El Estado ha mostrado ineficiencia en la prestación de servicios públicos en el Perú. A pesar de que las empresas privadas poseen una mayor capacidad para brindar servicios de calidad, el Legislativo sigue proponiendo leyes que incrementan la participación de las empresas estatales, poniendo en riesgo el desarrollo económico del país y el bienestar de los ciudadanos.
La gestión estatal de los servicios públicos en Perú ha generado pérdidas monetarias, corrupción, copamiento de cargos públicos, provisión insuficiente de servicios y precios inadecuados. Las empresas públicas están sujetas a regulaciones improductivas sin un control efectivo de rendimiento o eficacia, lo que impacta negativamente a los contribuyentes y desincentiva la inversión privada. Esta situación obstaculiza la generación de recursos necesarios para mejorar la prestación de servicios públicos y contribuye al déficit fiscal y la inflación.
Ejemplos de entidades públicas ineficientes que generan gastos no productivos con recursos públicos incluyen Petroperú, Córpac y algunas prestadoras de servicios de saneamiento (EPS). Petroperú, el caso más destacado, sumido en la burocracia y preso de sus sindicatos, registró pérdidas de hasta US$ 823 millones en 2023. Córpac ha demostrado falta de sentido de urgencia en la administración de aeropuertos, poniendo en riesgo la vida de millones de personas diariamente. Según informe de Comex Perú.
Sorprendentemente, por motivos ideológicos, siguen presentándose iniciativas legislativas que afianzan la ineficiencia de la gestión estatal, cerrando las puertas a esquemas de colaboración público-privada. Como informa Comex Perú, es el proyecto de ley 7350/2023-CR, que propone eliminar la posibilidad de concesionar al sector privado la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, argumentando una supuesta afectación a la Constitución.
Contrariamente a lo señalado, permitir la colaboración público-privada en la gestión de servicios públicos no solo no contraviene la Constitución, sino que es necesario ante la crítica situación del servicio de saneamiento en el país. En ningún caso el Estado cede la titularidad del servicio público, sino que conserva potestades regulatorias y fiscalizadoras, además de establecer garantías mínimas sobre la prestación de estos servicios. La colaboración público-privada permitiría al Estado reducir el gasto público, redistribuir recursos hacia áreas de mayor necesidad, gestionar el riesgo de manera más efectiva y aprovechar las buenas prácticas del sector privado.
Otras iniciativas recientes, como informa Comex Perú, los proyectos 5799/2023-CR, 5978/2023-CR y 6134/2023-CR, proponen la creación de plantas estatales de litio, energía y uranio, mientras que el proyecto 7725/2023-CR sugiere la comercialización de combustible por parte de Petroperú en grifos propios. Estas propuestas ignoran la posible participación de empresas privadas que podrían competir en estos sectores y priorizan incorrectamente, desatendiendo urgencias como el acceso a salud, educación y seguridad. Al invertir recursos en nuevas aventuras empresariales, se corre el riesgo de malgastar fondos que podrían destinarse a áreas críticas.
La iniciativa privada suele generar mayor eficiencia en la provisión de servicios en comparación con la pública. A diferencia del Estado, el sector privado gestiona los servicios como una verdadera empresa: si hay pérdidas económicas, las asume ella misma, no los contribuyentes. El sector privado elimina la burocracia y los privilegios para los trabajadores, ya que sus beneficios son los mismos que los de cualquier empleado del sector. Además, si una empresa privada incurre en negligencia, asumiría las consecuencias mediante el pago de multas e, incluso, con el despido de los responsables.
Otra ventaja de la gestión privada es su capacidad para realizar grandes inversiones en tecnología avanzada y conocimientos técnicos, asegurando así que quienes proveen el servicio estén mejor equipados, lo cual garantiza la calidad y la eficiencia del servicio ofrecido.
La intervención del Estado en la gestión de estos servicios debería limitarse a los casos donde exista ausencia o insuficiencia de las prestaciones gestionadas por el sector privado. De esta manera, el Estado cumpliría su rol de asegurar una mayor calidad y eficacia en la prestación de los servicios públicos.
