Excesiva regulación estatal y expansión del rol del Estado en la protección de derechos declarativos.
El Perú, país de una rica historia y diversidad cultural, se enfrenta a un desafío económico y social de gran envergadura: la informalidad. Más allá de las vicisitudes económicas recientes, como la recesión del año pasado y el impacto de la pandemia, así como el cambio político con la llegada de Pedro Castillo y las fuerzas de izquierda al poder, el país aún mantiene un ingreso per cápita en torno a los US$ 6,500, colocándolo como una sociedad de ingreso medio. Sin embargo, la sorpresa llega al observar el nivel alarmante de informalidad que prevalece en la economía y la sociedad peruana, lo cual contradice su clasificación económica.
Las cifras son contundentes: se estima que más del 60% de la economía y la sociedad peruana opera en la informalidad. Esta situación se agrava en regiones con alta pobreza, como Cajamarca, Ayacucho Puno, Huánuco y Huancavelica, donde la informalidad puede superar el 80%. ¿Qué factores han contribuido a convertir al Perú en un epicentro de informalidad en la región? Una hipótesis planteada sugiere que en las últimas tres décadas se ha experimentado un modelo anticapitalista, que no rechaza de manera directa la economía de mercado pero la limita a través de una proliferación de regulaciones estatales. Este modelo, gradual y distinto al enfoque bolchevique de asalto al poder y nacionalizaciones inmediatas, ha generado una densa red de regulaciones que estrangulan la inversión privada, los mercados y el crecimiento económico.
La minería, uno de los pilares de la economía peruana, ha sido particularmente afectada. A pesar de la violencia generada por grupos antimineros, las sobrerregulaciones estatales han paralizado la exploración y explotación de recursos naturales, obstaculizando el potencial minero del país. De manera similar, la agroindustria se ha visto perjudicada por la derogación de la Ley de Promoción Agraria, una normativa clave para el éxito del sector y la reducción de la pobreza en zonas rurales.
La burocratización del Estado, sumada a leyes tributarias y laborales restrictivas, ha convertido al propio Estado en un obstáculo para el desarrollo económico. En regiones como Puno, la extralegalidad alcanza niveles alarmantes, superando el 90% de la economía. Este fenómeno, lejos de promover derechos laborales y sociales, perpetúa la pobreza y la exclusión social.
Detrás de esta burocratización se encuentra el triunfo ideológico de corrientes progresistas que priorizan la expansión del Estado sobre el desarrollo económico. La proliferación de “derechos identitarios” y regulaciones ambientales ha generado un clima hostil para la inversión privada y la actividad empresarial. En este contexto, el sector privado es demonizado como antagonista de los derechos proclamados por el Estado.
La crisis de la informalidad y la burocratización no solo representan obstáculos económicos, sino también culturales y sociales. La narrativa progresista ha contribuido a detener el crecimiento económico y a aumentar la pobreza en el país. Es imperativo replantear el equilibrio entre regulación estatal y libre mercado para impulsar un desarrollo inclusivo y sostenible en el Perú.
