El desempeño económico de los últimos años indica que las políticas aplicadas en Bolivia son insostenibles en el largo plazo e, incluso, comprometen los avances sociales logrados.
Algunos políticos en el país utilizan frecuentemente a Bolivia como un ejemplo para ilustrar los potenciales beneficios de brindarle al Estado un rol empresarial más activo, a través de la nacionalización de los recursos naturales.
Sin embargo, el desempeño económico de los últimos años indica que las políticas aplicadas en Bolivia son insostenibles en el largo plazo e, incluso, comprometen los avances sociales logrados.
En Bolivia, la nacionalización de las empresas privadas extractoras de hidrocarburos se dio en un contexto favorable. Entre el 2004 y el 2014, el precio promedio del gas natural exportado en este país se quintuplicó, mientras que la producción creció a un ritmo de 8% anual.
Esto se tradujo en un ritmo de crecimiento promedio del PBI de 5% durante este periodo y una expansión del gasto público que permitió reducir significativamente la pobreza y la desigualdad. Sin embargo, las vulnerabilidades de la economía boliviana se vieron expuestas luego del descenso de los precios de hidrocarburos en el 2014.
En dicho contexto, el valor y volumen de las exportaciones bolivianas de gas natural se contrajeron considerablemente y, por consiguiente, se redujeron los ingresos fiscales que le permitían al gobierno financiar los altos niveles de gasto social.
Ante este nuevo panorama, el gobierno boliviano mantuvo los gastos vinculados a programas sociales y remuneraciones estatales en niveles aún elevados. Además, se continuó aplicando generosos subsidios y controles de precio que llegan a cubrir hasta el 60% de los bienes en la canasta básica y mantienen la inflación artificialmente baja. Es así que el alto nivel de gastos, en un contexto de menores ingresos, se tradujo en un déficit fiscal promedio de 6.8% del PBI durante el período 2014-2019.
Esto ocasionó que el gobierno boliviano financie el déficit con más endeudamiento público. En el 2022, la deuda bruta de su Gobierno Central llegó a 80% del PBI, cifra muy por encima que la del Perú (34%) y del promedio de América Latina (69%). Además, el Banco Central de Bolivia ha terminado otorgando créditos al gobierno y sus empresas estatales.
Esta falta de independencia de la autoridad monetaria, sumada al régimen de tipo de cambio fijo, ha terminado por reducir significativamente sus reservas internacionales netas (RIN) a tan solo 8.3% del PBI a febrero de 2023, luego de haberse situado en un pico de casi 50% del PBI en el 2012. Esto ha propiciado que diversas agencias rebajen la calificación de la deuda soberana de Bolivia a un grado especulativo de muy alto riesgo.
Todos estos factores muestran que las políticas del Modelo Económico Social Comunitario Productivo de Bolivia han provocado una riesgosa combinación de desequilibrios macroeconómicos que requerirá, eventualmente, una marcada devaluación del tipo de cambio y una importante consolidación de las finanzas estatales. Y en este escenario, los más afectados serán los hogares más vulnerables.
Así, estos resultados ilustran con claridad que la adopción de un modelo similar al boliviano solo llevaría al Perú de vuelta a la catástrofe económica que vivió durante la década de 1980.