Por Manuel Villalva
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El debate sobre el papel del Estado como empresario ha sido una cuestión recurrente en la historia económica y política del Perú. La asignación de un rol empresarial al Estado ha suscitado numerosos cuestionamientos a lo largo del tiempo, y los resultados han sido motivo de coluvme wigs on sale nike ytterjakke fede sandaler 2017 custom baseball jerseys lavabi design football jersey maker sublimated jerseys jaqueta de couro com capuz hoffen čierne panske nohavice penezenka portlnd zuckertüte basteln pferd amazon piazza venezia borse basket femme compensée crib and dresser set Canada brown bear brieftaschentroversia. Entre los principales argumentos en contra de esta práctica se encuentran las pérdidas financieras de las empresas públicas, la aparición de prácticas corruptas y la prestación deficiente de bienes y servicios esenciales, entre otros. Además, el elevado costo de rescatar estas empresas con fondos de los contribuyentes ha sido un motivo de preocupación constante.
Un ejemplo contundente de estos problemas lo encontramos en Petroperú, la empresa petrolera estatal del país. A través del Acuerdo de Directorio N.o 087-2023-PP, del pasado 3 de agosto, Petroperú solicitó una vez más el apoyo financiero del Ministerio de Energía y Minas (Minem) con el objetivo de “preservar la estabilidad del mercado de combustibles” y “atenuar los riesgos” frente a situaciones potenciales de escasez de combustibles a nivel nacional.
El paquete de respaldo presentado por Petroperú es impresionante en términos financieros. Incluye la capitalización de apoyo financiero del año pasado por US$ 750 millones, la aplicación de la facilidad de documentos cancelatorios por un monto de hasta S/ 500 millones, y la garantía del Gobierno nacional por US$ 1,000 millones para facilitar las operaciones de importación de petróleo crudo, combustibles y otros derivados de los hidrocarburos, así como biocombustibles. En total, la solicitud de capital supera los S/ 5,500 millones, lo que significa que, de ser aprobada, la empresa habrá recibido más de US$ 5,000 millones en apoyo financiero del Estado desde 2017. Para ponerlo en contexto, esta cifra supera el presupuesto total de inversión pública asignado al sector salud en los últimos 3 años.
Sin embargo, lo que resulta aún más preocupante es que se ha otorgado a Petroperú tres lotes petroleros en el norte del país sin un proceso de licitación previo, lo cual no se ha incluido en el cálculo de la asistencia financiera mencionada.
Los números no mienten. Según los estados financieros de Petroperú, durante el primer semestre de este año, la empresa ha reportado pérdidas por US$ 380 millones. Esto se debe en gran medida a la falta de competitividad de la empresa, ya que las ventas totales han disminuido en casi un 40% durante dicho período. Si esta tendencia continúa, sería el segundo año consecutivo con resultados negativos, ya que en 2022 la empresa acumuló pérdidas por US$ 278 millones.
Ante este panorama, es crucial plantear la siguiente pregunta: ¿es necesario mantener a Petroperú para abastecer el consumo interno de combustible? La tendencia de los últimos años es clara, y si continúa, esta empresa no podrá competir con otros actores en el mercado debido a una gestión inadecuada. Petroperú ya no domina el mercado interno de combustibles como solía hacerlo en el pasado, lo que indica que es necesario abrir la puerta a empresas con mejores prácticas empresariales que puedan ofrecer un mejor servicio a los peruanos.
Es importante destacar que las empresas estatales no son necesariamente negativas, ya que en muchos casos cumplen con el rol subsidiario del Estado contemplado en la Constitución. Sin embargo, es inaceptable preservar a aquellas que no son competitivas y que generan pérdidas significativas para los ciudadanos en lugar de destinar estos recursos a otras necesidades apremiantes del país.
En el mercado, la práctica común es que las empresas con resultados tan negativos como Petroperú sean reemplazadas por competidores más eficientes, lo que garantiza una mejor calidad en el servicio. La realidad es que esto ya está comenzando a suceder, y nuestra prioridad debe ser permitir el ingreso de empresas más competitivas al mercado interno de combustibles.
En conclusión, es hora de replantear el papel de Petroperú en la economía peruana. Mantenerla como una empresa estatal con resultados financieros tan negativos solo perjudica a los ciudadanos y obstaculiza la competencia en el mercado de combustibles. Es momento de tomar decisiones audaces que permitan la entrada de actores más eficientes y competitivos para el beneficio de todos los peruanos.