El Gobierno promulgó la #Ley31775, una nueva legislación que tiene como objetivo combatir las prácticas anticompetitivas en el país. Esta ley, previamente aprobada por el Congreso de la República, establece penas privativas de la libertad no menor a dos años ni mayor a seis años para aquellos que participen en acuerdos o prácticas anticompetitivas.
La herramienta legal fortalecerá la labor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y del Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), quienes serán responsables de combatir estas malas prácticas.
Según lo estipulado en el artículo 232 de la ley, el abuso del poder económico a través de acuerdos o prácticas anticompetitivas sujetas a prohibiciones absolutas establecidas en el Decreto Legislativo N° 1034, que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, o normas que la sustituyan, con el fin de impedir, restringir o distorsionar la libre competencia, será penado con una pena privativa de libertad no menor a 2 años ni mayor a 6 años. Además, se aplicarán sanciones económicas de 180 a 365 días-multa, así como la inhabilitación de acuerdo al artículo 36, incisos 2 y 4 de la misma ley.
Esta nueva legislación representa un paso importante en la lucha contra las prácticas anticompetitivas en el país, enviando un mensaje claro de que dichas acciones no serán toleradas. Se espera que la implementación de esta ley promueva la libre competencia y fomente un entorno económico más justo y equitativo para todos los actores involucrados.
El Gobierno ha enfatizado la importancia de fortalecer los mecanismos de supervisión y control para asegurar el cumplimiento de la ley. Tanto Indecopi como Osiptel contarán con mayores recursos y facultades para investigar y sancionar las prácticas anticompetitivas, lo que contribuirá a generar un entorno favorable para la competencia leal y el desarrollo económico del país.
Con esta nueva legislación, el Gobierno busca proteger a los consumidores y promover un mercado competitivo que impulse la innovación y la eficiencia económica. Se espera que estas medidas tengan un impacto positivo en la economía del país, alentando la inversión y generando condiciones favorables para el crecimiento sostenible.
En resumen, la promulgación de la Ley #31775 representa un avance significativo en la lucha contra las prácticas anticompetitivas en el país. Esta herramienta legal, respaldada por penas privativas de la libertad, fortalecerá el trabajo de Indecopi y Osiptel para combatir estos comportamientos dañinos. Se espera que su implementación promueva la libre competencia y contribuya a un entorno económico más equitativo y justo para todos.