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Contrato sin garantías

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Nadie se preocupó por leer las letras pequeñas, aquellas que hablan de catástrofes naturales y de enfermedades, las que mencionan -en un olvidado pie de página- las pandemias. Nadie quiso ver el detalle que estipula que, en caso de problemas generales de salud o de catástrofes naturales, los peruanos perderíamos los ahorros de varias vidas para comprar oxígeno, plasmas o medicamentos inciertos, todo con la esperanza de curar a un ser querido. Tampoco nos preocupamos por las cláusulas que liberan de toda responsabilidad al proveedor por la inadecuada calidad de los productos o servicios sanitarios, por las secuelas ocasionadas o por toda indignante muerte. Y esto ya que, desde el diseño del contrato, se acordó que las partes no podrían accionar reclamos dentro de nuestro sistema judicial, poder inaccesible y poco confiable para el peruano promedio.

Y si bien nunca leímos las minúsculas letras de los anexos, nadie puede decir que no sabía como era nuestro contrato. El terremoto de Ica y el Niño Costero de 2017 son evidencias recientes de que, salvo los que siguen padeciendo las secuelas, la sociedad prefirió olvidar. Nadie puede apelar a un vicio oculto, a un abuso de una de las partes o señalar que se trata de contratos leoninos. Ni aquellos que sufrieron por no poder satisfacer sus necesidades básicas, ni aquellos que solo ven la pobreza durante la campaña anual contra el friaje o durante la chocolatada caritativa de Navidad. Es algo que todos sabemos, algo que firmamos tácitamente: ese contrato social urbano de nuestra clase media.

Luego de la imaginaria sociedad primitiva, en la que la libertad es “hacer lo que quiero, ya que solo quiero lo que puedo[1]”, se encuentra el nivel más elemental de un contrato social: el de interdependencias. Podemos resumirlo en “el otro es la extensión de mis capacidades físicas”. Al evidenciar ese beneficio, aceptamos juntarnos, dejar de seguir algunos bajos instintos y perder libertades naturales para ganar una libertad racional más amplia mediante la división del trabajo y la ayuda interesada. Este sería nuestro actual contrato, que en criollo se traduce en el folclórico “cada uno baila con su pañuelo”. Esta marinera de la clase media -de la mayoría[2]– nos cuenta que tenemos que trabajar duro, sin pensar en las condiciones laborales, ahorrando lo más posible sin dejar de consumir. Y cuando nos roben o estafen -porque en algún momento pasará- no sirve de nada denunciar, ya que la justicia es para ricos y delincuentes. Simplemente para adelante. Pondremos una reja más alta, barrotes en la ventana, botellas rotas sobre el muro y tal vez un vigilante en caseta para la cuadra, así compartimos gastos con los demás. En cuanto a la educación, mandaremos a nuestros hijos al mejor colegio privado que podamos pagar, esperando que ellos den gran salto social y que en algo nos apoyen durante nuestra jubilación. Con respecto a la salud, hoy lo vemos todos los días, si podemos pagar un seguro está muy bien, si no, mejor automedicarse, es más barato. En el día a día, sabemos que si tenemos carro y queremos pasar, hay que meterlo. Si queremos subir al bus, empujamos, igual, al fondo hay sitio. Con el Estado mejor no meterse, eso es para vagos o corruptos. Y si nos toca ser funcionario, no hay que firmar nada, ya que puedes terminar preso o amenazado. Lo único obligatorio, si no queremos pagar una multa, es ir a votar ¿Por quién? Por quien sea, todos están podridos.

Al ritmo de este solitario baile, a punta de muchos sacrificios y demasiados excluidos, hemos tenido 30 años de un crecimiento colectivo del PBI, aumento de las exportaciones y una clase media cada vez más amplia, pero eso no ha sido suficiente. Y no fue suficiente porque lo económico no lo es todo, nuestra clase media sigue siendo frágil y la asociación colectiva no es la suma de individualidades. La asociación requiere del trabajo de todos por “el bien público y el cuerpo político”[3] y solo puede perdurar si existe igualdad de oportunidades. Si en cambio, priman grandes desigualdades que le permiten a una persona comprar la vida de otra (como empleados que arriesguen sus vidas para atender a ricos en pandemias) o si una persona tiene que empeñar su existencia para sobrevivir (como para comprar oxigeno) se termina de romper el catastrófico contrato social, se pierde el estado de derecho, y aumentan la violencia y el descontrol.

Hoy más que nunca se evidencia que estamos juntos y conectados. Aunque algunos quieran aislarse en una burbuja para no tener que compartir ni el oxígeno que respiran, no podrán escapar al problema colectivo, al problema del bien común. Un peruano no es un imperio individual dentro de un imperio social, ni Perú uno dentro del mundo, mucho menos el ser humano uno dentro del natural[4]. Somos parte de un sistema estrechamente vinculado, y hoy la salud nos lo refriega en la cara. Solo nos queda establecer un nuevo contrato social, uno que piense en la voluntad general[5], un contrato basado en el cuidado y el respeto.

En nuestro país, varios políticos, aquellos que nunca hacen labores ejecutivas, que son de hablar y lucrar de una retórica lucha, están poniendo sobre la mesa la necesidad de un nuevo contrato social. Han encontrado en ese título marquetero una forma de criticar al Estado por su ausencia, a los empresarios por sus abusos, a los que no sufren por su indolencia o a todo chivo expiatorio por su presencia. La inconsistencia de sus críticas no excusan al Estado por su inacción o a algunas empresas por sus prácticas abusivas. Su error radica en el hecho de no ver el origen del contrato social y la personalidad jurídica de los entes que atacan. Este tipo de contrato abstracto no es fundamentalmente entre ciudadanos y gobierno, sino, antes que nada, un contrato entre pares. El Estado y las empresas son artificios, papelitos que sacramentamos, fronteras que nos inculcan desde niños, entidades jurídicas que pueden desaparecer sin que nadie muera. Las personas son, finalmente, las responsables de lo bueno y de lo malo; las que meten el carro y empujan en el bus; las que corrompen y las corruptas; las que sufren y mueren de verdad.

El contrato social que tenemos que renovar es la forma en la que interactuamos entre peruanos, con los extranjeros y con la naturaleza. Este abandono de algunas libertades instintivas no implica una homogenización de las personas. Tampoco es una excusa para el autoritarismo. Por el contrario, esta nueva forma invita a entender que asociándonos de verdad seremos mejores y que un buen contrato social -uno sólido- se basa en el cuidado y el respeto. En otras palabras, se trata de ver al otro como un fin y no como un medio para satisfacer nuestras propias necesidades[6]. Al hacer eso, actuaremos con todos de la misma manera en la que actuamos con la gente que queremos, ampliaremos nuestro círculo empático y lograremos construir una libertad política, ciudadana y moral.

Un cambio social de esta magnitud solo puede darse gradualmente durante un extenso periodo o luego de un evento traumático. Si algo deberíamos rescatar después de tantas muertes, hambre y violencia, tendría que ser un cambio en nuestro comportamiento, que vaya más allá de la clase media urbana: un verdadero pacto peruano. La dificultad es que esta asociación colectiva imaginaria nace de actos individuales concretos como no meter el auto, pagar todos los impuestos, no empujar en el bus, compartir riesgos y seguros, dejar pasar al peatón, velar por la calidad de los servicios públicos[7] y siempre participar en política (incluso la partidaria por más podrida que esta parezca). Esta es la única salida viable para sobrellevar este desastre humano que vivimos y los muchos otros retos que se vienen en este siglo de cambios. Dar ese giro definitivo es olvidarnos de la criollada y firmar con optimismo, a pesar del comportamiento negativo de algunos, un nuevo contrato por el bien común, incluso sabiendo que es un contrato sin garantías.

[1] Jean-Jacques Rousseau, Emilio, o de la educación 1762

[2] Más de 40% de la población peruana antes del Covid 19 (INEI 2019)

[3]Jean-Jacques Rousseau, El contrato social 1762

[4] Baruch Spinoza, Ética, 1675

[5] La voluntad general no es el deseo de la mayoría, pero el uso de la razón sobre la pasión para la toma de decisión individual basada en el respeto reciproco del otro. Basado en la definición de Denis Diderot, La enciclopedia, 1784

[6] Emmanuel Kant, Fundamentación de la metafísica de las costumbres, 1785

[7] «Cuando los servicios públicos dejan de ser el principal asunto de los ciudadanos (…) el Estado está cerca de su ruina» Jean-Jacques Rousseau, El contrato social 1762

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