El exministro de Defensa, José Luis Gavidia, ha presentado una demanda contra el Estado peruano por una indemnización de 681,626.80 libras esterlinas, equivalente a más de S/ 3 millones. Esta acción legal fue presentada ante el Octavo Juzgado de Trabajo Transitorio de Piura y tiene como fundamento la cesación de su cargo como representante del Perú ante la Organización Marítima Internacional de la ONU en la ciudad de Londres.
El medio de comunicación Panorama ha tenido acceso al documento presentado por la Procuraduría del Ministerio de Defensa, en el cual se detalla la demanda de José Luis Gavidia. Según este documento, el exministro exige el pago de un total de 681,626.80 libras esterlinas.
Recordemos que Gavidia Arrascue renunció a su cargo en agosto de 2022 en medio de una polémica relacionada con contratos para su familia y una investigación por el uso de vuelos oficiales para trasladarse a provincias con sus tres hijas.
Después de su paso por el Ministerio de Defensa, Gavidia fue designado representante permanente alterno del Perú ante la Organización Marítima Internacional (OMI) en la ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, por el exmandatario Pedro Castillo.
Permaneció en este cargo hasta mayo de este año, cuando presentó la demanda contra el Estado por daños y perjuicios derivados de la interrupción de su designación como representante permanente alterno de la OMI.
Es importante señalar que Gavidia tenía asignado el cargo desde el 1 de octubre de 2022 hasta el 30 de septiembre de 2024.
De acuerdo con el reportaje, las asignaciones mensuales, los pasajes y los gastos de maletas ascienden a S/ 505,895.
El medio de comunicación se comunicó con el exministro de Defensa, pero este aseguró no tener conocimiento sobre la demanda presentada en su contra.
El proceso legal está en curso y será el Octavo Juzgado de Trabajo Transitorio de Piura el encargado de evaluar los argumentos presentados por ambas partes y tomar una decisión al respecto. Esta situación representa un nuevo desafío para el Estado peruano y pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en el ejercicio de funciones públicas.