Un “Plan de Reconstrucción” de los daños materiales que ha dejado el llamado Niño Costero es una medida de corto plazo que sería insostenible si es que no se le acompaña de un proyecto país de construcción de institucionalidad en materia de planeamiento estratégico, ordenamiento territorial y gestión del riesgo de desastres. Estos son temas que el Estado se ha empecinado en no tomar en serio a pesar de la tan promocionada idea de la “modernización del Estado” y los argumentos de que el país ha sido gobernado por “técnicos”.
La extensa literatura sobre “capacidades estatales” aconsejaría que el problema estaría en la incapacidad de gestión y ejecución de los recursos por parte de funcionarios y servidores públicos de los tres niveles de gobierno. Algo de eso es cierto, pero hay un tema aún más profundo. Existen muchos instrumentos de gestión que buscan resultados sectoriales, pero carecemos de la articulación de la visión de país y de mecanismos que puedan hacerla efectiva. Algo muy distinto de lo que sucedió en Ecuador, que ha afrontado los desastres naturales de forma mucho mas eficiente y eficaz.
Mientras en Ecuador el planeamiento estratégico ha sido un eje central de gobierno, en el Perú el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) siempre ha estado subordinado al Ministerio de Economía y Finanzas, el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional (que nadie conoce) nunca fue actualizado (aunque por Decreto Supremo debió actualizarse hace 4 años) y no existen mecanismos de articulación claros entre los planes sectoriales, regionales, de ordenamiento territorial y acondicionamiento urbano.
Mientras que en Ecuador existe una Ley de Ordenamiento Territorial, en el Perú no se ha querido regular de manera orgánica este tema fundamental por temor a “afectar las inversiones”. Es más, solo por si acaso, dentro de los llamados paquetazos ambientales se estableció que el ordenamiento territorial “no define usos ni otorga derechos”, es decir, si con las normas desarticuladas que tenemos queremos organizar de verdad el territorio, esto se haría de manera referencial, porque existe el temor que en ese ordenamiento se excluyan actividades extractivas. Asimismo, aunque con la reciente reorganización de la PCM se creó el “Vice Ministerio de Gobernanza Territorial” no se le previó ninguna función respecto al ordenamiento territorial. Gobernanza territorial sin ordenamiento territorial es un despropósito, sobre todo si a la fecha el tema se encuentra disperso en varios sectores que otorgan derechos, definen espacios y producen información de manera desarticulada sobre el territorio, generando inserteza, sobreposición de titularidades, conflictos e informalidad.
Además, mientras que en Ecuador se han realizado grandes inversiones en materia de prevención (y en el marco de su planeamiento estratégico), en el Perú el (recientemente cambiado) Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) rechazó un proyecto de represas en Piura para prevenir inundaciones porque no tenía “retorno financiero”[1]. Es más, en el Perú nunca se ha llegado a implementar y operar más o menos adecuadamente el “Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”. Como todo sistema functional, este sistema requiere un ente rector que supervise y sancione efectivamente a las entidades que no cumplen con las medidas de prevención, que establezca mecanismos claros de coordinación, que dicte lineamientos, directivas, que, en resumen, ejerza su rectoría los 365 días del año. Pero el ente rector es la PCM y en vez de “gestionar el riesgo” solo aparece en la foto e intenta aplacar el desastre. No se ha visto medidas preventivas, sanciones, instrumentos, etc. y es más, no está claro quién dentro de la PCM es el responsable concreto del sistema (no es la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres que ya no existe con la nueva reorganización, y CENEPRED e INDECI pertenecen al Sector Defensa).
El gobierno de Ecuador, que para nuestra tecnocracia representa el “sub-desarrollo latinoamericano”, le ha ahorrado a su país millones en pérdidas materiales además de todo el sufrimiento por los daños y pérdidas humanas. Más allá de los puntos críticos de ese gobierno, este es un dato concreto que no puede omitirse. En cambio, los gobiernos peruanos de los últimos años, guiados por una élite económica y política que sueña con estar en la OCDE y que hasta ahora aborrecía las palabras “planificación” y “ordenamiento territorial”, tiene una gran responsabilidad por lo que sufre el país. El problema es de fondo y tiene que ver con la visión que se ha insertado en el imaginario de la gestión y política pública: un Estado mínimo y dirigido por gerentes desprovistos de grandes objetivos de desarrollo, que solo buscan resultados específicos para sus “islas de eficiencia”.
Frente a ello, es hora de los consensos políticos. Primero, no se trata solo de la “reconstrucción de las ciudades” sino de construir algo que no existía antes: institucionalidad sobre ordenamiento territorial y gestión del riesgo. Un organismo técnico especializado debe ser el responsable de que se ordene y planifique el territorio nacional, que coordine con los tres niveles de gobierno y con los diferentes sectores con competencias territoriales y que sancione a aquellas entidades y funcionarios que no cumplen con medidas de prevención. Si no se crea institucionalidad a partir de lo que estamos viviendo, no habremos aprendido nada. Segundo, no se puede cometer los errores del pasado en la “reconstrucción” y volver a poner a la gente en lugares de riesgo o dejar a los gobiernos locales y regionales a su buena voluntad. Un grave problema de la gestión pública es el desorden de competencias y la falta de articulación. En vez de crear nuevas instancias, se debería ordenar lo que existe. El articulador y supervisor de este proceso y del “Plan de Reconstrucción” debería ser el recién creado “Viceministerio de Gobernanza Territorial”. Tercero, necesitamos propuestas y discusión más allá del cálculo político. Esto no quiere decir que las propuestas en sí carezcan de bases ideológicas (la falta de planeamiento y de ordenamiento territorial se debe justamente a una forma de mirar la gestión pública que considera que el Estado debe planificar lo mínimo). Lo que esto implica es que debe evitarse la politiquería de las fotos y los golpes a los oponentes sin más objeto que ganar votos. Ojalá podamos ponernos de acuerdo sobre estos puntos y avanzar a partir de allí.
[1] http://udep.edu.pe/hoy/2017/la-mejor-reconstruccion-la-debemos-iniciar-y-planificar-ahora-tomando-mediciones-de-campo-con-los-datos-reales/