El Consejo Fiscal advierte que el país ha debilitado progresivamente sus reservas financieras y su capacidad de respuesta ante futuras crisis. El deterioro de las cuentas públicas, el incumplimiento reiterado de las reglas fiscales y el crecimiento de los compromisos permanentes del Estado ponen en discusión la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Durante décadas, el Perú construyó una reputación de estabilidad macroeconómica sustentada en una política fiscal relativamente prudente, bajos niveles de endeudamiento público y la acumulación de importantes activos financieros. Estas fortalezas permitieron al país enfrentar escenarios adversos, como crisis internacionales, fluctuaciones de los precios de los minerales y la emergencia sanitaria provocada por la pandemia.
Sin embargo, esa fortaleza parece estar perdiendo parte de su capacidad de respaldo.
La reciente advertencia de Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, sobre la reducción de los denominados buffers fiscales —conocidos como colchones o amortiguadores fiscales— constituye una señal de alerta que merece especial atención. El problema no radica únicamente en cuánto debe el Estado, sino también en cuánto ha perdido de sus ahorros y qué capacidad conserva para responder ante una eventual emergencia económica.
¿Qué significa que el Perú tenga menos buffers fiscales?
En términos sencillos, los buffers fiscales representan los recursos y márgenes financieros que tiene un Estado para enfrentar situaciones extraordinarias sin comprometer gravemente su estabilidad económica.
Funcionan como una reserva de seguridad. Cuando una economía atraviesa una crisis internacional, una caída de los precios de los minerales, un desastre natural o una emergencia sanitaria, estos recursos permiten financiar medidas de respuesta sin recurrir necesariamente a un endeudamiento excesivo o a recortes abruptos del gasto público.
En el caso peruano, esta capacidad de respaldo se ha reducido por una combinación de factores: mayores gastos públicos, déficits fiscales persistentes, utilización de ahorros acumulados y compromisos presupuestales que generan obligaciones de largo plazo.
Según lo señalado por el presidente del Consejo Fiscal, aunque el Perú todavía conserva una posición relativamente favorable en términos de deuda pública frente a otras economías de la región, sus activos financieros han retrocedido considerablemente.
La diferencia es importante: una cosa es mantener una deuda pública relativamente baja y otra muy distinta es conservar suficientes recursos disponibles para enfrentar una crisis.
El Fondo de Estabilización Fiscal: un colchón que perdió capacidad de respuesta
Uno de los ejemplos más representativos de este deterioro es el Fondo de Estabilización Fiscal (FEF), creado precisamente para fortalecer la capacidad del Estado de responder ante escenarios económicos adversos.
Este fondo acumuló recursos durante los años de mayor bonanza económica, pero fue utilizado significativamente durante la pandemia. Su recuperación posterior ha sido limitada.
De acuerdo con las cifras expuestas por el Consejo Fiscal, actualmente cuenta con aproximadamente US$ 3,221 millones, frente a los cerca de US$ 6,000 millones que mantenía antes de 2020.
Esto significa que el país todavía dispone de recursos, pero tiene un margen de protección considerablemente menor al que tenía antes de la emergencia sanitaria.
La preocupación es mayor si se considera que los activos financieros del Estado se encuentran, según Segura, en su nivel más bajo desde que existen registros a inicios del presente milenio.
El problema no es solamente la deuda: también es la calidad del gasto público
Otro aspecto que merece atención es el comportamiento del déficit fiscal y la evolución de los gastos del Estado.
El Consejo Fiscal advierte que el Perú acumula tres años consecutivos de incumplimiento conjunto de las reglas fiscales y que 2026 podría convertirse en el cuarto año consecutivo.
Esta situación resulta especialmente preocupante porque se ha producido en un contexto internacional que, durante los últimos años, ha ofrecido condiciones externas favorables para la economía peruana.
En otras palabras, el país ha contado con oportunidades para fortalecer sus finanzas públicas, pero una parte importante de los mayores ingresos se ha destinado a financiar un incremento del gasto, en lugar de reconstruir los ahorros fiscales.
A ello se suma la aprobación de disposiciones legislativas que generan obligaciones económicas, algunas de carácter permanente, sin que necesariamente se encuentren incorporadas de manera integral en la planificación presupuestaria de mediano y largo plazo.
El problema es estructural: cuando el Estado asume compromisos permanentes utilizando ingresos extraordinarios o coyunturales, compromete su capacidad financiera futura.
No se puede sostener indefinidamente una expansión del gasto sobre la base de ingresos que dependen de circunstancias externas que podrían cambiar.
¿Qué propone el Gobierno y por qué existe preocupación?
El Gobierno ha planteado modificar la trayectoria de las reglas fiscales. Según lo señalado por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, se ampliaría el límite del déficit fiscal para 2027 de 1.4% a 2.4% del PBI, con una reducción gradual hasta alcanzar el 1% en 2031.
La posición gubernamental apunta a establecer una trayectoria de convergencia fiscal que permita mantener una deuda pública relativamente baja en comparación con otros países de la región.
Sin embargo, el presidente del Consejo Fiscal ha expresado preocupación por la flexibilización de las reglas y por los fundamentos utilizados para justificar los cambios.
Si bien considera razonable contemplar recursos extraordinarios para enfrentar fenómenos climáticos como El Niño, cuestiona que se invoque un escenario externo desfavorable cuando, durante los últimos años, el entorno internacional ha generado condiciones positivas para el Perú.
El debate, por tanto, no consiste simplemente en gastar más o menos, sino en determinar si las decisiones presupuestarias tienen sustento económico, financiamiento sostenible y una perspectiva de responsabilidad intergeneracional.
Las consecuencias pueden trascender al próximo gobierno
El debilitamiento de los buffers fiscales no necesariamente significa que el Perú se encuentre ante una crisis económica inmediata. Sin embargo, reduce su margen de maniobra ante acontecimientos inesperados y puede incrementar los costos de respuesta frente a futuras contingencias.
Si el país enfrenta una caída significativa de los precios de los minerales, una desaceleración de la economía mundial o un fenómeno natural de gran magnitud, tendrá menos recursos acumulados para financiar medidas de emergencia.
Asimismo, un deterioro persistente de la disciplina fiscal puede afectar la confianza de los inversionistas, elevar las expectativas de riesgo y generar presiones sobre el costo del financiamiento público.
La preocupación también alcanza a las futuras administraciones. Los compromisos presupuestarios que se aprueban hoy pueden convertirse en obligaciones que limiten la capacidad de inversión, infraestructura, salud, educación y seguridad de los gobiernos que asumirán posteriormente.
Por ello, la responsabilidad fiscal no debe entenderse como una restricción burocrática, sino como una condición necesaria para garantizar que el Estado pueda cumplir sus funciones de manera sostenible.
Recuperar la disciplina fiscal es una decisión económica y política
El Perú necesita recuperar progresivamente sus fortalezas fiscales. Esto implica revisar la calidad y eficiencia del gasto público, evitar la aprobación de obligaciones permanentes sin financiamiento sostenible, fortalecer la recaudación tributaria y establecer una trayectoria creíble de reducción del déficit.
También resulta indispensable fortalecer la institucionalidad fiscal, respetar los mecanismos de supervisión y evitar que las reglas macroeconómicas se conviertan en instrumentos flexibles sujetos a las necesidades coyunturales de cada administración.
La discusión debe trascender las diferencias políticas. La estabilidad macroeconómica es un activo nacional que ha costado décadas construir y que no debería ponerse en riesgo por decisiones de corto plazo.
El Perú no puede confundir estabilidad con capacidad ilimitada de gasto. Tener una deuda pública relativamente baja es una fortaleza, pero perder los ahorros que permiten enfrentar las crisis es una señal de debilitamiento que exige decisiones oportunas.
La verdadera solidez económica de un país no se mide únicamente por cuánto puede endeudarse, sino también por su capacidad de ahorrar durante los periodos de bonanza, administrar responsablemente sus recursos y proteger a las próximas generaciones de decisiones fiscales insostenibles.