Debate sobre falta de seguridad y caos en el transporte urbano de Lima y Callao
- Un evento que reunió a expertos, empresarios y autoridades para plantear soluciones frente a la extorsión, la informalidad y la falta de seguridad en el transporte público.
La creciente ola de extorsiones a empresas y la violencia contra conductores y cobradores del transporte urbano fue el eje central del evento “Lima y Callao: entre la inseguridad y el caos, ¿es posible el cambio?”, organizado por la Asociación A Movernos con el respaldo de la Asociación Automotriz del Perú (AAP). El encuentro se realizó el jueves 13 de noviembre desde las 8:30 a. m. en el Belmond Miraflores Park Hotel y reunió a representantes de la sociedad civil, la academia, especialistas en movilidad y autoridades. La actividad fue gratuita y contó con aforo limitado.
Según el Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, entre enero y octubre de 2025 se registraron más de 23 mil denuncias por extorsión a nivel nacional, un incremento superior al 35 % respecto al año anterior. En el sector transportes, las denuncias aumentaron de manera alarmante debido al avance de redes criminales que imponían cobros ilegales para permitir operar en rutas específicas, generando miedo, pérdidas económicas y graves afectaciones a la movilidad urbana.
Ante esta situación, el evento buscó promover un espacio de diálogo multisectorial que impulsara soluciones integrales para enfrentar la violencia y fortalecer la movilidad urbana. Durante la jornada se abordaron cuatro ejes prioritarios:
- Seguridad en el transporte público
- Planificación de la movilidad urbana
- Formalización y modernización del sistema de transporte
- Sostenibilidad e infraestructura inteligente
De acuerdo con reportes policiales y gremiales, los ataques y extorsiones se concentraron principalmente en distritos como San Juan de Lurigancho, San Juan de Miraflores, Ate y San Martín de Porres, zonas donde operaban con mayor fuerza bandas delictivas que ofrecían “protección” a cambio de cupos. Estas áreas se convirtieron en los principales focos de violencia vinculada al transporte urbano, acumulando más de 46 asesinatos a conductores en el último año bajo la modalidad de extorsión y sicariato.
“Era urgente generar un espacio de diálogo entre autoridades, sector privado y sociedad civil para plantear soluciones concretas que redujeran la violencia y protegieran a los transportistas, así como garantizar la movilidad segura de millones de ciudadanos”, afirmó Roberto Vélez, gerente general de A Movernos.
Durante la exposición técnica, los especialistas presentaron estudios sobre la expansión urbana, la concentración de empleos y los desplazamientos hacia zonas centrales, factores que incrementaban la presión sobre el sistema y exponían a la población a mayores riesgos. Se advirtió que más de seis millones de habitantes tenían acceso limitado a oportunidades laborales debido a los tiempos de viaje extremos y a la falta de infraestructura de transporte masivo, lo que continuaba alimentando la informalidad en los bordes de la ciudad.
El evento evidenció que la crisis de seguridad en el transporte urbano había desbordado la capacidad de respuesta de los mecanismos tradicionales. Los participantes coincidieron en que la informalidad, la falta de planificación y la ausencia de herramientas tecnológicas modernas habían facilitado la expansión de redes criminales, afectando tanto a operadores como a usuarios. Asimismo, se destacó que la concentración de empleos y servicios en Lima Centro obligaba a millones de ciudadanos a desplazarse grandes distancias cada día, incrementando la vulnerabilidad del sistema y profundizando su dependencia de rutas desorganizadas.
Del análisis también surgió un consenso respecto a que la solución debía ser multisectorial y sostenida. Se identificó la necesidad de fortalecer la fiscalización, digitalizar procesos, mejorar la planificación urbana y desarrollar infraestructura que respondiera al crecimiento demográfico y a la demanda futura de viajes. Los especialistas concluyeron que solo mediante acciones articuladas sería posible recuperar la seguridad, reducir la extorsión y avanzar hacia un sistema de transporte urbano moderno, eficiente y seguro para Lima y Callao.
Frente a estos hallazgos, A Movernos y la AAP reafirmaron su compromiso de posicionar la seguridad de los transportistas y la modernización del sistema de transporte urbano como una prioridad nacional, impulsando decisiones efectivas frente a la extorsión, la informalidad y la violencia que afectaban a la capital.