El Perú enfrenta desafíos de burocracia e informalidad
Decisión tomada en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, se ha aprobado el proyecto de ley N° 4952-2022 que busca prevenir el cierre arbitrario de locales comerciales y pequeños negocios por parte de los municipios en el Perú. La medida ha generado un respaldo masivo por parte de los gremios de pequeños empresarios y la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), quienes se han movilizado para exigir su pronta aprobación en el Legislativo.
Uno de los problemas señalados es el poder discrecional de los inspectores municipales, quienes tienen la facultad de cerrar un negocio utilizando criterios no expresamente establecidos en la ley y los reglamentos. Esto ha llevado a situaciones en las que un inspector edil puede cerrar un local por motivos diversos, como la ubicación de salidas, la distribución de la cocina, la disposición de baños y servicios eléctricos, o la falta de documentación actualizada. Esta discrecionalidad en el poder de los burócratas locales ha generado un desequilibrio importante frente a la sociedad y los pequeños empresarios, especialmente considerando que el 85% de las empresas en el país son micro y pequeñas (mypes) y cerca del 80% del empleo proviene de estas unidades.
El cierre temporal de un negocio puede llevar a la quiebra del ahorro familiar de varias generaciones y afectar gravemente a los mercados emergentes, como Gamarra, donde el cierre de un local o el cuestionamiento de espacios puede resultar en el cierre de toda una galería y afectar a numerosas familias. Esta situación ha contribuido a la alta informalidad en la sociedad peruana. Además, el poder discrecional de los inspectores ediles se ha convertido en un sistema propenso a la corrupción, extorsión, sobornos y donaciones irregulares, especialmente en los mercados informales y emergentes.
En respuesta a esta problemática, los gremios de pequeños empresarios, como la Asociación de Bodegueros del Perú, la Asociación de Empresarios de la Panadería y la Pastelería, y representantes de Gamarra y otros mercados emergentes, han respaldado abiertamente el dictamen de la Comisión de Constitución y han exigido la pronta aprobación del proyecto de ley en el pleno legislativo. Alfonso Bustamante Canny, presidente de la Confiep, ha solicitado que el proyecto se convierta en ley, destacando la necesidad de regular los cierres de locales para prevenir los abusos por parte de los funcionarios ediles.
Además, varios gremios empresariales, entre ellos la Confiep, la Cámara de Comercio de Lima, la Sociedad Nacional de Industrias, la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, la Asociación de Empresarios de Gamarra, la Federación de Emolienteros y Afines, y la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, se han unido y movilizado para promover la aprobación de este proyecto de ley bajo las consignas “¡Déjennos trabajar!” y “¡Basta de abusos!”.
Esta aprobación del proyecto de ley es un avance significativo para proteger los derechos de los pequeños empresarios y brindar mayor seguridad jurídica en el ámbito comercial. Sin embargo, es importante destacar que el excesivo poder de los burócratas en los gobiernos central, regional y local se atribuye al predominio de la cultura y las narrativas progresistas en la sociedad, que han demonizado al empresario y han propiciado un mayor empoderamiento de la burocracia. Esta situación debe ser considerada para lograr un equilibrio adecuado en las políticas públicas y promover el desarrollo económico del país.
Se espera que este proyecto de ley sea discutido y aprobado en el pleno legislativo en el menor tiempo posible, brindando así una mayor protección a los pequeños empresarios y generando un entorno más favorable para el crecimiento económico y la creación de empleo en el Perú.
