La discusión acerca de los aportes del reférendum a la democracia ha sido intensa a lo largo de este año. Algunos han destacado, sobre todo, sus limitaciones y los problemas que pueden derivarse de él, y hay quienes lo defienden resaltando especialmente su condición como mecanismo de consulta popular. En cualquier caso, ha llevado a reflexionar acerca de su función en el marco institucional del Estado. Sin embargo, ante las dudas sobre sus beneficios que ha despertado en varios casos, una excepción parece ser la iniciativa promovida por la oposición en Venezuela. Virtualmente, nadie considera que su realización conlleve más problemas que ventajas, y no solo porque se parta de la lamentable aserción de que ya la situación se encuentra lo suficientemente complicada, por lo que toda propuesta que pueda contribuir a apaciguar un tanto el conflicto político es ya un aporte significativo, aun con los riesgos que pueda implicar, sino porque se ve en el referéndum una de las escasas vías a las que la oposición puede recurrir para hacer frente al gobierno.

Es necesario considerar, en primer lugar, que la Asamblea Nacional (AN), único bastión de la oposición representada por la Mesa Unidad Democrática (MUD), ve su margen de acción cada vez más restringido ante el bloqueo permanente por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyos magistrados fueron designados con toda celeridad a fines del año pasado y aprobados por el Congreso saliente. El TSJ ha desconocido sistemáticamente las facultades de la AN, a la cual declaró en desacato a inicios del presente año para después considerar “nulos” los actos emanados de ella. Ante el virtual desconocimiento de la AN por parte del Ejecutivo y la interferencia constante del organismo judicial, la lucha política se ha desplazado a la materialización del único recurso que parece constituir la alternativa a métodos que puedan agravar el escenario de violencia que ya se registra: la celebración de un referendo revocatorio, mecanismo contemplado por la misma Constitución que impulsó su predecesor, Hugo Chávez, líder máximo del partido al que el presidente actualmente en funciones pertenece y cuyo legado, supuestamente, busca preservar.

Pero además de ser una vía constitucional en el enfrentamiento entre el oficialismo y la oposición, se trata de una iniciativa altamente popular. Según un reporte de Datanálisis del mes de agosto, el 75% de los venezolanos consideraría que Nicolás Maduro debe salir del gobierno a través de un referendo revocatorio, y si se lograra llevar a cabo este año- lo que es una opción cada vez menos probable-, sería efectivamente removido con el voto aprobatorio del 60.3% de los electores, porcentaje superior al casi 51% que consiguió en las elecciones presidenciales del 2013 (tómese en cuenta que el art. 72 de la Constitución venezolana establece que “cuando igual o mayor número de electores que eligieron al funcionario o funcionaria hubieran votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado su mandato”). Entonces, a diferencia de otros casos, en Venezuela la iniciativa del referéndum, en sí misma, goza de amplio apoyo, es decir, existe un extenso clamor popular para su realización, y, sumado a ello, el fondo de la petición, la remoción del Maduro, es también una posición compartida por una mayoría de la población.

En el referéndum, entonces, se ha volcado la lucha política que se intensifica progresivamente conforme el autoritarismo del gobierno se incrementa y el margen de maniobra de la oposición se estrecha. Se ha convertido, en términos prácticos, en el hilo del que pende la viabilidad de una salida constitucional y no violenta del entrampamiento que se profundiza cada vez más. Por otra parte, se trata de una iniciativa que, a diferencia del juicio político proclamado por la AN, tiene efectos prácticos reales. Así, en Venezuela no existe la figura del impeachment, por la que en Brasil, el Congreso logró destituir a Dilma Rousseff. Por lo tanto, se trata más de un acto simbólico orientado a ejercer cierta presión sobre el gobierno, y a incidir en su desprestigio, que de una medida efectiva que conlleve algún cambio sustancial.

En este escenario, entonces, el referéndum, como mecanismo para quebrar el entrampamiento político del que, de otra forma no violenta, parece no haber salida, tiene un amplio respaldo interno e internacional, por lo que a la posibilidad de su realización, en cierta medida, se ha condicionado el pedido cada vez más insistente de activación de instrumentos regionales para la defensa del orden democrático, como el Protocolo de Ushuaia sobre compromiso democrático por los Estados miembros del MERCOSUR o la Carta Democrática Interamericana en el seno de la OEA. Si los resultados de la celebración del referéndum y de la remoción de Maduro cumplirán siquiera parcialmente las expectativas puestas en ellas es algo difícil de predecir, pues, además, no parece existir un panorama claro de un escenario posterior. Por otro lado, es evidente que los problemas en Venezuela, que no se restringen al conflicto político, sino que comprenden, también, la aguda crisis económica y el malestar social, no desaparecerán. Pero el punto es que la población apoya y pide un cambio de gobierno, por lo que el intento del oficialismo por enquistarse en el poder y todos los esfuerzos volcados a lograr su continuidad solo pueden apuntar a un régimen cada vez más autoritario y menos competitivo.

(Foto: panampost)

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