Las acusaciones a Rusia por su apoyo al régimen sirio se han multiplicado con el reciente ensañamiento contra el este de Alepo. Por supuesto, quienes han presidido el llamado de atención al gobierno ruso para que rinda cuentas por sus acciones no les falta razón, y no solo por el apoyo que brinda al ejército sirio, sino porque los ataques aéreos en los que se ha visto involucrado su propia aviación ha dejado un alto número de víctimas civiles, lo que hace pensar, por lo menos, en la absoluta indiferencia al momento de discriminar entre objetivos militares y blancos civiles. Un reciente informe del Observatorio Sirio de DDHH sostiene que el 42% de las víctimas que han dejado como saldo ataques perpetrados por Rusia son civiles. Esto es un aproximado de 3915 civiles no combatientes, entre los que se encontrarían 937 menores de edad. Por lo tanto, cuando los gobiernos de EEUU, Reino Unido o Francia proclaman su consternación por estas acciones, que podrían considerarse crímenes de guerra, ciertamente lo hacen sobre bases consistentes.

Lo que no parece bastante consistente es, sin embargo, su autoproclamada indignación frente a las violaciones del Derecho Internacional en un contexto de conflicto armado, cualquiera sea el caso, y su política de prioridad irrestricta en la defensa de civiles no involucrados en las hostilidades, aun cuando estos sean víctimas del fuego de algún aliado. Y es que si por un lado, la condena a la participación de Rusia en el conflicto sirio no es discutible, sí lo es su conveniente silencio a su propio papel en Yemen, apoyando a la coalición árabe liderada por Arabia Saudita. Valga destacar que las críticas internas se han incrementado ante la flagrante evidencia de que los ataques, por lo menos, no parecen distinguir entre blancos civiles y militares. Según un informe del diario The Guardian basado en data proporcionada por la organización Yemen Data Project, aproximadamente 1/3 de los bombardeos saudíes habrían impactado infraestructura civil. Así, algunos medios de comunicación han alzado su voz de protesta frente a la escasa disposición de sus respectivos gobiernos para condenar de manera rotunda a sus aliados, pero, sobre todo su inacción, al no tomar medidas efectivas que demuestren esa misma consternación que públicamente pregonan ante la ofensiva rusa.

En este sentido, la discusión podría centrarse en si acaso es posible equiparar la responsabilidad de EEUU y los aliados europeos de Arabia Saudita y la coalición árabe por sus acciones en Yemen, con el apoyo brindado por el gobierno ruso al ejército sirio. Ante todo, es necesario reconocer que resulta perverso realizar una comparación para determinar qué parte tiene las manos más manchadas. Si bien es cierto a Rusia se le puede increpar especialmente su intervención directa en Siria, no es menos cierto que los gobiernos de EEUU y los países europeos han demostrado una actitud bastante autocondescendiente con respecto a su propia responsabilidad en el conflicto yemení y en la crisis humanitaria que asola a su población. Y es que aparte del apoyo logístico y de inteligencia proporcionado, sus aliados se han beneficiado con el exponencial incremento en compra de armas por parte de Arabia Saudita en los últimos años.

Así, uno de los aspectos más cuestionados de la ayuda de Occidente a Arabia Saudita es la preponderancia que parece haber dado a los acuerdos comerciales de venta de armas en detrimento de su exigencia para que estos estén condicionados a que no sean empleados en acciones que constituyan graves violaciones a los DDHH y al DIH. Actualmente, Arabia Saudita es el principal importador de armas solo por detrás de la India, y entre sus principales proveedores se encuentran Estados Unidos (46%) y Reino Unido (30%). Al mismo tiempo, EEUU es el principal exportador de armas y su principal cliente es Arabia Saudita (9.7%), al que le sigue Emiratos Árabes Unidos (9.1%), otro miembro de la coalición. En el caso del Reino Unido, Arabia Saudita es, por mucho, su principal cliente (46%).

Por supuesto, el intercambio comercial ha supuesto la transferencia de miles de millones de dólares, lo que se ve expresado en las exorbitantes sumas que registran los contratos suscritos y a los que los gobiernos, al parecer, se les hace difícil renunciar. Según algunas estimaciones, solo el año pasado, EEUU habría vendido a Arabia Saudita aproximadamente 20 mil millones de dólares en armas; y el Reino Unido, 4 mil millones. España y Francia, otros importantes proveedores, también se habrían visto beneficiados con acuerdos que comprenden otros miles de millones de dólares. Es ante la inquietante certeza de que sus países se encuentran lucrando con la escalada del conflicto que algunos parlamentarios estarían reaccionando para aquietar la condena internacional que se escucha cada vez con mayor intensidad. Y es por eso que si no lo habían hecho antes, algunos miembros del senado de EEUU introdujeron una resolución que proponía bloquear un acuerdo de venta de armas  por 1.15 mil millones de dólares a Arabia Saudita, y que, finalmente, fue rechazada por la Cámara.

Pero si ya es condenable que estos países perciban ingentes ganancias proveyendo de arsenal a Estados que lo utilizan para perpetrar acciones que pueden ser calificadas como crímenes de guerra, el apoyo logístico y de inteligencia (por ejemplo, mediante el reabastecimiento de combustible a los aviones de la coalición o proveyendo lo que llaman “no-strike list”, un listado de objetivos a evitar), así como el personal destacado para asistirlos, no hace más que incrementar su responsabilidad por las muertes de civiles y por la crisis humanitaria que afecta a más del 80% de la población. Y es por esta situación que algunos funcionarios y abogados del gobierno de EEUU habrían manifestado su preocupación frente al hecho de que pudiera imputársele como “co-beligerante” y, por lo tanto, acusársele de complicidad en los crímenes de guerra perpetrados por Arabia Saudita. El punto es que si bien no puede imputársele culpa por ataques directos que involucre destrucción de infraestructura no militar y muertes de no combatientes, la ayuda proporcionada sería una causa que pudiese avalar la acusación de complicidad en estas acciones, aun cuando, presuntamente, con su ayuda pretendan evitar, este resultado.

Algunas comparaciones resultan viciosas. En ese sentido, establecer alguna gradación en la responsabilidad entre los aliados de los principales perpetradores de crímenes contra población civil es una asignación que, finalmente, sería preferible soslayar. Existen diferencias en las formas que adoptan su participación y ojalá los esfuerzos no se orientaran a establecer quién es más culpable. Quizás su posición en el marco de la política internacional convierta a uno u otro en un actor más determinante, cuya intervención sea más influyente en el curso de un proceso y sus acciones más decisivas para su resultado. Quizás también la actuación más directa en uno que en otro caso, así como las medidas de precaución para ajustarse a los estándares del DIH hagan la diferencia. Sin embargo, en este terreno todos tienen una cuota de responsabilidad, y es precisamente esa actitud autocomplaciente y la hipocresía que cunde entre aquellos que claman justicia para un lado, pero callan frente al otro lo que resulta uno de los aspectos más reprensibles. En realidad, no todos son culpables, pero la desgracia es que precisamente son los inocentes quienes pagan los costos más altos.

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