Delincuencia ligada a las actividades extractivas ilegales daña la imagen del país y ahuyenta las inversiones.
Mientras continúan los ataques en la mina Poderosa en La Libertad, la preocupación crece entre los inversionistas. Sin embargo, la delincuencia que se desprende de las actividades extractivas ilegales también afecta directamente a las comunidades cercanas a campamentos mineros.
“Lo que podría pasar, y ojalá no sea así, es que las operaciones formales que tributan, pagan impuestos y canon, pueden verse en peligro. Estos mineros ilegales y bandas criminales, como las que operan en Pataz, buscan apoderarse de las concesiones y tratan de sacar de lado a la minería formal. De esta manera, se dejarían de percibir los ingresos generados por la minería, en perjuicio de las comunidades, distritos y provincias de la zona,” explicó Guillermo Shinno, Gerente General Corporativo de Apumayo.
Además, la ola de criminalidad generada por la minería ilegal afecta los puestos de trabajo formales y depreda el medio ambiente, operando sin condiciones de salubridad para las personas y generando la contaminación de ríos y valles. A esto se suma que la minería ilegal produce cadenas de economía paralelas basadas en delitos como la trata de personas.
Estrategia de formalización
El Estado mantiene un proceso de formalización que en 22 años solo ha tenido éxito con 11,101 mineros. Sin embargo, las cifras del Ministerio de Energía y Minas indican que en el Perú existen más de 200 mil mineros informales o ilegales y solo 80 mil están inscritos en el Reinfo.
“De esos 80 mil mineros inscritos vemos que solo el 20% continúa con el proceso de formalización. Aparentemente el resto utiliza el Reinfo para ejercer sus actividades ilícitas con total impunidad y protegidos por la ley, haciéndose pasar por mineros informales cuando realmente no lo son,” afirmó Shinno Huamaní.
El ex viceministro de minería considera que el gobierno debe afianzar su estrategia y trabajar con los mineros artesanales que mantienen vigente su inscripción en el Reinfo, tomar contacto con los propietarios de las concesiones para llegar a un acuerdo y evaluar los requisitos y documentos que quedan pendientes para que puedan culminar su proceso de formalización. Al resto, considera, es imperativo aplicarle la ley para evitar que sigan dañando la imagen de la minería formal que trabaja por el bien de la sociedad.
