No se trata solo de defender a un ministro, sino de defender una de las reformas de política pública más importantes para el país. El fundamento de la reforma es que la educación superior necesita alcanzar estándares mínimos de calidad, para lo cual es fundamental la regulación, supervisión y fiscalización de las universidades públicas y privadas. Frente a ello, una coalición de empresarios y ex autoridades universitarias (con sus operadores políticos y técnicos), que se han beneficiado por años de la ausencia de regulación en este ámbito, siguen oponiéndose a la reforma pese a que perdieron en el plano de las ideas y en el plano político.

Perdieron en el plano de los ideas porque el argumento de que la autorregulación asegura la calidad educativa no tiene ningún parangón en la gestión pública comparada, en donde el rol supervisor del Estado ha sido fundamental en aquellos países con mejores resultados en materia de educación superior. En estas experiencias, el debate no es si el Estado debe o no establecer mecanismos de regulación, sino el alcance de su intervención y la definición de los mejores arreglos institucionales.[1]  Y esto no solo lo he visto en libros y reportes. En mi experiencia como alumno e investigador en programas de postgrado y postdoctorado en el Reino Unido y Estados Unidos, así como miembro de proyectos académicos con profesores de universidades prestigiosas de distintos países, he observado cómo las universidades están sujetas a regulaciones y estándares mínimos, por eso cuentan, por ejemplo, con un alto porcentaje de docentes investigadores y centros de investigación. Todo ello en el Perú es una verdadera excepción que he vivido (y sufrido) en carne propia pues también tengo la suerte de haber sido estudiante y profesor de una universidad pública, y haber enseñado en varias universidades privadas. Salvo honrosas excepciones, en la mayoría de casos el concepto de profesor investigador es prácticamente inexistente, la producción académica casi nula y el desarrollo de debates y aportes independientes para resolver problemas sociales es exiguo.

Y es que debe quedar claro que el problema aquí no es simplemente la prestación de un “servicio defectuoso”, como si los estudiantes fuesen meros consumidores y la universidad un mero proveedor. La educación superior debe ser el espacio en donde se desarrolla una comunidad académica que analiza y busca soluciones a los problemas sociales de manera independiente. Cuando las universidades son negocios, la mayoría de profesores que se presentan como “académicos”, son docentes a tiempo parcial que utilizan a la universidad como un anexo del CV y las ideas que producen buscan respaldar antes que nada a sus empleadores: estudios de abogados, empresas, consultoras, entidades públicas, etc., usando su credibilidad como “académicos” o “expertos” para promover políticas en favor de sus clientes, todo lo que es naturalizado por un sistema altamente hipócrita y pernicioso. En suma, un pésimo sistema universitario tiene mucho que ver con las malas políticas públicas y leyes que afectan a todo el país.

Pero los opositores también perdieron en el plano político porque la sociedad civil apoyó mayoritariamente la reforma y los grupos políticos se vieron obligados a respaldarla frente a una realidad escandalosa: ingresos millonarios de autoridades universitarias, sueldos paupérrimos de los profesores, beneficios tributarios y falta de reinversión en investigación, bibliotecas e infraestructura adecuada. En el colmo de la desfachatez, se observa como, por un lado, algunas universidades exigen que el Estado les siga otorgando beneficios tributarios y al mismo tiempo critican el hecho de que el Estado asuma un rol supervisor y fiscalizador a través de la Ley Universitaria.

Pese a haber perdido ambas batallas, la coalición anti reforma universitaria busca aprovechar la mayoría fujimorista en el Congreso para detener lo avanzado. Aparecen nuevamente los “técnicos” cuyas críticas no buscan identificar problemas para hacer mejoras (lo cual sería loable), sino desacreditar toda la reforma en sí con argumentos dogmáticos y superficiales (el mercado lo puede todo, el Estado todo lo arruina). Hoy más que nunca es necesario defender la reforma y el gobierno debería mostrar todo el compromiso para ello, en el plano político y en el plano técnico. La decisión del gobierno de mantener la gestión gubernamental del sector educación fue un hecho importante que demuestra una madurez pocas veces visto en la gestión pública del país.  Retroceder en este tema frente a las primeras presiones sería una pésima señal, pues mostraría cómo aquellas coaliciones que están al límite de la legalidad tienen carta blanca para hacer y deshacer lo que quieran en el actual escenario político.

[1] Sobre los diferentes arreglos institucionales que usan los estados para asegurar la calidad de la educación superior: Altbach, Philip G.; Reisberg, Liz; Rumbley, Laura E., 2009. Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. A Report Prepared for the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 2009 World Conference on Higher Education. UNESCO: Paris, pp. 51 – 61.

(Imagen: Educación en red)

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