· A pocas semanas de las elecciones generales, tres iniciativas legislativas impulsadas desde el Congreso de la República buscan reabrir el REINFO Pesquero.
· La propuesta que otorgaría irregularmente permisos de pesca a más de 2000 embarcaciones, ha generado cuestionamientos en el sector pesquero, donde se advierten riesgos legales y para la sostenibilidad de la pota.
El Sistema de Formalización de Embarcaciones de la Pesca Artesanal (SIFORPA II), actualmente conocido como “REINFO Pesquero”, fue creado en 2018 como un mecanismo temporal que, al cierre de su vigencia, permitió regularizar alrededor de 2400 embarcaciones.
Sin embargo, cerca de 2000 expedientes (papeles sin sustento) quedaron fuera del proceso al no haber acreditado la existencia de las naves dentro del plazo establecido que se agotó en 2023.
En esa línea, y a pocos días de las elecciones, las propuestas legislativas impulsadas por los congresistas José Pazo, Jorge Marticorena y Miguel Ciccia —estos dos últimos en búsqueda de su reelección— han sido cuestionadas por favorecer situaciones de ilegalidad, reabriendo el debate sobre el equilibrio entre formalización y control en la actividad pesquera.
Desde la actividad productiva, Elsa Vega, presidenta de la Sociedad Nacional de Pesca Artesanal del Perú (SONAPESCAL), señaló que el proceso de formalización tuvo condiciones claras y plazos definidos.
“El proceso de formalización concluyó en julio de 2023 y quienes contábamos con embarcaciones cumplimos con el procedimiento. Quienes no lo hicieron fue, principalmente, porque no pudieron acreditar la existencia de sus embarcaciones y, posiblemente, inscribieron barcos que nunca existieron. Reabrirlo genera incertidumbre, afecta a quienes sí cumplieron y distorsiona el ordenamiento del sector”, indicó.
Por su parte, Alfonso Miranda, presidente del Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante del Pacífico Sur (CALAMASUR), advirtió que un incremento de la flota no solo elevaría la presión sobre recursos como la pota, sino que también generaría una sobreoferta en los puntos de desembarque.
“Según los informes del IMARPE, desde 2021 la pota ya se encuentra plenamente explotada. Esto significa que aumentar la flota pesquera podría afectar la biomasa de este recurso y, además, como ya se ha visto en los últimos años, generar sobreoferta en los muelles, lo que termina impactando en la reducción de los precios en playa”, explicó Miranda.
En el ámbito legal, también se han planteado cuestionamientos. Piero Rojas, asesor legal de la Fundación Innovations for Ocean Action (I4OA), sostuvo que una eventual regularización de embarcaciones de origen ilegal podría generar conflictos con el marco constitucional.
“Las iniciativas no son nuevas. Propuestas similares ya fueron presentadas y no prosperaron, tras observaciones y negativas rotundas del Ministerio de la Producción y de la autoridad marítima, que han señalado que el proceso agotó su vigencia y que su reapertura resultaría jurídicamente inviable. Asimismo, advirtieron que flexibilizar sus condiciones podría afectar la seguridad jurídica y dificultar la fiscalización de la actividad pesquera”, indicó Rojas.
En este contexto, representantes del sector coinciden en que el debate debería centrarse en reforzar la fiscalización y combatir la pesca ilegal, en lugar de reabrir, ilícitamente, procesos concluidos.
27 de marzo de 2026
CALAMASUR
