El rol crucial del sector privado ante el aterrador escenario económico del 2023
El desafiante panorama económico del año 2023, se ha caracterizado por un crecimiento inferior al 2% del Producto Bruto Interno (PBI), es motivo de preocupación para el sistema y las libertades en nuestro país. La combinación de la violencia contra el Estado de derecho durante el verano pasado y las devastadoras lluvias del ciclón Yaku han generado un escenario aterrador que exige una pronta respuesta. La realidad es clara: el bajo crecimiento económico conlleva un incremento de la pobreza, la falta de inversiones y la ausencia de obras de prevención, lo cual podría desencadenar una gran irritación en la nación, tanto en el sur como en el norte.
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En este contexto crítico, resulta fundamental que tanto el Ejecutivo como el Congreso reconozcan una verdad incuestionable: hemos llegado a este punto con un Estado disfuncional, incapaz de utilizar eficientemente la riqueza generada por los ciudadanos a través de los impuestos y de proporcionar servicios básicos, entre ellos, la seguridad. Además, debemos enfrentar la extendida corrupción en el ámbito público, la cual ha convertido la inversión estatal en un cúmulo de delitos y irregularidades. Ante estos hechos, surge una pregunta inevitable: ¿cómo podemos hacer frente a las emergencias del bajo crecimiento y la falta de obras públicas?
En este sentido, consideramos que el Ejecutivo y el Congreso deberían reconocer las limitaciones actuales del Estado y convocar al sector privado, que no solo aporta el 80% de los ingresos estatales, sino que también genera más del 80% del empleo en el país. A veces, la mejor manera de abordar los problemas y llevar a cabo reformas efectivas es reconocer nuestras limitaciones y reconocer nuestras propias imposibilidades. Resulta absolutamente inviable esperar un plan de emergencia eficiente para enfrentar la desaceleración económica y la falta de inversiones en obras de prevención desde un Estado colapsado.
Si el Ejecutivo establece “regiones piloto” o cualquier otra denominación que se considere apropiada, y convoca a los gobernadores regionales y a los alcaldes provinciales, podríamos crear plataformas que organicen al sector privado a nivel nacional y regional, junto con la sociedad en su conjunto, para impulsar un plan de inversiones destinado a enfrentar la crisis. En otras palabras, debemos centrar nuestros esfuerzos en convertir al sector privado en el protagonista principal de la inversión.
Es innegable que para avanzar en esta dirección se requiere la voluntad de los poderes del Estado, de los gobiernos regionales y locales, así como las reformas legales correspondientes. Sin embargo, debemos comprender que no podemos encontrar la solución a nuestros problemas dentro de la actual burocracia estatal. El sector privado es el único que posee la gestión y los recursos humanos necesarios para implementar un plan de emergencia eficiente y transparente.
Una apuesta de este tipo no solo reactivaría gran parte de la inversión privada, sino que también permitiría impulsar reformas legales en beneficio de la inversión, especialmente en el ámbito de la infraestructura. Además, contribuiría a una reforma general del Estado. Como todos sabemos, cuando se habla de reformas para revitalizar el crecimiento y la productividad económica, uno de los aspectos más mencionados es la simplificación de las regulaciones excesivas y los procedimientos que han convertido al Estado peruano en uno de los más burocráticos de la región. No podemos convocar al sector privado a participar en una movilización de tal magnitud sin avanzar en la simplificación administrativa del Estado.
Una de las principales razones del fracaso del Estado peruano en la generación de infraestructuras es la falta de institucionalidad necesaria para facilitar estas inversiones. Frente a la amenaza del bajo crecimiento, que pone en riesgo a nuestra democracia aumentando la pobreza, y ante la posibilidad de que surja un descontento nacional debido a la falta de inversiones en el sur y la ausencia de obras de prevención, ha llegado el momento de impulsar cambios y reformas de esta naturaleza. No hay otro camino.
Si el Ejecutivo y el Congreso creen que es posible seguir gestionando la crisis hasta el año 2026, de una forma u otra estaría entregando el país a los enemigos de la democracia. Debemos actuar de manera decisiva y convocar al sector privado para asumir un papel central en la reactivación económica, la inversión y la reforma del Estado. Es hora de superar las limitaciones actuales y aprovechar los recursos y la experiencia del sector privado para construir un futuro próspero y fortalecer nuestra democracia.