Continuar trabajando en una reforma política más comprehensiva permitirá avanzar en resolver los grandes desafíos que tenemos.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) respalda un sistema económico responsable basado en pilares fundamentales que promueven el desarrollo sostenible del país. Uno de ellos es contar con una democracia e institucionalidad sólidas. Así, el funcionamiento adecuado de ambas es vital para concebir un sistema económico de mercado y un Estado eficiente. Acemoglu y coautores (2016), por ejemplo, analizan la evidencia sobre la relación positiva entre democracia y crecimiento económico y estiman que un país que se democratiza logra un PBI per cápita un 20% más alto en las siguientes tres décadas. Asimismo, encuentran efectos positivos de la democracia en las reformas económicas, la inversión privada, el tamaño y la capacidad del gobierno, y en la reducción de la conflictividad social.
El IPE comparte el objetivo de mejorar la representación política a través de dos instancias con funciones y competencias diferenciadas y complementarias: los diputados como responsables de la legislación y los senadores de la revisión. El IPE considera que es una medida necesaria que permitiría la producción de normas con mayor reflexión y un mejor ejercicio del control político. En ese sentido, el IPE hace un llamado al Congreso a aprobar el retorno a la bicameralidad.
El IPE considera que es pertinente también solicitar al Congreso que continúe trabajando en una reforma política que, entre otras cosas, impida el financiamiento informal e ilegal de los partidos políticos y, más bien, favorezca su financiamiento formal. Asimismo, evitar la postulación de candidatos con sentencias por delitos dolosos, incluso luego de rehabilitados, particularmente de quienes hayan atentado contra el sistema democrático, para lo cual se requiere de una reforma a nivel constitucional.
El camino de una reforma política más comprehensiva permitirá avanzar en resolver los grandes desafíos que tenemos como país: partidos políticos más fuertes y representativos de la ciudadanía; e instituciones que prioricen el bienestar de la población como eje central y que promuevan la inversión, el empleo y la reducción de la pobreza.