En el Perú, la verdad parece haberse convertido en un bien escaso dentro de la política. El reciente escándalo que envuelve al candidato Wolfgang Grozo, tras negar reiteradamente sus reuniones con Samir Villaverde pese a la aparición de fotografías que evidencian lo contrario, no es un simple incidente de campaña: es una señal preocupante de una cultura política donde la mentira se ha normalizado como herramienta para llegar al poder.
El filósofo Immanuel Kant sostenía que la verdad es un deber moral absoluto. Trasladado al ámbito político, ese principio adquiere un peso mayor: si un candidato miente sobre algo aparentemente trivial —como una reunión o un café—, ¿qué garantías tiene el ciudadano de que no mentirá sobre decisiones que comprometen miles de millones de dólares o el rumbo económico del país? Las mentiras pequeñas rara vez se quedan en lo pequeño; suelen ser la antesala de engaños más grandes.
La historia política internacional ofrece ejemplos contundentes. El expresidente estadounidense Richard Nixon no cayó únicamente por el escándalo de Watergate, sino por la cadena de mentiras que intentó construir para ocultarlo. Del mismo modo, Bill Clinton enfrentó un proceso de impeachment tras negar su relación con Monica Lewinsky. En ambos casos, la mentira terminó siendo más costosa que el propio error.
El elector moderno no busca políticos perfectos; sabe que los errores existen. Pero sí exige coherencia y honestidad. Un error puede explicarse e incluso perdonarse. Una mentira sostenida, en cambio, revela una voluntad deliberada de engañar. Cuando un candidato afirma públicamente “no lo conozco” y luego aparecen fotografías que demuestran lo contrario, lo que se rompe no es solo su discurso, sino la confianza básica entre el ciudadano y quien aspira a gobernarlo.
Los defensores del candidato han intentado desplazar el debate atacando al mensajero. Alegan que Villaverde tiene un pasado cuestionable y que, por tanto, su palabra carece de valor. Pero ese argumento evade lo esencial. En política, lo relevante no es quién revela un hecho, sino si ese hecho puede demostrarse. Las fotografías no tienen antecedentes penales y los hechos no dependen de la reputación de quien los menciona para existir. Intentar desacreditar al mensajero suele ser el último recurso cuando ya no se puede negar el mensaje.
Pero hay un elemento adicional que vuelve este episodio aún más inquietante. Villaverde fue expulsado y degradado de la Fuerza Aérea del Perú, la misma institución donde Grozo se desempeñó como jefe de inteligencia. Esa coincidencia plantea una pregunta inevitable: ¿un jefe de inteligencia no conocía el pasado de la persona con la que compartía reuniones? Si no lo sabía, revela una preocupante incompetencia. Si lo sabía y decidió ocultarlo, revela una grave falta de ética. En cualquiera de los dos escenarios, la credibilidad queda severamente comprometida.
El Perú enfrenta enormes desafíos económicos e institucionales. La inversión, la estabilidad y el crecimiento requieren algo que muchas veces pasa desapercibido en el debate político: confianza. Sin confianza en quienes gobiernan, ninguna política pública logra sostenerse en el tiempo. La mentira sistemática erosiona precisamente ese capital invisible que sostiene la economía y la democracia.
Por ello, la elección de 2026 no debería centrarse únicamente en promesas o discursos. También debería evaluar el carácter de quienes aspiran a gobernar. Porque elegir a alguien que miente para llegar al poder es, en la práctica, otorgarle permiso para seguir mintiendo cuando ya esté sentado en Palacio de Gobierno.
Más que nunca, el país necesita líderes que entiendan que la verdad no es una estrategia de campaña, sino una condición indispensable para gobernar con legitimidad. Solo así podremos recuperar algo que el Perú ha perdido demasiadas veces en su historia reciente: la confianza en la palabra de quienes nos gobiernan.