La reciente decisión de la presidente Dina Boluarte de remover el directorio de Petroperú y nombrar a nuevos integrantes vinculados al sector político de Vladimir Cerrón y Perú Libre, ha generado un debate que trasciende las fronteras de la empresa estatal. La crisis en Petroperú no solo pone en peligro la estabilidad financiera de la compañía, sino que también amenaza con desestabilizar el manejo del déficit fiscal en el país, arriesgando la calificación crediticia que tanto ha costado mantener.
La presión ejercida por el anterior directorio de Petroperú sobre el Ejecutivo, pidiendo una decisión clara sobre el destino de la empresa, fue un grito de auxilio en un escenario donde la falta de disciplina fiscal ha comenzado a afectar seriamente la economía nacional. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), liderado por José Arista, se opuso a seguir financiando las demandas de la petrolera, lo que terminó por desencadenar la remoción del directorio. Sin embargo, este cambio de guardia en la cúpula de Petroperú, con la incorporación de personajes vinculados a Cerrón, no parece ser la solución que el país necesita.
Es preocupante que los nuevos miembros del directorio, quienes ya han gestionado la empresa con resultados desastrosos, sean nuevamente puestos al mando. Durante su gestión anterior, las pérdidas patrimoniales de Petroperú ascendieron a mil millones de dólares, una cifra alarmante que resuena con fuerza en un contexto donde el déficit fiscal ya está fuera de control. La falta de oposición en el Gabinete ante estos nombramientos es un reflejo de la debilidad política del gobierno de Boluarte, que parece estar cediendo ante las presiones internas sin considerar las consecuencias a largo plazo.
Además, la situación fiscal del país no permite más rescates injustificados. En 2023, el déficit fiscal proyectado era del 2.4% del PIB, pero terminó siendo del 2.8%, gracias a un adelanto inusual de utilidades del Banco de la Nación. Sin este artificio contable, el déficit habría alcanzado el 3%, poniendo en peligro el grado de inversión del país. Este año, la proyección de déficit era del 2%, pero ya se ha ampliado al 2.8%, y hasta julio, el déficit acumulado llegó al 4%, una cifra que pone en jaque las metas fiscales del Ejecutivo.
El Congreso tiene ahora la responsabilidad de actuar con firmeza. Es imperativo que se legisle para que cualquier participación privada en Petroperú se lleve a cabo a través de concursos públicos transparentes, y que se eviten nuevos rescates financieros sin un plan estratégico sólido de reorganización. La privatización de la empresa, aunque inevitable, debe ser manejada con la máxima responsabilidad para evitar que Petroperú se convierta en una versión peruana de PDVSA, la petrolera venezolana que ha sido símbolo de corrupción y mala gestión.
El gobierno de Boluarte, en este contexto, corre el riesgo de ser recordado como el gobierno del déficit fiscal, un legado que podría tener consecuencias desastrosas para la economía del Perú. Si los ministros Arista y Mucho no toman una postura firme para evitar el nombramiento de los cerronistas en Petroperú, el país podría enfrentar un futuro incierto, donde la empresa estatal se convierta en una carga insostenible para los peruanos.
Es momento de que el Congreso, los ministros y la ciudadanía unan fuerzas para detener esta tendencia peligrosa. Petroperú no puede seguir siendo un pozo sin fondo que absorba los recursos de la nación sin ofrecer resultados positivos. El futuro fiscal del país depende de decisiones valientes y responsables que eviten que la empresa estatal se convierta en un símbolo de la desorganización y el despilfarro.