Ayer miércoles se produjo un incendio en una sala de cine en el UVK Larcomar dejó 4 muertos, todos ellos trabajadores del centro comercial. Esta tragedia, sin embargo, ha mostrado que existían claros descuidos en materia de seguridad en Larcomar y que, a raíz de una acción de Indecopi, ahora no estaría permitido el realizar inspecciones periódicas de seguridad a locales comerciales, lo que supone un importante riesgo para todos.


Primero, como indica un reportaje de La República, cada vez surge más evidencia sobre ausencia de adecuadas medidas de seguridad en Larcomar:

Los detectives señalaron que había mucha más personas que las autorizadas, faltaron los servicios extras de policía, bomberos y sanidad, no había detectores ni aspersores, se habían realizado refacciones y nunca se comunicaron esas modificaciones (que además contenían material altamente inflamable). Tampoco había el número de extintores reglamentarios, una puerta de emergencia estaba cerrada, ningún aviso a las autoridades se efectuó antes de la función (lo cual es obligatorio), entre otros ilícitos y deficiencias.”

Esto compete directamente a tres actores, Larcomar, UVK y también a la Municipalidad de Miraflores, quien debía de fiscalizar al centro comercial.

Los problemas en Larcomar vienen de antes. Miembros del Colegio de Arquitectos del Perú (CAP), resaltaron que el centro comercial excede la distancia máxima regulatoria entre establecimientos y áreas de seguridad, lo que representa una negligencia absoluta y pone en riesgo la vida de todos los clientes y turistas que acuden al mall. Estas negligencias habrían sido el motivo por el cual siete pedidos de ampliación de Larcomar habrían sido rechazados por el CAP, y se explicarían en la intención de aumentar la cantidad de área vendible de parte de los dueños de Larcomar, a costa de menor seguridad.

Lo que es incluso peor, es que a raíz de este incidente ha salido a la luz que Defensa Civil se encuentra ahora impedido de realizar inspecciones periódicas (ocurrían cada dos años), sino que a partir del 2014 ahora en adelante los certificados serían “de por vida”. Como informa Gestión, un grupo de empresas presentó una demanda en contra de la PCM ante Indecopi y la ganó:

““Se declara barrera burocrática ilegal la exigencia de renovar cada dos años el certificado de inspección técnica”, señala la resolución de Indecopi. Este derogó los artículos 8°, 38°, 41° del reglamento de inspecciones de Defensa Civil, aprobado por el Decreto Supremo N° 066-2007-PCM.”

Esta medida es obviamente un sinsentido: la infraestructura de una determinada edificación se va deteriorando con el tiempo (y a veces, como es el caso de los centros comerciales, se amplia o modifica extensivamente), por lo que inspeccionar periódicamente para verificar si es que existen potenciales fallas críticas es natural, y altamente necesario. Por ello, garantizar la seguridad de los consumidores de ninguna manera debería de ser considerado como “trámites burocráticos” ni por el Estado, ni mucho menos por las propias empresas/constructoras que, al contrario, deben de preocuparse activamente por el bienestar de sus clientes.

La decisión de Indecopi está motivada en poder facilitar la inversión privada. Eso es bueno, en principio, y es imposible negar que existen algunas trabas burocráticas innecesarias. Sin embargo, así como sucede en otros sectores como educación o medio ambiente, esta medida lo único que termina alentando es una mayor irresponsabilidad de parte del sector empresarial. El Estado posee un rol de fiscalización en el mercado, y en materia de seguridad la desregulación nos expone a mayores tragedias como la de Larcomar.

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