El “Informe del sector gas natural en el Perú 2026” señala que las conexiones de gas natural se duplicaron en cinco años, hasta cerca de 2,6 millones, aunque en 2025 se incorporaron 147 mil nuevos usuarios, una cifra bastante menor a la de años previos.
El estudio, presentado por Promigas Perú, pone el foco en aspectos que frenaron la expansión del servicio y plantea una agenda de decisiones que el nuevo ciclo político podría destrabar.
El Perú inicia un nuevo periodo de gobierno, un momento que abre espacio a decisiones de fondo para el desarrollo del gas natural. En ese contexto, el “Informe del sector gas natural en el Perú 2026”, elaborado por Promigas Perú, ofrece una radiografía del sector al cierre de 2025 y presenta las oportunidades que el nuevo ciclo político abre para lograr la masificación.
De acuerdo con el reporte, la masificación del gas natural acumula avances importantes. En los últimos cinco años, las conexiones se duplicaron –pasaron de 1,2 a 2,6 millones– y la cobertura subió de 14 % a 25 % de la población: uno de cada cuatro peruanos ya vive en un hogar con acceso al servicio. Sin embargo, en 2025 la masificación moderó significativamente su ritmo respecto a años previos, al incorporar a unos 147 mil nuevos usuarios, por detrás de los 279 mil nuevos usuarios de 2024 y de los 288 mil de 2023.
Una desaceleración marcada por las revisiones tarifarias
El reporte señala varios casos, entre ellos el proceso tarifario de la Concesión Norte, a la que, en el marco de su primera revisión tarifaria (para el periodo 2025-2028), no se le reconoció cerca del 45 % de las inversiones eficientes realizadas hasta ese momento.
Debido a este proceso que fijó la nueva tarifa, la concesionaria Gases del Pacífico se vio obligado a frenar las inversiones para ampliar la cobertura y el número de nuevas conexiones se limitó drásticamente. Bajo la mirada del estudio, este no sería un caso aislado, porque otras concesiones enfrentan desafíos, como la fijación de la tarifa en Ica en 2022, donde las nuevas conexiones de Contugas cayeron de manera significativa. El informe advierte que esta situación podría alcanzar a Lima y Callao, donde el regulador reconoció cerca de 20 % menos inversiones de las sustentadas por Cálidda para 2026-2030.
Según el análisis, el problema se centra en un proceso de fijación tarifaria arbitrario y sin sustento técnico-legal, para obtener una competitividad artificial forzada sin medir las consecuencias sobre la sostenibilidad de la concesión.
Predictibilidad y viabilidad para la continuidad de las inversiones
El documento indica que estas problemáticas restan predictibilidad al sector, aspecto clave para la masificación y la ejecución de inversiones. “La masificación del gas natural en el Perú se hace con capital privado dentro de concesiones reguladas, de modo que la velocidad a la que avanza depende de si invertir en una red de distribución peruana sigue siendo un negocio previsible y rentable”, refiere.
En ese marco, se plantean algunos ajustes para mejorar la previsibilidad y estabilidad del sector. Estos son: someter a consulta la metodología de proyección de la demanda, prever una transición gradual hacia la primera tarifa regulada y contar con una instancia técnica independiente que revise las discrepancias. Suma a ello mejorar las reglas de designación del consejo directivo de Osinergmin.
El reporte también resalta la importancia de corregir la tarifa nivelada, una norma aprobada por insistencia del Congreso pese a las observaciones del Ejecutivo y que, tal como quedó redactada, excluye a los usuarios de mayor consumo. Para lograr la equidad en el acceso al gas natural competitivo en las regiones, el informe propone ampliar este mecanismo a todos los usuarios regulados.
Un nuevo ciclo político con una agenda para ampliar la cobertura del gas natural y generar demanda
El informe remarca que el nuevo ciclo político es una oportunidad para retomar el ritmo de la masificación, más aún cuando la gestión entrante la ha colocado entre sus prioridades en su programa de gobierno. El sector llega a este momento con una agenda madura: adendas negociadas durante años, proyectos con expediente técnico y una cartera de inversión privada que no depende del presupuesto público.
Al respecto, el reporte destaca cuatro proyectos para llevar el gas natural a más peruanos. El proyecto más avanzado es la adenda al contrato de Cálidda, que llevaría el gas natural a 15 localidades de siete regiones del centro y sur del país, con la misma tarifa de Lima y Callao. Supone una inversión de cerca de US$ 600 millones y beneficiaría inicialmente a más de 200 mil usuarios.
Los otros tres proyectos que definirían la llegada del gas natural al sur siguen sin fecha cierta: la extensión del gasoducto de transporte propuesta por Transportadora de Gas del Perú (TGP), con una inversión privada cercana a los US$ 2.100 millones, que el ministerio evalúa; el gasoducto regional del Cusco continúa en su estudio de perfil; y la nueva Concesión Sur Oeste se adjudicaría recién en 2028, aunque la administración provisional de Petroperú vence en diciembre de 2026.
Asegurar la oferta
El reporte indica que la masificación del gas natural requiere –además– el aseguramiento de la oferta. En ese sentido, el informe advierte que, en 2025, no se perforó un solo pozo exploratorio e indica que al ritmo de producción actual, las reservas probadas alcanzarían para unos 13 años. En Camisea, que concentra el 95 % de la producción, no se perfora un pozo exploratorio desde 2017 porque el plazo de los contratos no permitiría recuperar nuevas inversiones. Ante ello, el informe propone simplificar los permisos, revisar las condiciones de las licitaciones y modernizar la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
La afectación al ducto en el sistema principal de transporte, que se produjo el 1 de marzo de 2026 y redujo el suministro de Lima en cerca de 90 %, mostró además la necesidad de contar con nuevos proyectos que fortalezcan la seguridad energética del país, como almacenamiento y regasificación de GNL. El informe plantea concretarlos, analizando las diversas propuestas como una Unidad Flotante de Almacenamiento y Regasificación (FSRU, por sus siglas en inglés), microplantas de licuefacción y plantas de regasificación.
