cuales 43 fueron informes y/o dictámenes respecto a posibles de barreras de acceso, mientras que se registraron otros 125 informes y/o dictámenes respecto de la implementación correcta de pronunciamientos por parte de las entidades contratantes.

La Dirección de Gestión de Riesgos fue creada en el nuevo Reglamento de Organización y Funciones del OSCE.

Dato:

El OSCE, es un organismo técnico especializado adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con personería jurídica de derecho público, que constituye pliego presupuestal y goza de autonomía técnica, funcional, administrativa, económica y financiera, conforme lo dispuesto en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado.

Tiene entre sus funciones, velar y promover que las Entidades realicen contrataciones eficientes, bajo los parámetros de la Ley, su reglamento y normas complementarias, efectuar acciones de supervisión de forma selectiva y/o aleatoria respecto de los métodos de contratación contemplados en la Ley; y administrar el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), entre otras funciones establecidas en el artículo 52º de la Ley de Contrataciones del Estado.

La Dirección de Gestión de Riesgos es responsable de dirigir la estrategia supervisora del OSCE, respecto a la actuación de las entidades contratantes a nivel nacional, mediante acciones de supervisión de oficio, aleatoria y/o selectiva, o a pedido de parte, a partir de la identificación de riesgos que afecten la planificación de contrataciones, la satisfacción de necesidades, la competencia, así como riesgos relacionados con el inadecuado uso de contrataciones directas y supuestos de exclusión de la normativa, de acuerdo con las atribuciones conferidas al OSCE por la Ley.

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