Mientras sectores de la izquierda culpan a la Constitución del 93 del atraso, la economía real muestra que el problema es tecnológico, productivo y de integración al mundo, no constitucional.
Para ciertos candidatos populistas de los sectores de la izquierda, la Constitución de 1993 se ha convertido en el chivo expiatorio perfecto. La critican como si fuera el origen de todos los males del país y, algunos, incluso proponen volver a la Constitución de 1979, un texto nacido de una lógica estatista que ya demostró su fracaso. No se trata de una discusión jurídica seria, sino de una apelación ideológica y nostálgica a un modelo que condujo al estancamiento, la corrupción y la pobreza.
Buena parte de este discurso se sostiene sobre una profunda confusión acerca de la economía real, particularmente cuando se habla de industrialización, del cobre o del caso chileno. El mercado mundial del cobre no depende de la voluntad de un país productor. China, por el tamaño de su economía, concentra gran parte de la demanda global y domina la transformación industrial del cobre. Por eso, incluso países que producen mucho cobre no necesariamente controlan su manufactura: la clave es la escala, la tecnología y la integración a los mercados globales.
En el Perú, la Constitución de 1993 creó el marco que permitió incorporarnos a la economía global. La inversión privada fue posible gracias a reglas claras, estabilidad jurídica y apertura al capital y la tecnología. Como toda norma es perfectible, pero reemplazarla por la Constitución de 1979 equivale a regresar al Estado empresario, ineficiente y politizado, responsable de bajo crecimiento, inflación, corrupción y pobreza.
Conviene decirlo sin rodeos: la Constitución de 1993 no impide la industrialización. El problema es que el país no ha desarrollado suficiente tecnología ni capital humano avanzado. Y la tecnología no se decreta. Japón, Corea del Sur, Taiwán y China lo demostraron: abrieron sus economías, atrajeron inversión extranjera y absorbieron conocimiento hasta construir capacidades propias.
En contraste, la oposición ideológica a la inversión extranjera ha sido uno de los principales frenos al desarrollo. Hoy, la balanza comercial peruana es favorable gracias a los tratados de libre comercio, mientras que en el pasado las empresas públicas eran deficitarias, corruptas y capturadas por el clientelismo político.
Para sostener ese aparato estatal, se recurrió al endeudamiento externo, generando una deuda creciente e insostenible. Ese modelo colapsó.
Nada de esto implica justificar la corrupción del fujimorismo. Pero es un hecho que marcó el quiebre del desorden fiscal y la hiperinflación. La Constitución de 1993 sentó las bases de la estabilidad macroeconómica y de la inserción del Perú en la economía global.
Reconocerlo no es ideología: es historia económica.