Las lluvias intensas y los posibles escenarios de sequía podrían comprometer la estabilidad de depósitos de relaves, afectar fuentes de agua y generar consecuencias económicas y ambientales. La cuenca del río Rímac figura entre las zonas que requieren especial atención.
El avance del fenómeno de El Niño plantea nuevos desafíos para el sector minero peruano. Además de sus posibles efectos sobre la producción, el transporte y la disponibilidad de recursos hídricos, las condiciones climáticas extremas podrían incrementar los riesgos ambientales asociados a los depósitos de relaves mineros.
Una alerta que merece especial atención: el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) ha identificado 58 unidades mineras fiscalizables distribuidas en 14 regiones del país, cuyos depósitos de relaves presentan exposición a riesgos hidrometeorológicos.
La información, difundida por el diario Gestión, pone sobre la mesa un problema que trasciende la actividad extractiva: la vulnerabilidad de determinadas infraestructuras mineras frente a eventos climáticos extremos y sus potenciales consecuencias para las poblaciones, los ecosistemas y las fuentes de abastecimiento de agua.
Catorce regiones bajo observación
Las regiones donde se han identificado unidades mineras con depósitos de relaves expuestos a riesgos son La Libertad, Cajamarca, Áncash, Lima, Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ica, Ayacucho, Apurímac, Puno, Arequipa y Moquegua.
El principal riesgo está relacionado con las lluvias intensas que podrían comprometer la estabilidad estructural de los diques de contención, ocasionar rebosamientos y generar alteraciones en las condiciones geotécnicas de los depósitos.
El problema no termina en la infraestructura minera. Los relaves pueden contener metales pesados y otras sustancias potencialmente contaminantes que, ante una eventual filtración, desborde o arrastre de sedimentos, podrían afectar las aguas superficiales y subterráneas, los suelos y los ecosistemas acuáticos.
Asimismo, una eventual contaminación de las fuentes de agua tendría repercusiones sobre actividades esenciales como el consumo humano y la agricultura, especialmente en territorios donde las comunidades dependen directamente de los recursos hídricos cercanos.
El río Rímac: una preocupación para Lima
Uno de los escenarios que merece especial atención es la cuenca del río Rímac, principal fuente de abastecimiento de agua para Lima y Callao.
De acuerdo con la información difundida por Gestión, el exviceministro de Gestión Ambiental José de Echave advirtió sobre la necesidad de prestar atención a los depósitos de relaves ubicados en las partes altas de la región Lima, debido a los posibles impactos que podrían generar las lluvias intensas.
En esta cuenca se han identificado, mediante informes técnicos del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), cuatro depósitos que requieren especial vigilancia: Cerro Tamboraque, Huampar, Triana y Millotingo, ubicados en la provincia de Huarochirí.
El caso de Millotingo resulta particularmente relevante. Un informe técnico del Ingemmet, emitido en mayo de 2026, advirtió que las precipitaciones excepcionales podrían desencadenar erosión de laderas, derrumbes, caída de rocas y flujos que representarían un peligro para el depósito de relaves.
La preocupación es evidente: cualquier incidente que comprometa la calidad del agua en la cuenca del Rímac podría tener repercusiones que alcancen a millones de habitantes de la capital.
Minería ilegal: un riesgo ambiental adicional
A los riesgos vinculados con los depósitos de relaves de operaciones mineras formales se suma otro problema: el crecimiento de la minería informal e ilegal.
Las actividades extractivas que se desarrollan sin adecuados controles ambientales, especialmente en zonas vulnerables, pueden incrementar los procesos de contaminación cuando se presentan lluvias intensas, inundaciones y huaicos.
José de Echave también ha advertido sobre esta situación en zonas como Tambogrande, en Piura, donde existe actividad minera ilegal y una importante exposición a los efectos del fenómeno de El Niño.
Este escenario evidencia que la gestión ambiental no puede concentrarse exclusivamente en las operaciones mineras fiscalizadas. También debe considerar las actividades extractivas ilegales que operan al margen de los controles y estándares ambientales.
El otro extremo: la escasez de agua y el impacto económico
El fenómeno de El Niño no representa únicamente una amenaza por exceso de precipitaciones. También puede generar escenarios de déficit hídrico en determinadas zonas del territorio nacional.
Según los pronósticos meteorológicos difundidos por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), hasta marzo de 2027 se prevén condiciones diferenciadas: lluvias superiores a los promedios históricos en sectores de la costa y la sierra occidental, mientras que algunas zonas de la sierra centro-oriental y sur-occidental podrían experimentar déficit de precipitaciones.
Esta situación también tendría consecuencias sobre la actividad minera, particularmente en el sur del país, donde la disponibilidad de agua resulta fundamental para diversos procesos productivos.
A ello se suman los posibles daños a carreteras, infraestructura energética, instalaciones industriales y sistemas de transporte, elementos indispensables para mantener la continuidad de las operaciones mineras.
Por tanto, el impacto de El Niño podría extenderse a toda la cadena de valor de la minería, elevando los costos operativos, comprometiendo la productividad y obligando a determinadas empresas a reducir temporalmente sus actividades o paralizar operaciones por razones de seguridad.
Prevención y fiscalización: una responsabilidad impostergable
Frente a este panorama, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) ha exhortado a los titulares de actividades mineras a reforzar sus medidas de prevención y contingencia, con el objetivo de reducir los posibles impactos sobre el ambiente, la salud, la infraestructura y los bienes públicos y privados.
La normativa ambiental contempla, además, la posibilidad de implementar medidas de contingencia adicionales a las previstas en los instrumentos de gestión ambiental, cuando existan situaciones de riesgo asociadas a fenómenos naturales.
Por su parte, el OEFA ha solicitado información a los titulares de las unidades mineras identificadas para conocer sus planes de contingencia y las acciones adoptadas. La entidad también prevé verificar la adecuación de los componentes críticos y realizar el seguimiento correspondiente.
Sin embargo, la magnitud del riesgo exige que estas acciones no se limiten a requerimientos documentarios o inspecciones posteriores a una emergencia. Se necesita una política preventiva que permita anticipar escenarios críticos, verificar la estabilidad de los depósitos, evaluar los sistemas de drenaje y contención y garantizar mecanismos oportunos de respuesta.
Una oportunidad para fortalecer la sostenibilidad minera
El Perú es un país cuya economía tiene en la minería uno de sus principales motores de generación de divisas, inversión, empleo y recaudación fiscal. No obstante, la importancia económica de esta actividad también implica una mayor responsabilidad en la protección del patrimonio natural y de las comunidades ubicadas en sus zonas de influencia.
El fenómeno de El Niño constituye una prueba para la capacidad de prevención del Estado y la responsabilidad ambiental de las empresas mineras.
La gestión de los relaves, la protección de las fuentes de agua y la preparación frente a eventos climáticos extremos deben convertirse en prioridades de la agenda minera nacional.
No se trata de contraponer desarrollo económico y protección ambiental. Por el contrario, la sostenibilidad de la minería depende de su capacidad para prevenir riesgos, cumplir los estándares ambientales y garantizar que sus operaciones no comprometan los recursos naturales de los que también depende el desarrollo del país.
La verdadera fortaleza de la minería peruana no debe medirse únicamente por sus niveles de producción y exportación, sino también por su capacidad de operar responsablemente, anticiparse a los riesgos climáticos y proteger el agua, el territorio y la calidad de vida de los peruanos.