El gobierno de Pedro Castillo ha tenido consecuencias devastadoras para el Perú, sumiéndonos en una crisis profunda y generando numerosos problemas. La falta de experiencia técnica, la corrupción generalizada, la incapacidad para abordar los desafíos de la ciudadanía, el retroceso en la inversión privada y el aumento de la pobreza nos han llevado al límite. Aunque se ha registrado cierto avance hacia una situación ligeramente más favorable, todavía nos encontramos flotando a la deriva, sin una visión clara sobre cómo recuperar el crecimiento económico y combatir la pobreza de manera efectiva.
Los indicadores nos indican que hemos retrocedido en la lucha contra la pobreza, con un incremento de 1.6 puntos porcentuales en 2022, afectando a un preocupante 27.5% de la población, es decir, 9.2 millones de personas en condiciones de pobreza, 682,000 más que en 2021.
La economía también ha perdido dinamismo, con un crecimiento de apenas 2.7% en 2022. En el primer trimestre de este año, sufrimos una contracción del 0.4%, la primera desde 2020, en gran medida debido a la caída del 12% en la inversión privada. En cuanto a la producción, sectores como la construcción experimentaron una caída del 11.5%, mientras que la minería e hidrocarburos solo creció un 0.4%.
Las proyecciones para 2023 no son alentadoras. Según el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), se espera un crecimiento económico del 2.6%, pero la inversión privada se reduciría en un 0.5%. Sin embargo, analistas privados como Apoyo Consultoría proyectan que el crecimiento económico alcanzaría apenas el 1.7%, con una disminución del 2% y 5% en la inversión pública y privada, respectivamente.
Nuestra economía se encuentra débil y estancada en términos de inversión privada, lo que dificulta la generación de empleo y la mejora de los ingresos familiares. Además, la alta inflación ha disminuido el poder adquisitivo, afectando especialmente a los más pobres.
Si bien el gobierno de la presidenta Boluarte representa una mejora en comparación con la administración anterior, con la vuelta de la tecnocracia como uno de los aspectos más destacados, aún se necesitan mensajes y acciones claras que marquen el rumbo del país. Entonces, ¿qué necesitamos?
En primer lugar, se requiere un compromiso sólido con la inversión privada y la eliminación de obstáculos para la ejecución de proyectos. Esta es la fuerza motriz de la economía y el empleo formal, y es urgente que se realicen anuncios de grandes inversiones para reactivar el país.
En segundo lugar, es necesario dejar en claro el papel subsidiario del Estado. La historia nos ha demostrado en repetidas ocasiones los fracasos de la actividad empresarial estatal, y aún persisten ejemplos de ello, como en el sector de los hidrocarburos. El Estado no es la solución, y es vital promover la participación del sector privado en la economía.
En tercer lugar, debemos impulsar los motores de crecimiento y desarrollo, como la minería, la agricultura y el turismo. Estos sectores tienen un enorme potencial para generar empleo y fomentar la prosperidad económica.
Por último, necesitamos un Estado eficiente que cumpla con su rol de inversor responsable de los recursos recaudados a través de impuestos, canon y regalías, para ofrecer mejores servicios públicos a la población. Es fundamental que el Gobierno central, los gobernadores y los alcaldes trabajen de manera articulada para cerrar las brechas de acceso a servicios básicos, como salud, educación, agua y saneamiento, estableciendo metas claras y rindiendo cuentas de los avances logrados.
Tenemos tres años por delante y es hora de gobernar en lugar de seguir a la deriva. Se requiere una definición firme y clara del rumbo del país. Perú necesita un liderazgo decidido que tome las riendas y establezca una visión estratégica que nos saque de las aguas turbulentas y nos conduzca hacia la estabilidad, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza.
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Foto: archivo/Rumbo Económico
