El Gobierno oficializó la creación del delito de ‘criminalidad sistemática’, con cadena perpetua como castigo. Presentada como un golpe al crimen organizado, la medida no es más que otra apuesta legislativa de dudosa eficacia
El Congreso ha vuelto a confundir severidad con eficacia. Con la entrada en vigencia de la Ley N.° 32446, se ha creado el nuevo delito de criminalidad sistemática, que promete ser poco más que “un simple saludo a la bandera” (como dijera Caro Coria): mucho ruido, poca utilidad.
En teoría, la norma busca golpear a quienes, usando armas de fuego, municiones o explosivos, cometen delitos gravísimos: secuestro, extorsión, sicariato, homicidio calificado y robo agravado. Pero la fórmula legal presenta un error elemental. El texto utiliza la conjunción “y”, lo que obligaría —en una interpretación literal— a que el acusado cometa simultáneamente los cinco delitos para merecer la cadena perpetua. Una exigencia absurda que desnuda la improvisación legislativa.
Aun suponiendo que se “corrija” vía interpretación, la innovación es casi nula. Cuatro de los cinco delitos ya contemplan cadena perpetua cuando se utilizan armas de fuego. Se trata, entonces, de una lluvia sobre mojado: se endurece lo que ya era severo, con la esperanza de dar la sensación de “mano dura”.
Peor aún, el legislador incorpora un elemento propio del terrorismo: la exigencia de que la conducta genere “zozobra o terror en la población”. ¿Cómo probar ese efecto colectivo? Nunca se ha hecho. Se confunde el motivo de la ley con un requisito del tipo penal. Pero los motivos no son pruebas. Y en un proceso penal rige el principio de legalidad y la exigencia de certeza “más allá de toda duda razonable”. Esta imprecisión será un festín para las defensas.
El trasfondo es el mismo de siempre. Se legisla pensando en titulares, no en soluciones. La criminología comparada y la evidencia empírica lo confirman: más penas no significan menos delitos. Por el contrario, figuras superpuestas entorpecen procesos, alargan juicios y favorecen la impunidad.
La sociedad exige seguridad, pero lo que recibe son leyes simbólicas, construidas más para el aplauso que para la eficacia. El resultado es un derecho penal inflado, incoherente y cada vez más alejado de la realidad. En lugar de fortalecer la prevención, la investigación policial y la capacidad judicial, seguimos sumando delitos inútiles. Criminalidad sistemática: otro ejemplo de cómo se legisla en el Perú con más ansiedad que sensatez.
¿Y entonces qué hacer?
El endurecimiento punitivo no es la respuesta. Lo sabemos por la experiencia comparada y por la evidencia en casa. Si de verdad queremos enfrentar la criminalidad organizada y violenta, hacen falta reformas serias en cuatro frentes:
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Prevención inteligente: programas sociales para jóvenes en riesgo, reducción de la deserción escolar y oportunidades laborales que resten espacio al reclutamiento criminal.
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Policía profesional y tecnología: depuración interna, mejor formación y uso real de inteligencia criminal con seguimiento financiero, análisis de redes y herramientas tecnológicas modernas.
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Justicia rápida y especializada: tribunales y fiscalías enfocadas en crimen organizado, con recursos para procesos ágiles que cierren brechas sin normas simbólicas.
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Cárceles seguras y reinserción: control efectivo de penales, infraestructura moderna y programas de rehabilitación que eviten que las prisiones sigan siendo escuelas del delito.
La salida es integral
El crimen no se derrota con leyes simbólicas ni con promesas de “mano dura”. Se combate con inteligencia, prevención y un sistema de justicia eficiente. Todo lo demás es populismo punitivo que entretiene a la opinión pública mientras los delincuentes siguen operando.
