Con el 98,2% de las actas contabilizadas, Keiko Fujimori alcanza el 50,002% de los votos y supera por un estrechísimo margen a Roberto Sánchez (49,998%). La incorporación de los votos emitidos por los peruanos residentes en el extranjero modificó la tendencia del escrutinio y colocó a la candidata de Fuerza Popular en la delantera. ¿Qué significa este resultado para la gobernabilidad, la estabilidad económica y el futuro político del país? En esta nota analizamos por qué una diferencia de apenas unas décimas puede marcar el rumbo del Perú durante los próximos cinco años.

La democracia tiene una característica que muchas veces incomoda: cada voto vale exactamente lo mismo, sin importar si proviene de una comunidad andina, de un distrito limeño o de un peruano que reside en Madrid, Nueva York, Buenos Aires o Santiago. En la segunda vuelta presidencial de 2026, esa realidad vuelve a quedar en evidencia.
Con el 98,2% de las actas procesadas, Keiko Fujimori alcanza el 50,002% de los votos frente al 49,998% de Roberto Sánchez. Una diferencia mínima, pero suficiente para demostrar que el voto en el extranjero puede convertirse en un factor decisivo cuando el país está prácticamente dividido en dos mitades.
Durante gran parte del conteo, Roberto Sánchez lideró el escrutinio gracias al ingreso de las actas provenientes del interior del país. Sin embargo, conforme avanzó el procesamiento de los votos emitidos fuera del territorio nacional, la tendencia cambió y Keiko Fujimori logró una ligera ventaja.
Este hecho no debería sorprender. Los peruanos que viven en el exterior experimentan de manera directa economías más abiertas, instituciones más estables y modelos de desarrollo que, en muchos casos, valoran la inversión privada, la seguridad jurídica y la integración con los mercados internacionales. Esa experiencia suele reflejarse en sus preferencias electorales.

Más allá del resultado final, la elección deja un mensaje claro: el Perú sigue siendo un país profundamente polarizado. La diferencia es tan estrecha que ningún candidato puede interpretar el resultado como un cheque en blanco ni como un respaldo absoluto a su proyecto político. Por el contrario, quien finalmente sea proclamado presidente tendrá la responsabilidad de gobernar para un país dividido casi exactamente por la mitad.
Desde una perspectiva económica, el mercado observa con atención el desenlace. La estabilidad política es un activo indispensable para recuperar la inversión, impulsar el crecimiento y generar empleo formal. Un proceso electoral que concluya con respeto a las instituciones y a la voluntad popular enviará una señal positiva a los inversionistas nacionales e internacionales.
También es momento de reivindicar el papel de los más de tres millones de peruanos que viven fuera del país. Su aporte económico mediante remesas, inversiones y transferencia de conocimientos es significativo, y su participación electoral forma parte del ejercicio pleno de la ciudadanía. Descalificar su voto porque alteró una tendencia interna sería desconocer un derecho constitucional y una realidad demográfica cada vez más relevante.
Las próximas horas serán decisivas y es probable que el margen continúe siendo extremadamente ajustado. Sin embargo, más importante que quién gane por unas décimas es que el Perú demuestre que sus instituciones pueden administrar una elección reñida con transparencia, legalidad y respeto por el Estado de derecho.
Porque, al final, la fortaleza de una democracia no se mide por la amplitud de la victoria, sino por la capacidad de aceptar el veredicto de las urnas y construir un futuro común sobre la base de las reglas que todos aceptaron antes de votar.

