Es momento de desechar varias de las especulaciones que se hicieron sobre la orientación política que tendría el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Este no es un gobierno de centro con cierta tendencia de izquierda, que busca lograr crecimiento económico a la par de una “revolución social”. Tampoco es un gobierno de tecnócratas que tienen claridad sobre cómo “modernizar al Estado”, ni es un gobierno de extrema derecha y conservador en alianza abierta con el Fujimorismo. Es un gobierno reactivo que gobierna sin gobernar, o dicho de otro modo, que gobierna bajo reglas implícitas que se han ido formando en un país que tiene las élites más conservadoras y derechosas de la región.

Hay un cierto consenso en la Ciencia Política peruana de que desde los años noventa el Perú es una democracia sin partidos, lo que produce quiebres profundos en términos de representatividad. Los gobiernos no llegan representando a sectores sociales sino a intereses particulares. Los partidos entonces no son más que “coaliciones de independientes”, tanto a nivel nacional como sub-nacional, articulados bajo un liderazgo personalista que cuenta con dinero o financistas suficientes para crear su vehículo electoral. Es por eso que muchos politólogos veían al Fujimorismo o al Frente Amplio como prometedores proyectos de institucionalización partidaria de derecha e izquierda.

Pero hasta aquí tenemos solo una descripción parcial del problema y, por lo tanto, las alternativas de solución también son parciales y se refieren casi exclusivamente a la reforma electoral. En primer lugar, se requiere un mayor análisis y discusión sobre cómo estos grupos poco articulados y cadentes de una visión de país, ejercen poder desde el gobierno, es decir, se requiere una profunda etnografía del Estado para entender cómo se gobierna en el Perú. En segundo lugar, se debe poner más atención al significado socio-político de las protestas y sus articulaciones políticas, es decir, al rol de la gente en la definición de proyectos políticos nacionales o sub-nacionales, más allá de etiquetas simplistas.

Sobre el primer punto, si no se entiende cómo funciona el Estado no se podrá tener una lectura completa de cómo se ejerce el poder. En el caso de PPK, mientras algunos se apuraron en etiquetar al gobierno como tecnocrático y/o liberal, con un proyecto político definido (algunos hasta hablaban de “un estilo de gobierno”), lo que existe en verdad es un centro de poder errante y reactivo en el que la distribución de responsabilidades no responde a un plan, sino a las redes de confianza de las elites más allegadas al presidente de turno. Y como una élite es por definición pequeña, en varios sectores se han demorado muchísimo en definir viceministerios, jefaturas y direcciones claves, en algunas entidades aún hay encargaturas, y en otras simplemente se mantienen los puestos porque no se tiene idea de a quien nombrar. Entonces, en el mando medio conviven funcionarios de confianza y hasta operadores políticos de gobiernos anteriores, mientras que en los mandos más altos el gobierno avanza de acuerdo a la agenda política de cada día (reviven las políticas anticorrupción, se muestra indignación frente a la violencia de género, se hacen guiños a la iglesia, etc.). En un escenario así, hay altos funcionarios que buscan cumplir su trabajo a cabalidad, hay algunos que solo buscan figurar para capitalizar réditos políticos, y otros que se ponen de costado para no asumir responsabilidad y quedarse en el cargo el mayor tiempo posible (su frase favorita es: “esa no es mi competencia”).

Y el Parlamento aquí difícilmente podría ser un obstáculo para el Ejecutivo. Más allá de las demostraciones de poder de la mayoría parlamentaria, en lo fundamental ambos poderes van en la misma dirección. No se requiere un pacto explícito para ello, para el Ejecutivo basta con ser reactivo o “negociador”. Aunque por momentos puede parecer que quien realmente gobierna es el Fujimorismo, en realidad, el Congreso pinta una cancha que ya está más o menos definida. Así que más allá de que algunos congresistas del partido de gobierno puedan confrontar al Fujimorismo (más por cálculo político de alguien que en puridad es “independiente”), es poco probable que exista una gran confrontación entre ambos poderes.

En este contexto, la gobernanza se desarrolla bajo premisas intocables producto de un consenso implícito en las elites políticas y económicas. Se acepta la agenda de lucha contra la violencia sexual, cuotas de género y paridad salarial, pero se excluye de la discusión al matrimonio homosexual o la despenalización del aborto. Se acepta la necesidad de “inclusión” y “tolerancia” a los pueblos indígenas, pero se excluye su derecho a dar consentimiento y al territorio integral. Se aceptan los derechos de los consumidores y la sanción de prácticas anticompetitivas, pero es impensable, por ejemplo, replantear el sistema privado de pensiones o los tratados de libre comercio. Se aplauden los negocios con China y su partido comunista, pero al mismo tiempo se exige eliminar a cualquier grupo político que aparezca con el nombre “comunista”. Estas y muchas otras reglas son aceptadas por conservadores, liberales e incluso una gran parte de la izquierda, y definen los términos de lo político, de lo que puede ser discutido, de lo que puede ser implementado.

Es por ello que, paradójicamente, el poder es ejercido en realidad por esta gobernanza que gobierna con cierta autonomía del gobierno formal, el cual carece de una visión propia de país y menos de una relación de representación con los sectores sociales. De este modo, instrumentos de política claves como el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional son intranscendentes, al mismo tiempo que el Estado es incapaz de comprender a cabalidad la naturaleza de los conflictos sociales, así como el desarraigo de grandes sectores de la ciudadanía frente a los sueños de las élites, como ser parte de la OECD.

Pero el ejercicio del poder no se podrá entender a cabalidad mientras no se analice el significado de las protestas ciudadanas que lo confrontan. Por razones de espacio no analizaré este tema, basta decir por ahora que es necesario superar pre-conceptos y analizar con cuidado las articulaciones políticas que surgen de las protestas. Tan nocivo como la etiqueta de “anti-mineros”, es aquella que observa todo conflicto relacionado a industrias extractivas como “ambientalista”, o toda protesta relacionada a entidades públicas como de “ciudadanos republicanos sin Estado”. Esto puede ser tan absurdo como decir que la reciente indignación frente a la designación de operadores políticos del Fujimorismo en el Banco Central de Reserva, es una defensa a las políticas neoliberales. Entender las dinámicas del poder es el gran reto de un país donde se gobierna al borde del abismo por falta de legitimidad democrática.

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