A diario, se registran más de 4700 robos de teléfonos móviles en el territorio nacional. Las sanciones serán agravadas si el infractor emplea explosivos o vehículos a motor para cometer el delito.
En la reunión del lunes, 16 de octubre, el Consejo de Ministros dio el visto bueno a un decreto legislativo destinado a fortalecer las medidas de prevención y combate contra la venta ilícita de teléfonos móviles en Perú. Esta acción se enmarca en las facultades legislativas conferidas por el Congreso de la República en el ámbito de la seguridad ciudadana, según informó el jefe del Gabinete Ministerial, Alberto Otárola.
Robo de celulares si se perpetra en moto es agravante
Mediante un comunicado oficial, la Presidencia del Consejo de Ministros informó que la medida implica una enmienda al Código Penal en lo que respecta al delito de robo agravado, incluyendo el robo de dispositivos móviles, computadoras u objetos afines como un agravante. En virtud de esta modificación, la pena asociada a esta conducta delictiva será de 12 a 20 años de prisión, y se elevará a 20 a 30 años cuando se hagan uso de explosivos o vehículos motorizados en la perpetración del delito.
Asimismo, el decreto legislativo introduce la figura de receptación, que engloba la entrega de documentos con el fin de ocultar, encubrir o disfrazar el origen ilícito de los bienes o sus componentes. Del mismo modo, se incorporan dos tipos penales: la posesión ilegítima de SIM cards activados y la comercialización de equipos con IMEI alterado, reemplazado o duplicado.
Otra medida del gobierno
A principios de octubre, el Ejecutivo, en virtud de la autorización otorgada, emitió un decreto legislativo que modifica el nuevo Código Procesal Penal con respecto al proceso policial de control de identidad, con el propósito de extender el período en el caso de ciudadanos extranjeros que no presenten la documentación correspondiente.
La norma establece que, en el caso de los extranjeros, no se puede exceder las 12 horas para su plena identificación, plaza que se contará desde la intervención policial.
