El pasado viernes, un incendio destruyó el asentamiento de una comunidad Shipibo Conibo en el Rímac, afectando a más de mil personas y dejando a un niño en cuidados intensivos y con más de la mitad de su cuerpo quemado.

Pero la tristeza que acompaña esta tragedia rápidamente se convierte en indignación, puesto que esta situación pudo evitarse: ya existía un plan de reubicación para esta comunidad, pero el mismo fue dejado de lado por Castañeda por pura mezquindad política. Es más, las revelaciones periodísticas demuestran que el habría primero saboteado cuando no ocupaba un cargo público, y luego que habría negociado la venta del terreno que ya estaba destinado para esta comunidad, todo con el objetivo de realizar un by pass que ha complicado aún más el tráfico del centro de Lima. ¿Cuál fue la respuesta del alcalde a todo esto? Que a los shipibos se les había vendido “ilusiones” y que aquello que ya estaba en documento pero que él se encargó de deshacer jamás existió. Esto, como ha sido evidenciado por un puñado de periodistas, arquitectos y analistas, es falso. Nuestro alcalde tiene una responsabilidad política por esta tragedia

Lo que indigna tanto o más que la respuesta del alcalde, son varios comentarios que parten de algunos líderes de opinión, y que apuntan  a que los shipibos no merecían reubicación alguna por el hecho de ser “invasores foráneos” que no se han ganado su derecho y que la municipalidad estaría gastando dinero innecesario con ellos. Esto, además de evidenciar una completa ausencia de empatía con las mil quinientas personas que ahora sufren tras perder su hogar y pertenencias, olvida el hecho que la reubicación responde a que su comunidad se vio afectada por las obras de la línea amarilla. Como señala el portal Justicia Viva:

“Recordemos que la reubicación constituye una reparación por los impactos sufridos durante la construcción del viaducto de Línea Amarilla, el que ha recortado la espalda de la comunidad. Por lo tanto, la gestión anterior había priorizado la reubicación de la comunidad, tal como consta en el sexta acta de acuerdos del Grupo de Trabajo creado mediante Resolución de Alcaldía Nº 124 del año 2013, el Oficio N° 218-2014-MML-GPIP dirigido a INVERMET y el Decreto de Alcaldía 016-2014.”

Entonces, más que tratarse de un capricho, o una misericordia para con los Shipibos, la reubicación es una reparación justa a la que tienen derecho y es deber de la alcaldía el cumplirlo.

Todo lo anterior lleva a dos conclusiones: primero, que ante la ausencia de una ayuda adecuada de parte de las autoridades, es necesario ahora brindar todo el apoyo que podamos directamente a la zona afectada de Cantagallo. Ya hay varias iniciativas de colectivos y universidades que están brindando apoyo en forma de víveres y asistiendo personalmente a la zona del desastre para ayudar en la manera que sea posible. Segundo, que es necesario reforzar la fiscalización de la gestión municipal actual. Apoyar la campaña que demanda la rendición de cuentas de parte de la alcaldía ha pasado a ser ahora un imperativo moral en base a los últimas destapes periodísticos sobre indicios de corrupción, y necesita todo el apoyo mediático posible.

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