El Perú está entrando —por decisión política— a una zona de riesgo fiscal innecesaria. No es una exageración: desde 2021 se han aprobado 229 leyes con implicancias fiscales, más del triple del promedio histórico reciente. El propio Consejo Fiscal (CF) advierte que esta avalancha normativa presiona el déficit y empuja la deuda hacia una trayectoria insostenible si no se corrige el rumbo.
No se trata de una disputa ideológica sobre el tamaño del Estado, sino de aritmética simple: cuando se multiplica el gasto sin sustento y se deterioran las fuentes de ingresos, el presupuesto se convierte en promesas de papel. Y aquí hay dos responsables directos: un Congreso que legisla para la tribuna con la billetera ajena y un Tribunal Constitucional (TC) que ha tolerado —por acción u omisión— la invasión sistemática de competencias presupuestales.
Un Congreso con iniciativa… de gasto
Los hechos: además de las 229 leyes con impacto fiscal aprobadas en este periodo, el CF identifica 101 normas promulgadas por insistencia —es decir, pese al veto u observaciones del Ejecutivo— cuyo costo fiscal anual conjunto superaría los S/ 36 mil millones. En paralelo, solo desde agosto de 2024, cinco leyes concentran S/ 22 mil millones anuales (≈1,8 % del PBI). Este es el retrato de un Legislativo que desarma las anclas fiscales y expande compromisos sin medir consecuencias.
El CF ha sido claro: hay 352 iniciativas adicionales en trámite con potencial de agravar el cuadro. De prosperar, el déficit podría abrirse bastante por encima de las metas y la deuda pública saltar varios puntos del PBI en pocos años. En concreto, estimaciones difundidas por la prensa internacional señalan riesgos de déficit de hasta 5,5 % del PBI en 2026 y de elevar la deuda de ~32 % a ~40 % del PBI en la próxima década si continúa el derroche normativo. ¿De verdad alguien cree que los mercados, las clasificadoras y el costo de financiamiento no reaccionarán antes?
Un TC que debe hacer su trabajo (y no lo hace)
El TC no legisla, pero sí tutela la Constitución y el orden competencial. La Carta es diáfana: el Congreso no puede crear gasto sin respetar las reglas de disciplina fiscal y la iniciativa del Poder Ejecutivo en materia presupuestaria. Cuando el Parlamento la burla mediante “leyes-mandato” que generan gasto, el TC tiene que poner el pare. No es facultativo: es su razón de ser.
Sin embargo, frente a esta ola de normas con alto costo fiscal —muchas aprobadas por insistencia, eludiendo controles— no hemos visto una doctrina firme y consistente que repare la invasión de competencias o que trace límites claros a la proliferación de beneficios, exoneraciones y mandatos de gasto. El mensaje que queda es peligroso: si el Congreso insiste lo suficiente, la Constitución cede. Eso erosiona la responsabilidad fiscal tanto como una rebaja tributaria mal diseñada.
La factura la paga la gente, no el Congreso
Como advirtió el presidente del CF, “no es fácil generar ingresos públicos en el Perú” y, si se va “más allá de la capacidad”, “el pago de intereses de deudas se va a disparar” dejando “menos plata para atender las necesidades de la población”. En otras palabras: cada norma populista de hoy es menos salud, menos educación y menos seguridad mañana. Y no, “la solución no es tirar la casa por la ventana”: es elevar productividad, mejorar la calidad del gasto y priorizar políticas con retorno social.
Aquí conviene decirlo sin rodeos: el Congreso compra aplausos con la tarjeta de crédito del Estado, y el TC, al no marcar límites claros, habilita esa conducta. Cuando el CF advierte que la economía puede entrar a una “senda fiscal insostenible”, no habla de escenarios teóricos; habla de tasas de interés más altas, menor inversión, menor empleo y servicios públicos crónicamente desfinanciados.
Qué debería ocurrir ahora
- Control constitucional efectivo. El TC debe reafirmar con sentencias vinculantes que no hay atajos: cualquier ley que genere gasto o merme ingresos sin fuente de financiamiento sostenible y sin iniciativa del Ejecutivo es inconstitucional. Poner estándares claros hoy evitará litigiosidad y clientelismo mañana.
- Reglas fiscales con dientes. Convertir las advertencias del CF en cláusulas de salvaguarda: si una ley eleva el gasto permanente, debe identificar fuente estructural (recaudación o reasignación creíble). Sin eso, no rige. Esto es ortodoxia básica en países que cuidan su calificación soberana. Reuters
- Transparencia y costo-efectividad. Toda propuesta legal con impacto fiscal debe publicarse con estimación oficial de costo y evaluación costo-beneficio ex ante. De lo contrario, el debate es propaganda, no política pública.
- Piso común Ejecutivo-Legislativo. No sirve que el Ejecutivo observe y luego renuncie a defender su competencia. También hay responsabilidad del Gobierno cuando deja pasar más de la mitad de estas leyes o no acude al TC. La rectoría fiscal no se terceriza.
Entre el aplauso fácil y la economía real
La política puede fingir que la restricción presupuestaria no existe; los mercados y la aritmética no. Si el país sigue premiando la legislación de vitrina —esa que promete beneficios sin financiamiento—, golpeará justamente a quienes dice proteger: los que dependen de servicios públicos que requieren estabilidad, no pirotecnia.
El Congreso debe dejar de fabricar derechos sin presupuesto. El TC debe hacer cumplir la Constitución. Y el Ejecutivo debe defender la disciplina fiscal más allá del cálculo de corto plazo. No hay misterio: la responsabilidad hoy es la única manera de tener Estado mañana.
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Fuentes y datos clave: 229 leyes con impacto fiscal desde 2021; cinco leyes desde agosto de 2024 con costo de ~S/ 22 mil millones (≈1,8 % PBI); ola de normas por insistencia con costo anual > S/ 36 mil millones; 352 iniciativas en trámite; advertencia de “senda fiscal insostenible” (Reuters)
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Bibliografía: Reuters, cf.gob.pe y SWI swissinfo.ch
