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Intervencionismo e independencia tecnológica

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Autor: Jorge Bravo – Presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información

Agosto 2020. Ninguna decisión de un gobierno tomada bajo amenaza de sanciones, represalias o intervencionismo puede considerarse independiente. El Consejo Nacional de Seguridad Cibernética de Reino Unido cedió a las presiones de Estados Unidos y decidió prohibir los equipos de Huawei en el futuro despliegue de la red móvil 5G, diez veces más veloz que 4G. Esta decisión de alcance global se sustenta en especulaciones, afecta el entorno competitivo del mercado de redes de telecomunicaciones e impactará en los consumidores de los servicios digitales.

En enero de 2019 el Departamento de Justicia de EUA acusó a Huawei, “el mayor fabricante de equipos de telecomunicaciones”, de fraude bancario, relaciones comerciales con Irán y de violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. La investigación continúa y todavía no se dicta una sentencia. En mayo el presidente Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva que declara como “emergencia nacional” asegurar y proteger de amenazas y adversarios extranjeros la cadena de suministros de servicios y tecnologías de la información y las comunicaciones.

El Departamento de Comercio incluyó a Huawei y otros fabricantes chinos en una lista negra que prohíbe a empresas tecnológicas de EE.UU. la venta o transferencia de componentes o software al consorcio chino, principalmente chips pero también sistemas operativos como Android de Google.

Huawei también ha sido señalado de espiar para el gobierno chino vía las redes de telecomunicaciones, en supuesto acatamiento a la Ley de Seguridad del Estado de China que obliga a las empresas e individuos de ese país a “brindar asistencia con el trabajo relacionado con la seguridad del Estado”.

No sólo China, las leyes de los países establecen ese tipo de colaboraciones con las empresas tecnológicas. En México los artículos 189 y 190 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión obliga a los operadores de redes y proveedores de aplicaciones y contenidos a “colaborar con las instancias de seguridad”. La Ley de Seguridad Nacional de 2002 de Estados Unidos estrechó los vínculos con el sector privado (dueño de la infraestructura de comunicaciones) y lo obliga a compartir información con el Departamento de Seguridad Nacional.

La restricción se endureció en mayo de 2020. Nuevamente, el Departamento de Comercio restringió la capacidad de Huawei de utilizar tecnología y software de EE.UU. para diseñar y fabricar semiconductores en el extranjero. Michael Pompeo, secretario de Estado, declaró que “no toleraremos los esfuerzos del Partido Comunista Chino para socavar la privacidad de nuestros ciudadanos o la integridad de las redes de próxima generación en todo el mundo”. Califica de “operadores limpios” los que han prohibido el uso de equipos Huawei en sus redes.

La propaganda de EE.UU. ha inventado que Huawei es una empresa del Estado chino. Falso: es una empresa privada de propiedad exclusiva de los empleados. Su fundador, Ren Zhengfei, posee 1.04% del capital accionario y el resto los trabajadores (Informe financiero 2019). Lo acusan de haber pertenecido al Cuerpo de Ingeniería del Ejército Popular de Liberación. ¿Cuántas personas que han trabajado para el gobierno han creado sus propias empresas? John McAfee (de los antivirus) trabajó para la NASA y Gary Hendrix fundó Symantec (antivirus Norton) con presupuesto de la Fundación Nacional de Ciencia, una agencia del gobierno de Estados Unidos.

La industria de telecomunicaciones sabe que es malintencionado sostener que la seguridad de las redes depende de un solo proveedor. Lo que hace confiables y resilentes las redes es precisamente la colaboración y el ecosistema de fabricantes y desarrolladores. La cadena de suministros tecnológicos es global. Existen empresas líderes en ciertos eslabones de la cadena de valor, pero ninguna domina la tecnología como para poner en riesgo la seguridad de las redes.

Las mayores vulneraciones a la privacidad de la población mundial han ocurrido entre empresas digitales de Estados Unidos, mientras que no está documentado un solo caso de “puertas traseras” que involucre a Huawei. La razón es sencilla: la seguridad de las redes de telecomunicaciones no depende de un fabricante de equipos sino de los propios operadores, los cuales encriptan de principio a fin las comunicaciones porque forma parte de la sustentabilidad de su negocio.

Huawei participa en organismos de estandarización; ofreció invertir en laboratorios de investigación, innovación y ciberseguridad para afrontar los riesgos; aceptó que su tecnología fuera revisada por los reguladores e incluso propuso abrir su código fuente. Nada de eso ha convencido a países como Reino Unido que clasifica a Huawei como un proveedor de “alto riesgo”, a pesar de que las redes británicas no han sido vulneradas.

Cuando Facebook violó la Ley de Protección de Datos y recopiló datos de 85 millones de personas por el escándalo Cambridge Analytica, la Oficina del Comisionado de Información multó a la red social con 500 mil libras, pero no la etiquetó de “alto riesgo” ni le restringió operaciones.

El Asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Robert O’Brian, acusa de algo tan ridículo a China que más bien describe sus plataformas digitales: “El PCCh también busca influencia sobre los estadounidenses. Está recopilando sus datos más íntimos: sus palabras, sus acciones, sus compras, su paradero, sus registros de salud, sus publicaciones en redes sociales, sus mensajes de texto y mapean su red de amigos, familiares y conocidos.”

La Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. también designó a Huawei y ZTE como empresas que representan un riesgo para la seguridad nacional y para 5G, debido a que “tienen estrechos vínculos con el Partido Comunista Chino y el aparato militar”. ¿Ya olvidaron que Internet nació en las instalaciones y con el presupuesto del Departamento de Estado y que Microsoft acaba de ganar un contrato de 10 mil millones de dólares con el Pentágono?

Cuando Reino Unido anunció la exclusión de Huawei de sus redes 5G, el Secretario de Cultura, Medios Digitales y Deporte, Oliver Dowden, reconoció que “por supuesto, no existe una red perfectamente segura”. Exacto. Aún así, estableció “uno de los regímenes más duros del mundo para la seguridad de las telecomunicaciones”.

Dowden reconoce que “la decisión de prohibir la adquisición de nuevos equipos Huawei 5G retrasará la implementación por un año más y sumará hasta 500 millones a los costos. Además, exigir a los operadores que eliminen los equipos Huawei de sus redes 5G para 2027 agregará cientos de millones al costo y un mayor retraso en el despliegue. Esto significa una demora acumulada para el despliegue de 5G de dos a tres años y costos de hasta dos mil millones de libras”.

Felicidades, Reino Unido. Eso quiere la administración Trump. Que Europa retrase su avance de 5G para que EE.UU. asuma el liderazgo de los nuevos modelos de negocio, el Internet productivo y la automatización industrial. América Latina debe defender su libre autodeterminación tecnológica y declarar su independencia del nuevo intervencionismo digital.

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Fuente: Revista Proceso – México

 

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