En mayo pasado, el congresista José Jerí Oré de Somos Perú, actual presidente de la Mesa Directiva 2025-2026 presentó dos proyectos de ley que hoy generan debate. El primero (11460/2024-CR) propone exonerar del impuesto a la renta a nuevas micro y pequeñas empresas para impulsar la formalización. El segundo (11011/2024-CR) plantea condonar más de S/ 242 millones de deuda tributaria a la Fuerza Aérea del Perú, según informe de Comex Perú.
Ambas iniciativas parten de buenas intenciones, pero adolecen de un problema común: ofrecen salidas simples a problemas complejos. En el caso de la formalización, la experiencia demuestra que no basta con eliminar tributos para que un negocio salga de la informalidad. Lo que realmente desincentiva es la maraña de trámites, la duplicidad de requisitos y los sobrecostos regulatorios. Reformas como dar mayor vigencia al certificado ITSE o crear una ventanilla única digital serían medidas más eficaces que un alivio tributario temporal.
En cuanto a la condonación de la deuda de la FAP, la propuesta abre un flanco aún más sensible. Si bien la institución necesita fortalecer capacidades, perdonar sus obligaciones fiscales rompe con la igualdad frente a la ley y sienta un precedente peligroso: ¿por qué se condonaría a una entidad pública lo que nunca se permitiría a un contribuyente común? Existen alternativas —como fraccionamientos especiales o esquemas de colaboración con el sector privado— que no erosionan la disciplina tributaria.
El Estado no puede darse el lujo de debilitar sus ingresos con paliativos que solo maquillan los problemas. Menos aún puede justificar privilegios para quienes se niegan a cumplir sus deberes tributarios. La formalización no se decreta y la defensa nacional no se sostiene con exoneraciones caprichosas. El país necesita políticas públicas serias, no atajos legislativos: visión de futuro, disciplina fiscal y respeto a los principios que garantizan un sistema justo y sostenible.
