Debido a los retrasos por factores ajenos a las empresas, se calculan pérdidas para la economía peruana por casi S/ 700 mil millones, equivalente a más del PBI de un año.
Se estima también que se dejó de recaudar S/ 123 mil millones, que son cerca del 75% de los ingresos del gobierno general.
La paralización de operaciones de las 11 principales unidades mineras, entre 2021 y 2023, tuvo un costo económico de S/ 7,000 millones en el PBI nacional.
El Instituto Peruano de Economía (IPE) presentó el estudio “¿Qué estamos perdiendo como país? El impacto económico de los conflictos sociales y la tramitología en la minería”. La investigación permitió estimar el perjuicio sobre la economía, la recaudación fiscal y la generación de empleo debido a: (i) la no ejecución de los proyectos retrasados por razones ajenas a las empresas entre 2008 y 2022, (ii) la conflictividad social durante 2021-2023 y (iii) los retrasos motivados por la tramitología sobre un proyecto minero modelo representativo.
En primer lugar, se estima que el costo de la no ejecución entre 2008 y 2022, de los 23 proyectos mineros retrasados por razones ajenas a las empresas, significó pérdidas de S/ 698 mil millones para la economía peruana y S/ 123 mil millones en recaudación fiscal. Además, se evitó la creación de hasta 541 mil empleos anuales durante la fase de producción y de hasta 125 mil empleos anuales durante la fase de inversión minera. La puesta en marcha de estos proyectos habría permitido aumentar el crecimiento promedio anual de la economía de 3.9% a 4.7% en el periodo entre 2008 y 2022. Con ello, 1.7 millones de personas adicionales habrían salido de la pobreza hacia 2022.
En segundo lugar, el estudio revela que la conflictividad social entre 2021 e inicios de 2023 obligó a 11 principales unidades mineras a detener sus operaciones, ocasionando pérdidas de S/ 7,000 millones en términos de menor PBI. Con ello, el ritmo de crecimiento económico fue 1.1 puntos porcentuales menor. Además, la recaudación fiscal podría haber aumentado en S/ 1,800 millones, equivalente al 5.2% del total recaudado en el sector minero durante dicho periodo.
Finalmente, se evaluó el costo de los retrasos asociados a la tramitología administrativa que enfrentan los proyectos mineros. Se identificó que los principales cuellos de botella están relacionados a los instrumentos de gestión ambiental y el proceso de consulta previa, en las fases de inversión y preparación de la cadena productiva. Se estima que las demoras por la tramitología pueden extender el cumplimiento de los procesos administrativos en hasta 6-7 años, más del doble del tiempo normativo de 2-3 años. En promedio, el retraso de cuatro años para un proyecto minero representativo del sector puede generar pérdidas para la economía por S/ 12,044 millones y de ingresos fiscales por S/ 2,066 millones. Además, se pierden 8,500 empleos por año durante la etapa de inversión y 7,400 empleos por año durante la etapa de producción.
Ante este panorama, es urgente implementar políticas coordinadas que enfrenten las causas subyacentes de la conflictividad social y la tramitología. Abordar estos problemas de manera efectiva es fundamental para fomentar un entorno empresarial más competitivo que permita aprovechar el enorme potencial del sector minero en el Perú para generar empleo y mayores recursos fiscales, permitir crecimiento económico y reducir la pobreza.
Puedes visualizar el estudio completo en este enlace y su respectiva presentación aquí.
