La renuncia de José Ávila a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) ha sacudido los ya debilitados cimientos de una de las instituciones más politizadas en la historia republicana del Perú. Este suceso, desencadenado por acusaciones de favores políticos entre miembros de la JNJ y figuras gubernamentales, no solo ejemplifica la corrupción arraigada en el sistema judicial, sino que también refleja un fracaso sistémico de proporciones monumentales. José Ávila, tras ser vinculado por el colaborador eficaz Jaime Villanueva en presuntos intercambios de favores políticos con el ex ministro de Justicia Félix Chero durante su presidencia en la JNJ, ha decidido renunciar a su cargo. Esta decisión es un claro indicador del rotundo fracaso de una de las instituciones más politizadas en la historia del sistema judicial peruano.
El episodio pone de manifiesto cómo, bajo el amparo de la JNJ, se ha desatado una lucha por el control de las instituciones judiciales, comparable a los períodos más oscuros del autoritarismo en el país, como el velasquismo y el montesinismo de los años noventa. La politización extrema y los presuntos actos de corrupción dentro de la JNJ han minado la confianza en el sistema judicial peruano y han generado una profunda crisis de legitimidad. Ante esta situación, es fundamental tomar medidas urgentes para restaurar la integridad y la imparcialidad en el sistema judicial. La rendición de cuentas y la transparencia deben convertirse en pilares fundamentales de cualquier reforma destinada a reconstruir la confianza en las instituciones judiciales del país.
La JNJ, concebida para ser un bastión de imparcialidad y justicia, se ha transformado en un campo de batalla para el faccionalismo desenfrenado. Este faccionalismo ha permeado incluso en el manejo de asuntos cruciales en la Fiscalía, donde la celeridad en algunos casos contrasta con la negligencia flagrante en otros.
La acusación constitucional presentada por el congresista Jorge Montoya contra los miembros de la JNJ, solicitando su inhabilitación por diez años, es una medida necesaria y urgente. Nadie, especialmente aquellos encargados de nombrar y sancionar a los magistrados, puede situarse por encima de la Constitución y la ley.
El problema no se limita a las disputas internas de la JNJ; la provisionalidad en las altas esferas judiciales está socavando la credibilidad y la eficacia del sistema judicial. Con solo una fracción de los magistrados de la Corte Suprema ocupando posiciones permanentes, la provisionalidad se ha convertido en una fuente de influencia indebida y arbitrariedad. Esta incertidumbre se propaga hacia abajo, infectando las instancias inferiores y obstaculizando la administración de justicia.
La politización rampante de la justicia ha transformado el espacio público en un campo de batalla judicial, donde las rivalidades políticas son dirimidas en lugar de los asuntos de gobernabilidad y crecimiento económico. Esta situación debe ser abordada con urgencia.
Es fundamental tomar medidas concretas para restaurar la integridad del sistema judicial peruano. En primer lugar, se debe proceder con la inhabilitación de los miembros corruptos de la JNJ, enviando un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada. Además, se requieren reformas constitucionales y legales para desbloquear el estancamiento del sistema judicial. Propuestas como la creación de una Escuela Nacional de la Magistratura, presentada por la congresista Gladys Echaíz, y la revisión de normativas procesales penales que contradicen los tratados internacionales son pasos en la dirección correcta.
En resumen, el Perú se encuentra en un punto crítico en su búsqueda de una justicia imparcial y efectiva. El Congreso, investido con la autoridad y la responsabilidad de salvaguardar el Estado de derecho, no puede eludir esta tarea monumental. La reforma del sistema judicial es esencial para restaurar la confianza en las instituciones y garantizar que la justicia prevalezca sobre la corrupción y la politización.
