La lucha contra la minería ilegal ya no puede limitarse a operativos de interdicción y destrucción de maquinaria. El verdadero desafío es identificar, investigar y desarticular las estructuras económicas que convierten la extracción ilícita de oro en grandes fortunas, mediante el lavado de activos y la utilización de circuitos comerciales aparentemente legales.
El Perú enfrenta una de las amenazas más complejas para su economía, institucionalidad y seguridad: la expansión de la minería ilegal y su progresiva articulación con redes financieras, comerciales y empresariales que permiten introducir al mercado formal recursos provenientes de actividades ilícitas.
El elevado precio internacional del oro ha convertido este mineral en un poderoso incentivo para las organizaciones criminales. Sin embargo, el problema trasciende la extracción clandestina. Detrás de cada operación ilegal existe una estructura económica que financia actividades, moviliza capitales, comercializa el mineral y, finalmente, transforma las ganancias ilícitas en propiedades, empresas, vehículos de lujo y cuantiosos depósitos bancarios.
Las cifras revelan la magnitud del problema. De acuerdo con estimaciones del Instituto Peruano de Economía (IPE), durante el primer semestre de 2026, el 54% del oro exportado por el Perú habría tenido origen ilegal. Asimismo, existe una brecha considerable entre la producción nacional estimada, de aproximadamente 109 toneladas anuales, y las exportaciones, que alcanzarían las 209 toneladas. Una diferencia que exige una investigación profunda sobre el origen, la trazabilidad y los mecanismos de comercialización del mineral.
Del socavón al sistema financiero: dónde está el verdadero negocio
Uno de los principales errores en la estrategia estatal ha sido concentrar buena parte de sus esfuerzos en combatir la extracción ilegal, sin desarrollar con la misma intensidad una persecución económica y patrimonial contra quienes se benefician de esta actividad.
Las organizaciones criminales no necesariamente están encabezadas por quienes trabajan en los socavones o manejan maquinaria. Detrás de ellas pueden existir financistas, intermediarios, propietarios de plantas de beneficio, operadores comerciales, exportadores y redes empresariales que facilitan el ingreso del oro ilícito a los circuitos formales.
En ese contexto, las advertencias formuladas por representantes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) cobran especial relevancia. La falta de supervisión, las dificultades de trazabilidad, la corrupción y el uso intensivo de efectivo generan condiciones favorables para el lavado de activos y la expansión de otras economías criminales.
Por ello, la estrategia del Gobierno debe cambiar de dirección: no basta con decomisar maquinaria o intervenir campamentos mineros. Es indispensable seguir la ruta del dinero, identificar a los verdaderos beneficiarios económicos y desarticular las redes que permiten que las ganancias ilícitas se conviertan en patrimonios aparentemente legítimos.
Extinción de dominio: recuperar el patrimonio de origen ilícito
En esta nueva orientación adquiere especial importancia la extinción de dominio, mecanismo jurídico destinado a recuperar bienes vinculados con actividades ilícitas, conforme a los presupuestos y garantías establecidos en la legislación.
El debate ha cobrado actualidad luego de que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobara un dictamen orientado a modificar el Decreto Legislativo 1373, con el propósito de recuperar la autonomía del procedimiento de extinción de dominio respecto de los procesos penales.
La discusión resulta relevante porque la recuperación de activos puede convertirse en una herramienta decisiva para debilitar financieramente a las organizaciones criminales. No obstante, su aplicación debe sustentarse en investigaciones sólidas, acreditación del origen ilícito de los bienes y respeto irrestricto del debido proceso, el derecho de defensa y la tutela jurisdiccional.
El objetivo no debe ser perseguir indiscriminadamente el patrimonio de empresarios o ciudadanos, sino identificar y recuperar aquellos activos cuya vinculación con actividades ilícitas pueda ser demostrada conforme a ley.
Una estrategia integral hasta el 2030
El planteamiento anunciado por el Ejecutivo, según las declaraciones del alto comisionado de la Presidencia del Consejo de Ministros para la lucha contra la minería ilegal, Raúl Hoyos de Vinatea, contempla tres grandes líneas de intervención: formalización mediante la propuesta de Ley MAPE, interdicción permanente e integral y recuperación ambiental de las zonas afectadas.
Sin embargo, para que esta estrategia produzca resultados concretos, se requiere una articulación efectiva entre la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el Ministerio Público, la SUNAT, la Policía Nacional, la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (SUTRAN) y las demás instituciones competentes.
Cada entidad debe cumplir un papel estratégico: identificar operaciones sospechosas, rastrear movimientos financieros, verificar la procedencia del mineral, fiscalizar las operaciones comerciales y promover las investigaciones correspondientes.
Asimismo, la formalización minera debe diferenciar claramente a los pequeños productores que buscan incorporarse legítimamente a la economía formal de las organizaciones que utilizan mecanismos de regularización para encubrir actividades ilegales.
El desafío: recuperar el control económico y territorial
La minería ilegal no solamente genera pérdidas económicas y distorsiona la competencia frente a la actividad minera formal. También provoca deforestación, contaminación de fuentes de agua, destrucción de ecosistemas, explotación laboral, inseguridad y debilitamiento de la autoridad estatal en diferentes territorios del país.
Por esa razón, combatirla exige una política pública que combine persecución penal, inteligencia financiera, recuperación patrimonial, fiscalización empresarial y alternativas económicas sostenibles para las poblaciones afectadas.
El Estado debe comprender que una organización criminal pierde capacidad operativa cuando se le priva de sus fuentes de financiamiento, de sus canales de comercialización y de los activos que utiliza para reproducir su actividad.
La verdadera batalla contra el oro ilegal no se gana únicamente ingresando a los socavones, sino llegando hasta quienes financian, comercializan, lavan y acumulan las grandes fortunas que genera este negocio.
El Perú necesita pasar de una política de intervenciones episódicas a una estrategia sostenida de desarticulación económica de las redes criminales. Porque mientras los responsables de las grandes fortunas permanezcan fuera del alcance de las investigaciones, la minería ilegal seguirá encontrando recursos para expandirse, corromper instituciones y desafiar la autoridad del Estado.