El caso de Carlos Moreno el ex asesor presidencial de PPK que pretendía lucrar con la salud de los más pobres, ha generado la indignación de toda la opinión pública. Sobre el tema ya se ha dicho bastante. Primero, no se explica cómo es que el Presidente necesita un asesor en temas de Salud cuando ya tiene un Ministerio para dicho tema con un respectivo gabinete de asesores. Tampoco se explica cómo y por qué PPK consideró otorgarle un cargo de confianza a un personaje que había sido parte del equipo de campaña de Alan García, asesorado a Fujimori y que tiene además un largo historial de acusaciones por corrupción.

Además de esas preguntas, quisiera plantear otras interrogantes, en las que es necesario reparar:

1. ¿Por qué existen asesores ad honorem?

Aquí hay que tener varias cosas presentes. En primer lugar, es normal y recomendable que altos funcionarios y representantes populares cuenten con asesores pagados; esto es, con personas que orienten y apoyen en el proceso de toma de decisiones y cuya labor se extiende a veces al manejo de redes sociales, prensa, investigación, operación política, elaboración de discursos, etc. Los asesores son, por definición, cargos de confianza y en algunos casos su número y funciones se encuentra reglamentada (esto es lo ideal). Sin embargo, realmente no se explica ni parece necesario que existan cargos de asesor ad honorem; y como lo he mencionado en otro artículo, el pago viene de la mano de una posible rendición de cuentas de la labor realizada. De lo contrario, tenemos a alguien entrando y saliendo de palacio sin motivo, y la cercanía al poder sin recibir una compesación y responsabilidades a cambio sólo termina incitando a que, precisamente, se utilice este poder para un beneficio personal.

2. ¿Cuál es el rol de la Iglesia en todo esto?

Los audios del “negociazo” revelan un interés de generar lucro mediante el Seguro Integral de Salud (SIS) aprovechándose de la figura legal de la Iglesia. Como señala el portal utero.pe (el resaltado es mío):

“La clínica en cuestión está ubicada en número 2949 de la avenida Benavides que, según se indica, debía hacer un convenio con el Arzobispado de Lima. Con esto ya tenían carta libre para contratar con el Seguro Integral de Salud (SIS). ¿Por qué el convenio? Pues porque según la norma vigente, este seguro no permite contrato con empresas privadas y se debía aprovechar el acuerdo entre la Iglesia y el SIS. (…) la idea de Carlos Moreno y sus socios era convertir a la clínica -hoy especializada en tratamiento de la osteoporosis y otras especialidades médicas- en un proveedor casi exclusivo del SIS, con posibilidad de atender en todas las especialidades médicas posibles e incluso construir una ampliación y hasta tenían planes con el hotel que está al costado.”

El Arzobispado de Lima ya se pronunció y afirma que negaron el convenio antes del destape periodístico. Eso es loable, sin duda, pero persiste la duda: ¿debería la Iglesia de tener la capacidad de realizar dichos convenios en primer lugar? Pienso que no. La Iglesia se mueve en un terreno legal ambiguo (donde a veces opera de forma similar a una entidad pública, y en otros casos como una privada, sobre todo en casos de investigación y fiscalización), que permite que este tipo de situaciones de corrupción se den (y no podemos estar seguros a ciencia cierta si no se han dado en el pasado).

Por el bien del país y del prestigio de nuestras instituciones, espero realmente que PPK re-evalúe mejor sus cargos de confianza, y que la Iglesia no continúe siendo manchada por este tipo de vínculos con personajes corruptos.

(Foto: Andina)

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