La elección de José María Balcázar como presidente marca, sin exageración, uno de los momentos más sombríos de nuestra ya convulsionada historia reciente. No se trata —como algunos intentan vender— de un “hombre de consenso”. Se trata de un personaje cuya trayectoria arrastra cuestionamientos morales que jamás fueron resueltos con claridad y cuya visión política choca frontalmente con las libertades individuales que el país ha defendido con tanto esfuerzo.
El Perú no necesita figuras ambiguas en el poder. Necesita liderazgo ético, convicción democrática y respeto irrestricto por el Estado de derecho. Sin embargo, lo que observamos es todo lo contrario: un ascenso marcado por el cálculo político, las componendas y los negociados entre partidos y congresistas oportunistas que priorizan cuotas de poder antes que principios.
En vez de una elección que convoque esperanza, asistimos a una transacción. Una operación fría donde las bancadas intercambiaron apoyos como si se tratara de mercancías. El voto secreto, lejos de proteger la conciencia, terminó siendo el refugio perfecto para la hipocresía política. Nadie quiere asumir responsabilidad pública, pero todos participaron del acuerdo.
La pregunta es inevitable: ¿qué se negoció? ¿Qué compromisos se asumieron bajo la mesa? Cuando un liderazgo nace de pactos oscuros, su legitimidad se debilita desde el primer día. Y cuando el poder se construye sobre cálculos estratégicos y no sobre convicciones, las decisiones futuras suelen responder a favores pendientes, no al interés nacional.
Más grave aún es el trasfondo ideológico. No estamos frente a un proyecto que fortalezca libertades, que promueva institucionalidad o que apueste por la modernización del país. Estamos ante una visión que amenaza con retrocesos, con discursos moralistas selectivos y con una concepción del poder que no entiende límites claros entre autoridad y abuso.
El Perú atraviesa una crisis de representación profunda. La ciudadanía observa con creciente escepticismo cómo los partidos se reacomodan, cómo los congresistas cambian de discurso según convenga, y cómo los principios se diluyen en nombre de la “gobernabilidad”. Pero gobernabilidad no es sinónimo de reparto. Consenso no es sinónimo de pacto de impunidad.
Esta elección no solo evidencia la fragilidad del sistema político; expone también la ausencia de una ética pública sólida. Cuando los partidos actúan como clubes de conveniencia y no como espacios programáticos, el país termina rehén de intereses particulares.
No es exagerado hablar de incertidumbre. Cuando las libertades individuales —económicas, civiles y políticas— no son prioridad, el riesgo es evidente. El Perú ya ha experimentado etapas en las que el poder concentrado, el cálculo político y la ausencia de escrúpulos generaron deterioro institucional y pérdida de confianza. Repetir esa historia sería imperdonable.
Hoy más que nunca, la vigilancia ciudadana es imprescindible. No basta con indignarse; es necesario exigir transparencia, coherencia y rendición de cuentas. Si la clase política insiste en privilegiar el reparto antes que el país, la sociedad tendrá que recordarles que el poder no es un botín, sino una responsabilidad.
La oscuridad no se combate con resignación. Se combate con memoria, con firmeza y con la defensa activa de las libertades. Porque cuando la política se convierte en cálculo, el país entero paga el precio.