El reclamo tiene su origen en un supuesto perjuicio económico ocurrido en 2002, antes de que América Móvil adquiriera AT&T Perú. La cuantificación de la indemnización, su actualización y la titularidad del presunto derecho de cobro forman parte de las controversias que deberá resolver el Poder Judicial.
Una controversia que se remonta a más de dos décadas vuelve a poner bajo escrutinio a América Móvil, operadora de Claro en Perú. La compañía reclama S/ 309 millones a Integratel, anteriormente Telefónica del Perú, por un supuesto perjuicio económico que habría afectado a AT&T Perú en 2002.
Sin embargo, más allá del monto solicitado, el caso plantea interrogantes sobre cómo se calculó la indemnización, qué elementos respaldan la valorización presentada y si el actual demandante cuenta con la titularidad del derecho que pretende cobrar.
Uno de los aspectos que genera mayor discusión es la dimensión económica del reclamo. La suma exigida supera ampliamente el valor por el que fue adquirida AT&T Perú y más del 54% del monto total correspondería a la actualización de la cifra originalmente reclamada. Este componente abre el debate sobre la metodología empleada y los criterios utilizados para determinar el valor final.
A ello se suma el cuestionamiento al informe presentado por la Universidad ESAN para sustentar la cuantificación del supuesto perjuicio. Según los cuestionamientos formulados sobre dicho documento, este habría sido elaborado por un profesional de ingeniería mecánica y no por especialistas en economía, además de no contar con documentación financiera suficiente que permita contrastar los cálculos expuestos. La solidez técnica de este informe será uno de los aspectos relevantes para evaluar la pretensión indemnizatoria.
También debe distinguirse entre los antecedentes administrativos y la responsabilidad civil. Si bien el caso tiene relación con actuaciones previas de Osiptel, una eventual sanción del organismo regulador no acredita automáticamente la existencia de un daño indemnizable ni establece por sí misma el monto de una reparación económica.
La titularidad del reclamo, otro punto por resolver
La cadena de adquisiciones de AT&T Perú también introduce una cuestión relevante. La compañía pasó a manos de Telmex en 2004 y posteriormente quedó bajo el control de América Móvil en 2012. En ese contexto, corresponde determinar si el eventual derecho indemnizatorio formó parte de los activos transferidos y si existe documentación que acredite su incorporación a las operaciones societarias.
La controversia judicial tampoco cuenta todavía con una decisión definitiva. La Cuarta Sala Civil declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia al identificar vicios procesales que habrían afectado el debido proceso y el derecho de defensa. Por ello, el caso deberá ser nuevamente evaluado antes de establecer si corresponde reconocer la indemnización solicitada.
El frente regulatorio de Claro
A esta controversia se suma el escrutinio regulatorio que enfrenta Claro por la comercialización ambulatoria de chips, una práctica prohibida debido a los riesgos de suplantación de identidad, fraude y utilización de líneas telefónicas en actividades delictivas.
De acuerdo con información de Osiptel recogida por la agencia Andina, durante 2026 Claro y Bitel concentraron el 60,03% de las multas impuestas por infracciones relacionadas con estas prácticas.
En conjunto, ambos escenarios colocan a América Móvil frente a cuestionamientos de distinta naturaleza: por un lado, una millonaria pretensión indemnizatoria cuya sustentación económica y titularidad aún deben resolverse judicialmente; por otro, observaciones regulatorias vinculadas a sus prácticas de comercialización.
El desarrollo de estos casos será determinante para establecer las responsabilidades correspondientes y sus eventuales consecuencias económicas y regulatorias.