La decisión del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de autorizar la reciente emisión de bonos de Petroperú ha encendido nuevamente la controversia en el país. El dispositivo firmado por el ministro Raúl Pérez-Reyes establece que los títulos tendrán un valor nominal de S/ 1,000, con vencimiento al 12 de agosto de 2034 y una tasa de interés semestral de 5,40 %.
El detalle que ha generado mayor cuestionamiento es que la autorización se produjo cuando ya se había confirmado la pérdida del capital social de la petrolera estatal. Es decir, el propio Gobierno era consciente de la situación patrimonial crítica de la empresa al momento de comprometer nuevos recursos.
Citación en el Congreso
El tema llegó al Parlamento. El congresista Wilson Soto Palacios remitió el Oficio N.° 0178-2025-2026-WSP-CR a la Comisión de Energía y Minas, solicitando la presencia tanto del ministro Pérez-Reyes como del presidente del Directorio de Petroperú. El objetivo es que ambos expliquen cuál es la verdadera situación de la compañía y si las medidas adoptadas garantizan su sostenibilidad, o si solo prolongan una crisis que se ha vuelto estructural.
Críticas desde el sector privado
El anuncio coincidió con la Convención Minera PERUMIN 37, donde la presidenta de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Julia Torreblanca, criticó con dureza el apoyo financiero otorgado a la estatal, equivalente a US$ 287 millones.
“Este es un círculo vicioso que necesitamos detener. Los recursos que hoy se destinan a la estatal podrían financiar carreteras, escuelas o postas médicas que eleven el bienestar de los peruanos”, señaló.
La frase sintetiza el sentir de una parte del empresariado: los continuos rescates financieros a Petroperú representan una carga para el erario y restan recursos a sectores sociales prioritarios.
El discurso oficial: reperfilar deuda
En contraste, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, defendió la medida indicando que Petroperú está reperfilando su deuda, como lo haría cualquier compañía privada. Según explicó, la decisión responde a un estudio concluido por el MEF y se enmarca en la necesidad de dar viabilidad financiera a la petrolera.
No obstante, analistas advierten que el contexto es distinto: mientras una empresa privada recurre al reperfilamiento como parte de un plan de reestructuración, en Petroperú esta estrategia se ha convertido en un recurso repetitivo que posterga una solución de fondo.
Una estrategia que posterga el problema
El debate en torno a Petroperú no es nuevo. Durante las últimas décadas, los distintos gobiernos han optado por inyectar recursos o avalar deudas para mantenerla a flote, sin aplicar una reforma estructural que garantice su sostenibilidad.
La emisión de bonos autorizada por el MEF es solo el capítulo más reciente de este patrón. Los críticos señalan que se trata de una medida que genera liquidez temporal, pero que no resuelve la ineficiencia operativa, la débil gobernanza ni la falta de competitividad que arrastra la empresa.
Un dilema sin resolver
El caso vuelve a poner sobre la mesa una pregunta central: ¿hasta qué punto debe el Estado seguir comprometiendo recursos públicos para sostener a Petroperú?
Por un lado, el Gobierno defiende la necesidad de respaldar a la petrolera para asegurar la seguridad energética del país. Por el otro, cada nuevo rescate alimenta la percepción de que se trata de un “círculo vicioso” que desvía recursos de inversiones en infraestructura y servicios básicos.
El desenlace dependerá no solo de la capacidad técnica del MEF y del directorio de Petroperú, sino también de la voluntad política para definir si la estatal seguirá operando bajo el actual modelo o si, finalmente, se abrirá la puerta a una reforma profunda que rompa con décadas de dependencia financiera.
