El Perú tiene capital, recursos y oportunidades de negocio fuera de Lima, pero convertir ese potencial en más inversión, empleo y desarrollo requiere la participación coordinada de empresas, gremios, gobiernos regionales, municipios y Gobierno nacional.
Cada actor tiene un papel para generar condiciones que impulsen nuevos proyectos y fortalezcan las economías regionales.
Esta será una de las principales discusiones de CADE Ejecutivos 2026, que se realizará del 24 al 26 de noviembre en Urubamba, Cusco, bajo el lema “Unidos para Avanzar”, y que pondrá a las regiones en el centro de la conversación sobre crecimiento, inversión y desarrollo.
Precisamente, esta conversación tendrá un espacio central en el panel “¿Cómo generamos más crecimiento empresarial en las regiones? La visión de los empresarios de los sectores productivos”; el cual tendrá como expositor a Felipe James, Presidente de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), y que abordará las condiciones para invertir fuera de Lima, el uso de presupuestos y canon, así como las expectativas de empresarios y autoridades regionales.
Crear condiciones para invertir
La inversión requiere reglas que permitan tomar decisiones con una mirada de largo plazo, pero también una gestión pública que facilite su puesta en marcha. Según la encuesta de Ipsos para CADE Ejecutivos 2025, 55% de los ejecutivos considera importante que los candidatos mantengan un compromiso con la estabilidad económica y el Banco Central de Reserva, mientras que 48% valora la calidad del equipo técnico que acompañará al próximo gobierno.
En este escenario, cada actor tiene un rol. El Gobierno nacional debe contribuir con reglas estables y seguridad jurídica; las autoridades regionales y locales, con condiciones favorables para la actividad productiva; y las empresas, con inversiones que generen empleo formal, desarrollen proveedores y fortalezcan las cadenas productivas de cada territorio.
Esta coordinación también debe reflejarse en la ruta que sigue una inversión. 20% de los líderes empresariales identifica la reducción de trámites y la eliminación de trabas como una de las medidas con mayor impacto para reactivar la inversión privada.
Por ello, avanzar hacia una ruta de inversión más clara y predecible requiere requisitos transparentes, responsables identificados y una mayor coordinación entre entidades.
Una responsabilidad compartida
Las regiones cuentan con recursos y oportunidades para impulsar nuevas inversiones. Al 5 de agosto de 2026, las transferencias por canon minero alcanzaron S/9.564,1 millones, 36,8% más que todo lo transferido durante 2025. El potencial es significativo: 12 departamentos concentran el 73,7% de la producción nacional, mientras que las exportaciones de bienes provenientes de las regiones del interior alcanzaron US$54.780 millones entre enero y julio de 2026, más del 86% del total nacional.
El desafío será convertir esos recursos en infraestructura, servicios y proyectos que generen actividad económica. Para ello, las autoridades regionales y locales deberán fortalecer sus equipos técnicos, formular proyectos viables, gestionar permisos y coordinar con el Gobierno nacional y el sector privado.
Por su lado, las empresas pueden aportar inversión, tecnología y capacidades para desarrollar proyectos y proveedores locales, mientras que los gremios empresariales pueden identificar oportunidades productivas y articular a distintos sectores.
Responder a estos desafíos requiere una agenda compartida. Las empresas pueden apostar por inversiones de largo plazo y cadenas de valor locales; las cámaras de comercio y gremios, articular propuestas y oportunidades; los gobiernos regionales y municipios, generar capacidades para atraer proyectos; y el Gobierno nacional, establecer reglas estables, impulsar infraestructura y facilitar la coordinación entre niveles del Estado.
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