En seis meses de transición, lo que el Perú necesita no es paciencia, sino decisiones firmes que aseguren orden, estabilidad y un cierre digno de gestión.
“Los años en el Congreso me han enseñado a ser paciente y prudente”, declaró José Enrique Jerí al asumir la presidencia del Perú. Sin embargo, más que paciencia, lo que el país demanda de este gobierno de transición es pragmatismo. En momentos de fragilidad política y económica, esperar demasiado puede ser tan peligroso como decidir mal.
Con apenas medio año de mandato, el Ejecutivo no tiene margen para discursos vacíos ni gestos simbólicos. Lo que corresponde ahora es responsabilidad, claridad y eficacia. La historia ya ha sido severa con administraciones que, al final de su periodo, prefirieron mirar hacia otro lado. Este Gobierno tiene el deber y la oportunidad de cerrar con dignidad un ciclo marcado por la inestabilidad y la desconfianza.
La prioridad no es inventar un nuevo rumbo, sino ordenar el camino. Dos temas exigen atención inmediata: seguridad interna y estabilidad económica. Sin avances en estos frentes, cualquier intento de recuperación en 2026 será inviable.
En materia de seguridad, la realidad es alarmante. El crimen organizado, la minería ilegal y la violencia urbana han ganado terreno frente a un Estado debilitado. El Gobierno no resolverá el problema en seis meses, pero puede marcar una dirección clara: recuperar el control territorial, reforzar la inteligencia policial y coordinar acciones con gobiernos locales. Sin orden, no hay desarrollo posible.
En el plano económico, el reto es doble: reactivar sin improvisar y proteger sin gastar de más. Urge acelerar el destrabe de inversiones, simplificar trámites, y promover los sectores que sostienen el empleo —minería, agricultura, turismo, pesca, infraestructura y construcción—, manteniendo la disciplina fiscal que ha dado al país su relativa estabilidad. Cualquier concesión al populismo, cualquier gasto sin sustento o intento de manipulación desde el Congreso, sería un golpe letal a la confianza empresarial y ciudadana.
Asimismo, Petroperú requiere una redefinición inmediata. No se trata de rescatar una empresa estatal a costa del erario, sino de evitar que siga drenando recursos en un contexto fiscal ajustado. En paralelo, se debe mantener la decisión de no extender el Reinfo y promover una ley de pequeña minería que no sirva de fachada a la ilegalidad. El pragmatismo, en este punto, significa gobernar sin complacencias.
Un gobierno de transición no está para dejar herencias problemáticas ni contingencias al siguiente. Esta etapa debe ser institucional, no política. Los ministros y altos funcionarios deben entender que su función no es congraciarse con el Congreso ni preparar candidaturas futuras, sino garantizar el funcionamiento del Estado y proteger los equilibrios macroeconómicos.
Desde el sector privado y la sociedad civil, la demanda es clara: serenidad, coherencia y responsabilidad. Nadie espera grandes reformas, pero sí decisiones firmes que no agraven la crisis. Este Gobierno no será recordado por lo que pudo hacer, sino por cómo conduzca sus últimos meses.
El presidente Jerí puede ser prudente, pero la prudencia no debe confundirse con pasividad. En tiempos críticos, la verdadera prudencia consiste en actuar con realismo y sentido de urgencia. Lo que el Perú necesita hoy no es un Gobierno que espere, sino uno que ejecute.
