El espectáculo escenificado durante las últimas semanas en el gran teatro de la política nacional nos ha demostrado una vez más la decadencia de una clase dirigente que si bien quizás ya no nos sorprenda, no deja (y no deba dejar) de indignarnos. La teatralización de lo absurdo que supuso la interpelación al ministro de Educación Jaime Saavedra y lo que promete ser su continuación- si es que antes no es apartado del cargo por el propio gobierno-, la votación de la moción de censura, constituye otra clara expresión de la manera en que un Congreso se abastece con las armas que la propia Constitución provee para socavar lo que, en primera instancia, esta debería garantizar: la institucionalidad del Estado.

Por supuesto, aun cuando lamentable, este espectáculo dista de ser original, pues actualmente Brasil nos provee de otro ilustre ejemplo sobre el uso perverso de mecanismos constitucionales para fines personales. Solamente recordemos que Dilma Rousseff fue destituida a partir de un proceso abierto y atentamente seguido por un Congreso, más de la mitad de cuyos miembros tienen causas pendientes con la justicia que van desde acusaciones de involucramiento en casos de corrupción hasta la práctica de tortura y homicidio culposo. Muchos de esos cargos están relacionados con la gran red de corrupción del caso Lava Jato, investigado actualmente por la justicia brasileña en un megaoperativo que ya ha visto caer cabezas y promete cortar muchas más, con motivo del reciente acuerdo al que se ha llegado con directivos de Odebrecht.

Salvando las distancias, en ambos casos un Congreso en el que campea la corrupción juzga a un Ejecutivo, que no exento de responsabilidades o faltas políticas, es atribuido con acusaciones que constituyen dudosas causales de remoción del cargo. En la destitución de la ex presidenta de Brasil, se le acusó de alterar las cuentas públicas para cubrir el déficit y equilibrar los balances presupuestarios. Ante esta medida, aun cuando atentatoria de la ley de Responsabilidad Fiscal, muchas voces declararon su disconformidad con el principio de proporcionalidad que implicaba que delitos fiscales recibieran la misma sanción que delitos mayores que supongan, incluso, la subversión del Estado de Derecho.

En el caso peruano, un ministro pretende ser removido, alegando responsabilidad política por las demoras en las obras para los Juegos Panamericanos a realizarse en nuestro país en el 2019, así como por la compra irregular de computadoras para este sector. Así, el pliego interpelatorio, centrado en estos dos temas, no tocó otros aspectos fundamentales de su función como encargado de la cartera de Educación. Tal como a Rousseff no pudo imputársele una participación directa en casos de corrupción, aun cuando buena parte de su partido se encuentre embarrado en la trama de sobornos de Petrobras, al ministro de Educación tampoco ha podido demostrársele una participación directa en los casos de corrupción e irregularidades al interior de la cartera que dirige y que tanto ha consternado a fujimoristas y apristas.

En Brasil, aproximadamente el 50% de los miembros de la Cámara Baja se encuentra involucrado en causas judiciales. Eduardo Cunha, el todopoderoso ex presidente de dicha cámara que  dio curso al proceso de impeachment, perdió su condición de diputado, y junto con ello también el aforamiento que lo protegía de la justicia, lo que permitió que recientemente fuera arrestado ante las contundentes evidencias de su participación en casos de corrupción y lavado de dinero. En cuanto al Senado, que en las últimas semanas ha pasado a situarse en el foco de la tormenta, el 60% de sus miembros tienen cuentas pendientes con la justicia, mientras que su controvertido presidente, Renan Calheiros, ha sido acusado por el Tribunal Supremo de peculado, tráfico de influencias y recepción de sobornos.

En cuanto al Perú, es bastante conocido que varios integrantes de la bancada de Fuerza Popular, principal partido promotor de la interpelación al ministro Saavedra y de la moción de censura presentada el viernes pasado, mantienen estrechos vínculos con instituciones que ven en la Ley Universitaria un obstáculo para continuar lucrando en detrimento de la educación de una juventud con expectativas de superación. Como lo señala un reciente informe del portal de investigación Ojo-Público: “La guerra contra la reforma educativa se pelea en el Congreso, pero la agitan los dueños de las universidades privadas que temen perder parte de los millonarios ingresos que obtienen al abusar de las exoneraciones tributarias que mantienen desde hace 20 años.” Es así que bajo la nueva Ley Universitaria, “las 50 universidades privadas creadas como empresas lucrativas no podrán pedir la reducción de su impuesto a la renta porque ninguna ha completado la acreditación”, y, además, se buscará fiscalizar “los excedentes de dinero que reciben las 41 universidades sin fines de lucro, beneficios que han servido para que algunos rectores y empresarios incrementen su patrimonio personal”.

Sin pretender equiparar las implicaciones de la destitución de un Jefe de Estado con las de un miembro del gabinete ministerial, existe un punto en común: el aprovechamiento político de un recurso constitucional por parte de los congresistas para salvaguardar intereses personales que lejos se encuentran de su función pública como representantes por mandato popular. Ciertamente, a diferencia de la remoción de Rousseff, los efectos de la partida del ministro Saavedra no conducirían a una crisis gubernamental de grandes proporciones. Más aún, habría que partir por admitir que ningún funcionario, a excepción del propio Jefe de Estado en un régimen presidencialista, es imprescindible. Así, se puede conceder algún crédito a quienes consideran exagerada la defensa del ministro por parte del gobierno y que alegan la conveniencia de su renuncia para atajar el conflicto que su presencia atiza cada vez más entre los dos poderes del Estado.

Pero el problema trasciende a la presencia del ministro en el gobierno. Se trata de una situación en la que una bancada con mayoría absoluta en el Congreso pretende sobrepasar al gobierno e imponer su propia agenda. No se trata de representar aquí un escenario maniqueo en el que solo hay buenos y malos; nada más alejado de la realidad. Hasta el momento, el gobierno ha dado varios motivos para ser cuestionado, pero ojalá las explicaciones requeridas por la oposición, específicamente Fuerza Popular y el APRA, se orientaran a esos casos que merecen ser esclarecidos. El punto es que la bancada fujimorista se ha propuesto complicar la gobernabilidad de esta gestión y entorpecer el normal funcionamiento de la  administración pública si es que las medidas implementadas por el Ejecutivo en funciones no se corresponden con las directrices de su propia agenda.

Personalmente, considero que aquí no hay víctimas. Tampoco creo al ministro Saavedra una víctima de la vesania fujimorista, quien va al Congreso como cordero al matadero. Al fin y al cabo, el gobierno debería estar preparado para responder cuando fuera necesario, después de que todo intento de diálogo resultara infructuoso. No creo que Jaime Saavedra merezca ser censurado, pero, finalmente, su permanencia en el gobierno no es lo que más me preocupa sino lo que su partida puede representar: cinco años de entrampamiento y bloqueo institucional como chantaje por parte de una mayoría en el Congreso si es que el Ejecutivo no actúa de acuerdo con sus directivas y no satisface, aunque sea parcialmente, sus requerimientos. Cinco años en los que más que negociar, el gobierno se va a ver impelido a ceder. Porque el problema no es que un ministro, aun con la evaluación de una gestión que demuestra algunos activos a destacar, se marche. El riesgo es precisamente la deformación de la institucionalidad democrática desde dentro, empleando las mismas herramientas que esta provee para fines diametralmente alejados del propósito para las que fueron creadas. Resulta peligroso porque es el tipo de transgresión sutil que nos mantiene en el prolongado vaivén entre los temores del pasado, las promesas dudosas del presente y las expectativas poco claras del futuro.

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