El Perú enfrenta una grave crisis institucional que no puede resolverse sin una profunda reforma del sistema electoral.
No es una novedad que el Perú atraviesa un proceso de degradación institucional que ha afectado tanto su gobernabilidad como su capacidad para promover una recuperación política, económica y social integral. Este proceso, no es reciente, sino que lleva años gestándose, y se ha agravado en las últimas décadas. La expectativa de una mejora general en la calidad de las instituciones, en la estabilidad del Estado y en la capacidad de gestión ha sido frustrada por una continua pérdida de eficacia y legitimidad por parte de las instituciones públicas, desde la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, posteriormente empeoró lagarto Martin Vizcarra hasta la actualidad. Este deterioro no solo impacta la vida política, sino que también afecta gravemente el clima empresarial y las oportunidades de inversión en el país.
El panorama descrito es alarmante, pero la solución no puede limitarse únicamente a esperar una mejora económica o a confiar en que el crecimiento del Producto Interno Bruto resolverá los problemas estructurales del Estado. La cuestión central radica en la necesidad de reformas profundas que permitan revitalizar las instituciones políticas y restaurar la confianza en el sistema democrático.
Entre las reformas más urgentes, no están las de carácter económico, sino las electorales. La política peruana ha sido capturada por el caudillismo y la fragmentación, lo que ha generado un escenario de incertidumbre, falta de representatividad y poca legitimidad en los cargos electos. Si no se toman medidas drásticas, podríamos continuar eligiendo a presidentes o congresistas que no reflejan la verdadera voluntad de la mayoría, con graves consecuencias para la gobernabilidad.
El primer punto clave es la necesidad de establecer restricciones mínimas para los candidatos. La crisis de representatividad que vivimos se ve exacerbada por la facilidad con la que personas sin experiencia o sin el compromiso necesario para liderar el país pueden postular a cargos públicos. La política no puede seguir siendo vista como un terreno de fácil acceso, donde cualquier figura populista o mediática pueda llegar al poder sin los requisitos mínimos de idoneidad por ejemplo como Pedro Castillo. Deben existir filtros claros que aseguren que los candidatos tengan un historial intachable y una formación adecuada para asumir responsabilidades tan importantes.
En segundo lugar, el financiamiento de los partidos políticos debe ser transparente y adecuado. La democracia peruana no puede funcionar correctamente si los partidos dependen de prácticas corruptas o de financiamientos opacos para subsistir. En este sentido, es imperativo que se establezcan normas claras para que las empresas puedan contribuir de manera legítima a los partidos, promoviendo así un sistema político más sólido y con capacidad de propuesta. Sin partidos fuertes, la política se convierte en un espacio de improvisación y personalismos, lo que profundiza la crisis institucional.
El tercer punto crucial es el de la representación electoral. El Congreso y el Senado deben reflejar de manera adecuada la distribución demográfica del país. El actual sistema, en el que algunas regiones con poca población tienen una representación desproporcionada, es una distorsión que afecta la calidad del debate y de las decisiones legislativas. El Perú necesita un sistema de representación más equitativo, en el que las grandes ciudades y los centros poblacionales tengan el peso político que les corresponde.
Finalmente, es esencial implementar un filtro que evite la excesiva fragmentación de candidaturas. La atomización del voto y la proliferación de candidatos que no representan un proyecto político serio y viable es una de las principales causas de la crisis actual. El riesgo de elegir a un presidente con menos del 10% del apoyo popular es real, y esto solo agravaría la falta de legitimidad que padece el sistema. Un sistema político en el que el voto está disperso entre múltiples opciones poco representativas solo conduce a la inestabilidad y al debilitamiento de la democracia.
En conclusión, el Perú enfrenta una grave crisis institucional que no puede resolverse sin una profunda reforma del sistema electoral. No basta con enfocarse en la recuperación económica si las bases políticas siguen siendo frágiles y vulnerables a la manipulación y la corrupción. Solo a través de reformas electorales que promuevan la transparencia, la representatividad y la legitimidad, podremos empezar a revertir el proceso de degradación que ha afectado al país por tantos años. Las elecciones deben ser un proceso que fortalezca la democracia, no una mera formalidad que perpetúe un sistema disfuncional.