La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso ha aprobado recientemente dos proyectos de Ley 2956/2022-CR y 2210/2021-CR, que obligana las aerolíneas ofrezcan a los pasajeros la libre elección de asiento y la posibilidad de transportar hasta 10 kg de equipaje sin costo adicional en los boletos aéreos.
Sin embargo, este tipo de medidas populistas no solo son inconstitucionales, sino que también tendrán graves consecuencias en el mercado y afectarán negativamente a los ciudadanos.
En primer lugar, es importante destacar que el transporte aéreo es un mercado altamente competitivo que ha experimentado una importante mejora en la conectividad del país y en la oferta de tarifas flexibles y personalizadas. De hecho, entre 2011 y 2019, el número de pasajeros transportados aumentó significativamente y los precios de los boletos aéreos en rutas nacionales e internacionales se redujeron en casi un 40%.
En segundo lugar, es importante tener en cuenta que el 70% de los pasajeros optan por las tarifas más económicas y solo adquieren los servicios que necesitan, lo que ha generado un efecto distributivo que beneficia a la mayoría de los pasajeros. Al eliminar la opción de elegir un asiento determinado, todos los pasajeros tendrán que asumir un costo adicional, lo que perjudicará a aquellos que prefieren pagar menos por un pasaje sin elegir un asiento específico.
En tercer lugar, la medida desincentiva la entrada de nuevos competidores en el mercado aéreo, especialmente de aerolíneas de bajo costo que ofrecen precios más económicos para clientes que no desean servicios adicionales, como el equipaje o el asiento. En lugar de promover la competencia, esta medida la reduce y desincentiva la llegada de nuevas aerolíneas al mercado peruano.
En cuarto lugar, esta medida es inconstitucional, ya que viola el artículo 58 de la Constitución que garantiza la libertad de la iniciativa privada y prohíbe la fijación de precios, directa o indirectamente.
Finalmente, es importante destacar que esta medida carece de un análisis de impacto regulatorio adecuado, lo que significa que no se ha evaluado adecuadamente el problema y no se han contemplado alternativas para abordarlo de manera proporcional y legal. En lugar de beneficiar al ciudadano, esta medida lo perjudica.
En conclusión, el Pleno del Congreso no debe aprobar estos proyectos de ley y debe buscar soluciones más adecuadas y sostenibles que no afecten negativamente al mercado y a los ciudadanos.
Foto: Andina/Carla Patiño Ramírez
